Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Una familia de la ciudad de Chetumal logró la reconexión del suministro de energía eléctrica tras un presunto intento de extorsión de un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad y una multa de 153 mil pesos que fue impuesta por la CFE.
El caso se volvió público a través de redes sociales, donde se denunció la situación que afectaba directamente a dos personas de la tercera edad, de 96 y 82 años de edad, quienes habitan la vivienda y dependen del suministro eléctrico para cubrir necesidades básicas de salud, alimentación y condiciones mínimas de bienestar.
Tras conocer el caso, la organización La Fuerza del Sur estableció contacto con Armando Castán González, quien funge como representante de la familia afectada, iniciando un acompañamiento jurídico para atender la situación legal y humanitaria que enfrentaban los adultos mayores.
Te puede interesar: Reclaman ejidatarios de Morocoy pago pendiente por trabajos para la CFE
Armando Castán González, relató que días atrás llegó un trabajador de la CFE quien comentó que realizaría el cambio del medidor de la vivienda, aunque posteriormente y sin aviso previo se hizo el corte de electricidad por supuestamente haberse localizado algunas irregularidades en la instalación del cableado de la base del medidor.
Armando Castán explicó que el trabajador aseguró que había encontrado violados los candados de seguridad que se colocan en la base del medidor y que eso era un delito federal grave, pero que podría ayudarlo pagando una cantidad de dinero menor a los 153 mil pesos que se estimaron de multa.
El usuario aseguró que nunca manipuló su medidor y evidenció al trabajador de la CFE al no cumplir con los protocolos al realizar el cambio del equipo sin la presencia de testigos.
De acuerdo con la información proporcionada, la CFE determinó un ajuste de facturación que derivó en la imposición de la sanción económica, sin que la familia tuviera la capacidad financiera para cubrir el monto exigido, lo que generó la suspensión del servicio eléctrico y colocó a los habitantes del domicilio en una condición de alta vulnerabilidad.
El abogado Miguel Avilés, representante del área jurídica de La Fuerza del Sur dijo que se tomó el caso y se promovió las acciones legales correspondientes ante el juzgado federal, buscando la protección de los derechos fundamentales de los adultos mayores, particularmente el acceso a servicios básicos indispensables para una vida digna.
«En una primera resolución, el fallo no fue favorable para la familia, lo que mantuvo la suspensión del servicio de energía eléctrica; sin embargo, el equipo legal continuó con el proceso y presentó un escrito a ruego y súplica, recurso jurídico que permitió reencauzar el caso y aportar nuevos elementos para la valoración del juzgador», comentó.
Gracias a esta acción, se logró obtener una resolución favorable, mediante la cual el juzgado federal ordenó la reconexión inmediata del servicio de energía eléctrica, garantizando nuevamente el suministro en la vivienda y restableciendo las condiciones mínimas de dignidad y seguridad para los adultos mayores afectados.
La Fuerza del Sur destacó que este caso evidencia la importancia del acompañamiento jurídico y social en situaciones donde familias vulnerables enfrentan procedimientos administrativos complejos que pueden derivar en afectaciones graves a derechos humanos fundamentales, como el acceso a servicios básicos.
La organización reiteró su compromiso de seguir brindando apoyo jurídico a ciudadanos que enfrenten situaciones similares, y llamó a las autoridades correspondientes a fortalecer los criterios de sensibilidad social, legalidad y proporcionalidad en la aplicación de sanciones, especialmente cuando se trata de familias en condiciones de vulnerabilidad.
