Hugo Martoccia
Las Acciones de Inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de dos leyes recientemente reformadas en el estado, no son más que la punta de un iceberg de magnitud aun no del todo mensurada pero inocultable. El gobierno de Mara Lezama requiere de una cirugía minuciosa para retomar el rumbo en áreas en donde lo ha perdido. Pero lo peor de todo es que hacia afuera no está claro de quién es la responsabilidad. ¿Es de la gobernadora? ¿O hay gente trabajando a sus espaldas y por sus propios intereses?.
La responsabilidad institucional de esas leyes recae sobre el Congreso, por supuesto. Allí se votaron esos despropósitos, que aquí se criticaron en su momento. Pero la responsabilidad política es del Gobierno, porque de allí surgieron esas iniciativas que, además, nadie se atreve a tocar, y que han dejado a Mara en una situación de vulnerabilidad. Al final, la imposición sin ninguna posibilidad de crítica, ni siquiera constructiva, tiene costos altos en política. Ahora se empiezan a ver.
Pero la situación es más grave aun. O podría serlo, para decirlo con mayor claridad. Hasta hoy, estaba instalada la idea de que hay una sola de voz de mando, y alrededor de esa voz un monopolio de las opiniones en muy escasas personas, que es lo único que Mara escucha. Y el resultado de eso no puede ser otro que el que decía el gran Walter Lippmann: “donde todos piensan igual, nadie piensa demasiado”. Eso está sucediendo.
Pero, como ya se dijo, quizá hay más que eso. A pesar de la voz de mando y el monopolio de las opiniones, hay equivocaciones groseras (por llamarlas de alguna manera) en temas muy sensibles, como la construcción de leyes que van en contra de todo lo que se pregona públicamente. Y ahí debe haber otros culpables. ¿O no?.
Esa pregunta es la que encierra todos los riesgos.
HUMANISTA O EMPRESARIAL, ESA ES LA CUESTIÓN
Mara tiene una relación fabulosa con la gente. Su agenda social es muy importante y demuestra un Gobierno que realmente se interesa por los más necesitados. Donde ella está, resuelve. Es la jefa política del Estado y tiene, sin exagerar, el control de los tres Poderes y todos los organismos autónomos habidos y por haber. Entonces ¿por qué suceden estas cosas?.
La Ley de Expropiación es un ejemplo. En este mismo espacio se dijo semanas atrás que esa ley era inconstitucional. Pero el tema va más allá. No hay que ser abogado ni esperar una impugnación de la CNDH para entender que darle al Gobierno la potestad de expropiar bienes para proyectos de inversión privada o por “belleza panorámica”, es abrir la puerta a la corrupción mas descarada, por más buenas intenciones que se tengan. Ese no puede ser el legado de Mara.
La reforma al Código Penal que criminalizaba la protesta social fue otro “error” del mismo calibre. O la Ley de la Fiscalía Anticorrupción (también impugnada) que permite escuchas telefónicas y el seguimiento tecnológico a cualquier “sospechoso” de corrupción. O la reforma al Poder Judicial, que es inconstitucional porque permite que los magistrados se mantengan 15 años, en contra de lo que dice la Constitución Federal. Un despropósito tras otro.
Si se ve con detenimiento, hay un hilo conductor entre todas esas reformas. Hay un dejo de autoritarismo en todas; una sensación de que desde el Poder se puede imponer lo que quieran, y con la ley a su favor.
Otra vez: ese no puede ser el legado de Mara.
ÉPICA Y SEGUNDO PISO
La otra pata de esta historia tiene que ver con lo que el Gobierno es en sí mismo. Ya se dijo: nadie puede negar la voluntad de Mara, que a veces llega a ser hiperactividad (para bien y para mal). Nadie puede negar el costado humanista de la gestión, la reorientación del presupuesto hacia causas justas, y el genuino interés por Gobernar; así, con mayúsculas, algo que los últimos dos gobiernos no hicieron por razones parecidas: frivolidad y corrupción.
Pero el Gobierno se ha quedado sin épica. Las grandes obras federales ya se han terminado (y con ellas se ha ido la inigualable presencia de AMLO) y no hay un reemplazo desde el estado. No es que no haya obras relevantes; ahí están los domos en las escuelas, por ejemplo. Pero todo se pierde en la maraña de esa hiperactividad de la que ya se habló. En un día, Mara puede entregar un domo, una computadora en una oficina de gobierno, o reunirse con un grupo de gimnastas, y todo tiene el mismo valor político y mediático. Entonces, esa apariencia de que se hace tanto todos los días, termina por igualar todo hacia abajo: nada adquiere una relevancia mayor.
