Tras casi dos décadas en prisión sin sentencia, la liberación de Israel Vallarta marca un hito en el sistema judicial mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado el arresto original como un «montaje televisivo» vinculado directamente con la controvertida gestión de Genaro García Luna, desvelando una profunda crítica a la estrategia de seguridad del calderonismo.
La voz presidencial: Un «montaje televisivo» y el legado de García Luna
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional el 1° de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la liberación de Israel Vallarta, tras casi 20 años en prisión sin sentencia, fue una decisión de una jueza del juzgado tercero de distrito en el estado de México.
Subrayó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trabajó en este caso desde su cargo como titular de Seguridad en el sexenio pasado, ante las pruebas de tortura documentadas durante la detención de Vallarta en 2005. Aquella aprehensión, recordó la mandataria, ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón y estuvo acompañada de un montaje televisivo vinculado directamente a Genaro García Luna.
Crítica a la estrategia de seguridad del calderonismo
La presidenta puntualizó que este caso no puede separarse de la estrategia de seguridad implementada durante el calderonismo. «No se nos pueden olvidar cómo fueron la detención y el montaje televisivo… conducidos por quienes después fueron señalados por vínculos con el narcotráfico», enfatizó Sheinbaum. Añadió que «ese sexenio se caracterizó no por buscar la seguridad, sino por aliarse con grupos delincuenciales”.
La liberación de Vallarta: Un fallo esperado tras casi dos décadas
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la sentencia absolutoria en favor de Vallarta se emitió el 31 de julio de 2025, tras un proceso judicial que se prolongó por casi dos décadas. Israel Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 y enfrentó cargos por delincuencia organizada y secuestro.
Cronología de un proceso viciado
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El largo proceso judicial de Vallarta incluyó una serie de recursos legales que dan cuenta de su complejidad y prolongación:
- 10 apelaciones
- 6 juicios de amparo
- 7 recursos de revisión
- 3 quejas
En 2022, el Comité de la ONU contra la Tortura solicitó medidas de protección, atención médica y alternativas a la prisión para el acusado, resaltando la preocupación internacional por el caso. Rodríguez añadió que el gobierno federal brindó apoyo a la familia de Vallarta, especialmente a su esposa, mediante gestiones sociales y médicas, y subrayó que el caso subraya la urgencia de revisar los procesos de prisión preventiva en México.
El caso Vallarta: Un cuestionamiento a la prisión preventiva en México
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Pro) advirtieron que el caso Vallarta evidencia el carácter punitivo de la prisión preventiva prolongada.
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La perspectiva de organismos defensores de derechos humanos
El IFDP, que forma parte del Poder Judicial de la Federación y brindó su apoyo para la liberación de Vallarta, consideró que la sentencia dictada por la jueza Mariana Vieyra representa un paso fundamental en la reparación del daño. Asimismo, lo calificó como un precedente relevante en la lucha contra la tortura, el uso de pruebas ilícitas y la prisión preventiva en México. El organismo agregó que el caso ha sido ampliamente documentado como un emblema de injusticia prolongada, tras haberse revelado el montaje televisivo de su detención, escenificado y difundido en cadena nacional.
Por su parte, el Centro Pro celebró en redes sociales la importante resolución que permitió la liberación inmediata de Vallarta. La organización destacó que la situación de Vallarta, «representativa de miles más», muestra lo lesivo de la figura de prisión preventiva y su función como una pena anticipada. Finalmente, el Pro reconoció la persistencia de la familia de Vallarta y el trabajo del IFDP para lograr su excarcelación.
La liberación de Israel Vallarta no es solo el fin de una prolongada batalla legal, sino un recordatorio contundente de las fallas sistémicas que han plagado el sistema de justicia mexicano. ¿Hasta qué punto este precedente impulsará una revisión profunda de la prisión preventiva y la rendición de cuentas por los «montajes» del pasado?