Ciudad de México, 1 de octubre de 2025. Un consenso sin precedentes en la Cámara de Diputados marca un hito en la defensa del patrimonio nacional. Con 465 votos a favor, se aprobó la reforma que garantiza la ley libre acceso playas y áreas naturales protegidas, un esfuerzo por revertir décadas de privatización silenciosa.
Un paso histórico contra la privatización de las costas
Con el voto unánime de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que obliga a quienes posean concesiones o permisos en zonas federales marítimo-terrestres a garantizar el ingreso público a las playas. Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente deberá asegurar el paso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia, al menos un día a la semana.
La modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente representa un avance significativo para “revertir el proceso privatizador” de los bienes y las empresas nacionales, según explicó la bancada de Morena.
El diputado Enrique Vázquez Navarro (Morena) denunció en tribuna que, durante décadas, el país sufrió “una privatización silenciosa, y a veces descaradamente abierta, de las costas del país, con la excusa del desarrollo turístico”. Bajo este esquema, se erigieron «muros no solo de concreto, sino también de intimidaciones», cerrando el ingreso público y transformando «el patrimonio de todos en el privilegio de unos pocos». Esta apropiación no solo afectó a los turistas, sino también despojó de espacios a los vendedores locales.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, recordó que desde la década de los ochenta del siglo pasado, se impuso un modelo de “privatización salvaje” que comenzó a frenarse en 2018. “Ya lo logramos con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, los ferrocarriles y con Mexicana; ya las recuperamos”, expuso, aludiendo a la reversión de un «modelo económico equivocado». Ahora, esta medida se extiende a las playas, restituyendo a los ciudadanos el uso y goce de bienes nacionales que les habían sido impedidos por concesiones y desarrollos inmobiliarios.
Alcance y mecanismos de la reforma
Para la efectiva implementación de esta reforma, se incluyó una reserva al dictamen de la Comisión de Turismo. Esta establece que la Secretaría del Medio Ambiente, en coordinación con los municipios, constituirá un registro nacional de ingreso a playas. Este registro se basará en la identificación y validación conjunta de la traza urbana, semiurbana y rural.
Consensos y equilibrios en el debate legislativo
La reforma logró un amplio respaldo, no solo por parte de Morena. El panista David Azuara Zúñiga resaltó que la nueva ley no genera un conflicto de derechos, sino que los «reconcilia». Para Azuara Zúñiga, un ingreso ordenado a playas y zonas naturales protegidas se traduce en beneficios económicos para las familias y en incentivos para el cuidado ambiental. “La naturaleza no es un peaje, es patrimonio público que cuidamos con reglas, no con barreras”, afirmó, promoviendo «más ingresos sí, pero ordenados, con control de visitantes y horarios que eviten saturación» y el impulso de «ingresos locales».
Por su parte, el priísta Miguel Alonso Reyes, planteó la posibilidad de alcanzar un equilibrio entre el libre ingreso a playas y áreas naturales protegidas con un modelo turístico que respete protocolos de seguridad, de protección civil, limpieza y recolección de residuos. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de garantizar un entorno que no desaliente la inversión privada en los destinos turísticos del país.
El camino hacia el senado
La reforma, que fue votada por unanimidad con 465 votos a favor, ahora será enviada como minuta al Senado de la República para su revisión y eventual ratificación. Este proceso determinará el futuro de las costas y áreas naturales protegidas de México, buscando consolidar un modelo de acceso público y respeto al patrimonio nacional.