A Mara le falta una bandera para los próximos dos años y medio. El día a día desgasta. Pero hay que tener un Aeropuerto de Texcoco para generar un AIFA. Mara no tiene un Texcoco (equivaldría a ir contra Carlos Joaquín, imposible; pero también contra sus cómplices, posible pero improbable) y entonces no tiene un AIFA.
La parte positiva es que Mara ha empezado a recordarnos todos los días de dónde venimos: hace constante referencia al desastre que encontró en todas las áreas de gobierno. Y eso está bien. Pero no vendría nada mal que alguien pague por ese desastre; aunque no sea el ex gobernador, inexplicablemente protegido por la 4T nacional. La impunidad es un cáncer para los gobiernos, que tarde o temprano consume gran parte de su capital político.
Hay quien dice que el Gobierno tiene un gran proyecto de movilidad, que podría mejorar para siempre ese aspecto crucial en el estado. ¿Por qué nadie lo conoce, entonces? ¿Cuando nos vamos a enterar? ¿Un día cualquiera, por un video en redes sociales o un boletín? No es así como se debe comunicar una obra trascendente, si es que realmente se trata de algo trascendente.
La idea de gobernar en secreto, sin que nadie se entere de nada; de que las leyes se aprueben sin que nadie conozca su contenido y todo se mantenga escondido es, además de impropio de una democracia moderna, fundamentalmente un gigantesco error de comunicación.
Dos ejemplos. De movilidad, lo último que nos enteramos fue que se entregaron 400 concesiones de carros de golf en Tulum. Nada más lejos de un proyecto para mejorar algo. Otro ejemplo; la Consejería Jurídica del Gobierno dijo que ya se presentó una reforma a la Ley de Expropiación el pasado 26 de febrero. Pero hasta ahora, casi dos semanas más tarde, el Congreso no la dio a conocer. Entonces, queda claro que el Jurídico miente o el Congreso oculta. ¿Quién gana con eso?. Mara no; seguro.
¿Por qué hacer cosas buenas que parecen malas? ¿O realmente están haciendo cosas malas?.
CÍRCULO ROJO Y SOCIEDAD
Por supuesto, todas las cosas aquí explicadas, son, hasta hoy, preocupaciones del “círculo rojo”, que aún no llegan para nada hacia los votantes, lo único que le importa a la 4T. En ese ámbito, los números son muy buenos aún, y quizá esa es la razón por la cual el Gobierno y MORENA pueden hacer lo que quieran; porque no están pagando costos políticos y electorales por nada.
Pero hay dos puntos a tomar en cuenta. Una, es que el círculo rojo es uno de los principales constructores de sentido en una sociedad. Tarde o temprano, la interpretación que allí se haga de un gobierno va a llegar al debate público. Hay que analizar la historia del PRI y sus gobernadores todopoderosos que controlaban todo (véase el caso Borge; aquí cercano en el tiempo) para saber cuál es ese derrotero.
Lo otro tiene que ver con cuestiones que salen del círculo rojo y llegan a la calle. Por ejemplo, la construcción de un enorme complejo turístico de más de 400 departamentos en la aeropista de Isla Mujeres, puede ser uno de esos temas.
Hasta hoy, el proyecto está en papel y el que lo gestiona hace dos años es el ex titular de la Agepro, actualmente en Sedetus, José Alberto Alonso Ovando. Pero la sociedad isleña ya ha dado a entender que no lo va a aceptar. La política en la Isla es despiadada, pero hasta rivales que no se hablan entre ellos coinciden en que el proyecto va a colapsar todo y no se puede realizar.
Para hacer algo así hace falta, antes que nada, un cambio de uso de suelo que debe dar el Cabildo. La alcaldesa Atenea Gómez Ricalde deberá decidir cómo quiere pasar a la historia; como una gobernante o una mujer de negocios. Pero también tomarán sus decisiones el Gobierno estatal y el Federal.
No hay que confundirse: no existe ningún motivo social para hacer allí un desarrollo turístico, que, se sabe, va a colapsar todos los servicios públicos. No va a haber forma de vender eso como una necesidad para la gente de la isla, que conoce como nadie, por ejemplo, que sólo tiene acceso al agua unas pocas horas por día. Es una cuestión económica, lisa y llanamente.
Cuidado. A veces un hecho simple (como otro desarrollo turístico depredador, de los tantos que se han hecho en el estado y nunca pasó nada) puede convertirse en la chispa que inicie un incendio incontrolable.
