La intersección entre el gobierno federal y el poder corporativo estalló en diciembre de 2025 tras la confirmación de un contrato millonario cancelado entre Diconsa y Grupo Minsa. El núcleo de la controversia es el conflicto de interés de Altagracia Gómez Sierra, Coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo rol dual desdibujó las fronteras éticas del servicio público «honorífico» en la administración actual.
Estado, oligopolio y la política agroalimentaria de 2025
La relación entre la administración pública federal, el poder corporativo y la seguridad alimentaria nacional ha sido históricamente un punto de fricción en la política mexicana. La figura de Altagracia Gómez Sierra es central en este análisis, dado que funge simultáneamente como Presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minsa y Coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este informe de investigación proporciona un examen forense, jurídico y político-económico de la controversia.
Se diseca la anatomía del contrato DICONSA/PSG/000761/2025, cuyo monto ascendía a más de 346 millones de pesos. Además, se analiza el marco legal de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y se investigan los beneficios estructurales que el gobierno otorga al oligopolio de la harina nixtamalizada (Minsa y Maseca) más allá de los contratos directos.
El análisis indica que, si bien el contrato específico fue cancelado sin desembolso financiero, la relación estructural entre el Estado y la industria harinera es un vector crítico de beneficio para Grupo Minsa. El conflicto de interés no es meramente transaccional, sino sistémico.
La nueva relación Estado-Empresa en el “segundo piso” de la transformación
El inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, autodenominado como el «Segundo Piso de la Cuarta Transformación», ha estado marcado por una recalibración estratégica con la élite empresarial bajo la bandera de la «Prosperidad Compartida» y el «Plan México».
En el epicentro de esta estrategia se encuentra Altagracia Gómez Sierra, quien personifica este nuevo pacto. Ella es heredera de uno de los conglomerados agroindustriales más importantes del país y, simultáneamente, arquitecta de la política de relocalización (nearshoring) y desarrollo regional del gobierno federal.
La pregunta central que motiva este informe es: ¿Es posible separar el interés público del privado cuando los actores encargados de diseñar la política económica son los mismos que se benefician de ella en el mercado?
Anatomía de la controversia: El contrato DICONSA/PSG/000761/2025
Para entender la magnitud del conflicto, es imperativo establecer una línea base factual sobre el instrumento jurídico que detonó el escándalo: el contrato firmado entre Minsa Comercial S.A. de C.V. y Diconsa.
La génesis y magnitud del acuerdo
En los primeros meses de 2025, Diconsa —brazo operativo de Segalmex encargado del abasto rural— implementó un cambio estratégico hacia un modelo de maquila de servicios, donde el gobierno federal suministraría el grano de maíz (de sus reservas estratégicas) y pagaría a un tercero únicamente por el servicio de transformación, empaquetado y distribución.
El 12 de marzo de 2025, Minsa Comercial S.A. de C.V. firmó el contrato DICONSA/PSG/000761/2025, tras un proceso de convocatoria realizado en febrero donde participaron cuatro de las cinco harineras más grandes del país.Tabla 1: Especificaciones técnicas y financieras del contrato
| Parámetro | Detalle Contractual | Referencia |
| Número de Contrato | DICONSA/PSG/000761/2025 | 1 |
| Tipo de Acuerdo | Contrato Abierto (Adjudicación basada en servicio integral) | 1 |
| Objeto del Contrato | Servicio integral de transformación de maíz (propiedad de Diconsa) en harina de maíz nixtamalizada marca propia, incluyendo empaquetado y distribución. | 1 |
| Monto Máximo | $346,175,400.00 MXN (Trescientos cuarenta y seis millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) | 1 |
| Vigencia | Del 12 de marzo al 31 de diciembre de 2025 | 4 |
| Volumen de Procesamiento | Mínimo: 24,000 toneladas / Máximo: 60,000 toneladas de maíz | 1 |
| Costo Unitario de Maquila | $3,962.96 MXN por tonelada (servicio de transformación) | 3 |
| Costo Unitario de Empaque | $249.90 MXN por tonelada | 3 |
| Alcance Logístico | Distribución a 61 almacenes/bodegas en 13 estados de la República |
La desproporción contractual
Uno de los hallazgos más reveladores es la desproporción entre este contrato individual y el historial previo de Minsa con la administración pública:
- Periodo 2022-2024 (Gobierno de AMLO): Minsa obtuvo 853 contratos dispersos, sumando un total aproximado de 369 millones de pesos en tres años.
- Periodo 2025 (Primer año de Sheinbaum): Un solo contrato federal (el DICONSA/PSG/000761/2025) representaba un monto de 346.1 millones de pesos.
