• El Observatorio Legislativo advierte riesgos de abuso en el manejo de datos personales con la CURP biomédica.
• Llama a revisar permanentemente cómo funciona la LLAVE.MX porque las intenciones legislativas chocan muchas veces con la realidad.
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
Una vez aprobadas las reformas y nuevas leyes en materia de seguridad, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo se pronunció porque la sociedad se mantenga pendiente de cómo están funcionando en la realidad, para evitar que se conviertan en un nuevo marco de control ciudadano ya que “las intenciones legislativas chocan muchas veces con la realidad presupuestal, la corrupción y la ineficiencia”.
En el boletín número 275 que circula esta semana, el organismo ciudadano señala que a partir de las reformas -como la nueva CURP biométrica que funcionará como una LLAVE.MX-, concentrará información y datos personales que serán útiles para combatir la extorsión, desaparición de personas, delitos cibernéticos, secuestros virtuales, entre otros, que podrían derivar en que el ciudadano pase a ser un simple “código”.
Sin embargo, en sus observaciones advierte sobre el riesgo de “abuso en el manejo de información y datos personales, que pudiera derivar en la integración de expedientes judiciales contra ciudadanas y ciudadanos incómodos al sistema político”.
Es importante observar también, agrega el documento, “que no surjan más casos Pegasus -que combinó corrupción en los contratos y espionaje contra personas incómodas-, debido a los altos volúmenes de inversión en tecnología, susceptibles de manejo de proveedores carnales”.
Pone como ejemplo el municipio de Benito Juárez, en donde la digitalización del cobro de servicios municipales se le otorgó en contrato a una empresa externa misma que tiene el control de las bases de datos que deberían ser propiedad del gobierno municipal y no de particulares, advirtió.
Otro punto observado es que “estos sistemas requerirán una infraestructura tecnológica robusta para garantizar la conectividad de todas las instituciones federales, estatales y municipales y no se ve el presupuesto para lograr la fuerza tecnológica para procesar tanta información y que esté preparada ante los ataques cibernéticos y hackeos que ya han alcanzado hasta la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Hacienda, además del riesgo de la venta de bases de datos con fines políticos o comerciales”.
Concluyó que hay otros frentes a observar y la esperanza de una mayor participación de la ciudadanía informada en los nuevos procesos legales y tecnológicos”.