Esto implica que, en una sola firma, bajo la administración donde la dueña de la empresa funge como asesora principal, Minsa aseguró un negocio equivalente a prácticamente tres años de facturación gubernamental previa. Minsa suma otros 190 contratos menores en 2025 por un valor de 183 millones de pesos, lo que elevaría el total potencial del año a más de 500 millones de pesos.
La cancelación: Cronología de una retractación
La defensa oficial se centró en la inexistencia actual del contrato. La cronología de su terminación es crucial:
- Marzo – Junio 2025: El contrato está vigente, pero Minsa no recibe maíz por parte de Diconsa para procesar.
- 2 de julio de 2025: Se emite un Dictamen de Terminación Anticipada. Las razones oficiales fueron técnicas y logísticas: «Requerimientos mensuales insuficientes de harina de maíz nixtamalizada de marca propia» y problemas con el «inventario disponible de maíz en Diconsa», el cual estaba comprometido para el Programa de Abasto Rural directo.
- 19 de julio de 2025: Se formaliza la cancelación mediante un Convenio de Terminación Anticipada.
- Diciembre de 2025: Estalla el escándalo mediático.
La cancelación ocurrió antes del escándalo público, lo cual apoya la narrativa de la Presidenta de que no hubo desembolso («ni un solo peso», según Minsa a la BMV). No obstante, el hecho de que el contrato se haya adjudicado y firmado en marzo, coincidiendo con el nombramiento y la alta visibilidad de Altagracia Gómez como coordinadora del Consejo Asesor, constituye el núcleo del conflicto de interés potencial, independientemente de su ejecución final.
Altagracia Gómez Sierra: El perfil de la «súper asesora» y la dualidad de funciones
Altagracia Gómez Sierra es la presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minsa, el segundo productor mundial de harina de maíz nixtamalizado. Pertenece a una dinastía empresarial de Jalisco con profundas raíces en la política.
El rol en la cuarta transformación
Durante la campaña y la transición, Gómez Sierra fue nombrada Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Su función oficial es:
- Servir de enlace entre el gobierno y el sector privado.
- Atraer inversiones en el contexto del nearshoring.
- Diseñar el «Plan México» para el desarrollo industrial y regional.
La presidenta Sheinbaum ha enfatizado reiteradamente que el cargo de Gómez Sierra es «honorífico», argumentando que, al no recibir un sueldo del erario, supuestamente no está sujeta a las mismas restricciones que un secretario de Estado. Sin embargo, este estatus es el punto más débil de la defensa ética, ya que la influencia política se traduce en acceso, información privilegiada y capacidad de moldear regulaciones.
Marco jurídico: ¿Dónde está el conflicto de interés?
El debate jurídico central reside en la definición de «Servidor Público» según la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
Definición legal y estatus de los consejeros honorarios
- Conflicto de interés (Artículo 3, Fracción VI de la LGRA): Se define como «La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.»
- Servidor Público (Artículo 3, Fracción XXV de la LGRA): La definición es amplia y abarca a cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública. Si el nombramiento de «Coordinadora del Consejo Asesor» es un cargo o comisión oficial, Gómez Sierra es sujeto de la ley.
- Actuación bajo conflicto de interés (Artículo 58 de la LGRA): Se incurre en esta falta al intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que se tenga conflicto de interés.
La configuración del conflicto aparente
El conflicto se configura en la intersección de dos esferas: la Asesora (velar por el interés general) y la Dueña de Minsa (maximizar utilidades).
Incluso si Altagracia Gómez se abstuvo de firmar o negociar el contrato personalmente, existe un Conflicto de Interés Aparente. Los funcionarios de Diconsa/Segalmex que adjudicaron el contrato en febrero/marzo de 2025 sabían que la dueña de la empresa era la asesora más cercana a la Presidenta. Esto genera una presión implícita para favorecer a Minsa. El hecho de que Minsa ganara un contrato de 346 millones, inédito en magnitud para la empresa en años recientes, justo cuando su dueña ascendía políticamente, es la evidencia material de este riesgo.
La cancelación del contrato en julio puede interpretarse como una medida de control de daños post facto, al darse cuenta de que la ejecución del contrato sería políticamente cuestionable.
La negación presidencial: Retórica frente a realidad
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó la existencia de contratos con Minsa y luego se confirmó la cancelación de los mismos. Al analizar las transcripciones de las conferencias matutinas (Mañaneras) de diciembre de 2025, la Presidenta operó una negación semántica y temporal.
Utilizó frases clave como: «Es falso que haya un conflicto de interés», «Ese contrato se canceló» y «Altagracia no gana nada del gobierno». La Presidenta no dijo «Nunca firmamos un papel»; dijo «El contrato se canceló». Al usar el tiempo pasado y enfatizar la cancelación, buscó anular la existencia presente del conflicto, argumentando que si no hubo pago y el contrato no está vigente, entonces «no hay contrato» en el sentido operativo y ético.
¿Por qué defiende la presidenta a Altagracia Gómez?
La defensa férrea de Sheinbaum hacia su asesora se basa en tres pilares:
- La defensa de género: Sheinbaum encuadró las críticas como ataques motivados por «odio, cobardía y misoginia», buscando deslegitimar la crítica ética al convertirla en un ataque de género.
- El argumento del oligopolio: Argumentó que Diconsa solo tiene dos opciones reales para comprar harina: Maseca y Minsa. Al presentar al duopolio como un hecho inevitable de la realidad económica, justifica la contratación de Minsa como una necesidad logística, no como un favoritismo.
- El valor estratégico («Plan México»): Altagracia Gómez es la pieza clave del «Plan México» y el puente de confianza con el capital privado nacional e internacional. Admitir un conflicto o separarla del cargo pondría en riesgo la interlocución con el sector empresarial.
Beneficios estructurales: Más allá del contrato cancelado
Los beneficios reales para Grupo Minsa son estructurales, regulatorios y de mercado, y superan con creces el valor de un contrato de maquila. El doble rol de Altagracia Gómez le permite influir en las reglas del juego que rigen su propio negocio.
El «acuerdo nacional maíz-tortilla» como subsidio indirecto
En 2025, el gobierno lanzó el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla para estabilizar el precio. Este acuerdo beneficia directamente a las grandes harineras:
- El mecanismo: El gobierno ofrece incentivos a las tortillerías que no suban precios.
- El incentivo: Uno de los principales beneficios para las tortillerías adheridas es el «descuento en harina de maíz nixtamalizada con las harineras participantes: Gruma, Minsa y Harimasa».
El gobierno está actuando, efectivamente, como un agente de ventas para Minsa. Al dirigir a miles de tortillerías hacia el consumo de harina industrial y facilitar esa compra mediante convenios y financiamiento FIRA, el Estado garantiza un volumen masivo de ventas para el oligopolio.
Proteccionismo comercial y precios
El gobierno ha mantenido políticas comerciales agresivas, como el arancel del 50% a la exportación de maíz blanco. Esto crea una sobreoferta local que deprime el precio que se paga al agricultor.
Como gran comprador industrial, Minsa se beneficia de precios de materia prima artificialmente bajos. Los agricultores de Sinaloa y Jalisco han protestado acusando a Minsa y Gruma de pagar precios de ruina (alrededor de $4,000 – $5,000 pesos por tonelada) mientras venden la harina cara.
Altagracia Gómez, como asesora de desarrollo económico, participa en las mesas donde se deciden estas políticas arancelarias y de «ordenamiento de mercado», teniendo la capacidad de influir para asegurar insumos baratos para su industria.
Influencia regulatoria y normativa
Minsa ha declarado que colabora en la creación del «Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado». Estar sentada en la mesa de diseño de este sistema le permite a la empresa moldear las normas de almacenamiento, calidad (NOM-187) y comercialización, favoreciendo el modelo de harina industrial sobre el modelo tradicional de masa y tortilla.
Consecuencias económicas y sociales
Los perdedores del arreglo son principalmente dos grupos:
- Los agricultores: Atrapados entre los costos crecientes y los precios bajos dictados por el oligopolio (respaldado por la política de aranceles de exportación), enfrentan una crisis de rentabilidad. El gobierno «defiende» el precio de la tortilla (consumidor) sacrificando el precio del maíz (productor), y en ese proceso, protege el margen de utilidad de Minsa.
- La competencia y la transparencia: La adjudicación de un contrato masivo a una empresa vinculada a la presidencia, aunque cancelado, envía una señal al mercado: el acceso privilegiado es la ruta más rápida al presupuesto federal. Esto desincentiva la competencia justa y erosiona la confianza en las instituciones de compras públicas.
La controversia Minsa-Sheinbaum no es un simple malentendido administrativo, sino una ventana a la economía política del sexenio 2024-2030. La Presidenta negó el conflicto basándose en la cancelación técnica del contrato, utilizando una verdad administrativa para ocultar una verdad política: se intentó beneficiar a una aliada.
Existe un conflicto de interés estructural y aparente. El rol de Altagracia Gómez como asesora honoraria no la exime de la influencia que ejerce sobre las dependencias que regulan y contratan a su empresa. El gobierno beneficia a Grupo Minsa principalmente a través de la ingeniería de mercado: aranceles que abaratan el insumo (maíz) y acuerdos nacionales que subsidian y dirigen la demanda hacia su producto (harina).
En resumen, el contrato de 346 millones de pesos fue solo la punta del iceberg. Aunque cancelado, reveló la maquinaria sumergida de favores, influencias y políticas públicas diseñadas a la medida de los aliados empresariales del régimen, confirmando que en el «Segundo Piso», la separación entre el poder político y el económico es, en el mejor de los casos, porosa.
