Una ley para simplificar a fondo: el gobierno busca cortar la burocracia desde la raíz
Un cambio profundo en la forma en que el Estado se relaciona con la ciudadanía ha comenzado a tomar forma. Este 21 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, una reforma que podría modificar de fondo la experiencia cotidiana de millones de personas frente a los trámites oficiales.
La propuesta, que ya contaba con el marco constitucional necesario tras una modificación previa, busca atacar de raíz dos de los problemas históricos del país: la lentitud burocrática y la corrupción.
¿De qué se trata la nueva ley que Sheinbaum envió al Congreso?
Hacia un sistema unificado de trámites
La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción pretende homologar requisitos, tiempos de respuesta y procesos de atención en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Su objetivo no es solo modernizar, sino también reducir las oportunidades de corrupción, muchas veces anidadas en sistemas complejos, opacos y sujetos a discrecionalidad.
Uno de los ejes centrales es la creación de trámites únicos consolidados, que eliminen la redundancia y la confusión actual en procesos que varían según la entidad federativa o incluso el municipio. Según explicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se espera una reducción de al menos 50% en los trámites, requisitos y tiempos de atención.
Un portal ciudadano como eje central
Digitalización y accesibilidad para todos
Para lograr esta transformación, la ley contempla la creación de un Portal Único Ciudadano de Servicios y Trámites, que facilitará el acceso de la población a información clara sobre trámites, requisitos, costos, tiempos estimados y autoridades responsables. Esta herramienta será acompañada por un Sistema Nacional de Atención Ciudadana, donde se podrá resolver dudas y dar seguimiento a procesos en línea.
Esto implica un cambio no solo administrativo, sino también cultural. La visión es que al menos 80% de los trámites estén disponibles en línea, permitiendo reducir traslados, filas interminables y tiempos muertos para la ciudadanía. En paralelo, se consolidarán 300 trámites únicos a nivel estatal y 100 a nivel municipal, lo que marcaría un antes y un después en términos de eficiencia.
¿Qué cambia con esta ley? Impactos esperados a corto y mediano plazo
1. Reducción de la corrupción
Menos trámites, menos funcionarios intermediarios y procesos más transparentes reducen automáticamente los márgenes para actos corruptos. Eliminar la discrecionalidad administrativa es una de las mejores formas de combatir la corrupción sistémica.
2. Seguridad jurídica
Homologar requisitos y condiciones en todo el país brinda certeza a los ciudadanos y a las empresas. Esta certeza favorece las inversiones, fomenta el emprendimiento y evita arbitrariedades que muchas veces derivan en conflictos legales o pérdidas económicas.
3. Agilización económica
Facilitar trámites para abrir negocios, obtener permisos o acceder a servicios públicos impulsa la actividad económica local. Para estados como Quintana Roo y Yucatán, donde el turismo y el desarrollo inmobiliario dependen de permisos ágiles, esto representa una ventana de oportunidad clave.
4. Inclusión digital
Aunque el reto es enorme en cuanto a conectividad y capacitación, la digitalización de trámites puede ser también una vía de inclusión. Al evitar intermediarios y trasladar trámites al entorno digital, se empodera a los ciudadanos, en especial a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
¿Por qué esta ley es importante para el Caribe Mexicano?
Un freno a la corrupción local
En municipios del Caribe Mexicano como Benito Juárez, Solidaridad o Tulum, las quejas por trámites engorrosos, requisitos cambiantes y funcionarios que piden “aportaciones extras” son comunes. La posibilidad de contar con un catálogo único y reglas claras puede ser un paso vital para recuperar la confianza ciudadana.
Turismo y desarrollo: menos trabas, más inversión
Empresas turísticas, desarrolladores inmobiliarios y prestadores de servicios enfrentan laberintos regulatorios que muchas veces retrasan inversiones o las alejan por completo. Esta ley podría ser una palanca para simplificar permisos de construcción, uso de suelo, operación de negocios, entre otros, sin perder controles ambientales o legales.
Simplificación con impacto regional
Los beneficios no se limitarían a las ciudades más grandes. Municipios rurales o comunidades apartadas, donde muchas veces los trámites implican traslados costosos y pérdida de jornadas de trabajo, tendrían acceso a servicios en línea, disminuyendo brechas históricas de acceso al Estado.
¿Qué falta para que esta ley entre en vigor?
Aunque ya fue enviada al Congreso, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción deberá pasar por el proceso legislativo ordinario, que incluye revisión en comisiones, posibles modificaciones y votación en ambas cámaras. Se anticipa que habrá debate sobre el alcance de la ley, sus mecanismos de implementación y los recursos necesarios para su ejecución.
El gran reto será la coordinación entre poderes y niveles de gobierno, así como la inversión en tecnología, capacitación de personal y adecuación de marcos legales locales.
¿Una nueva era en la relación con el Estado?
La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción podría marcar el inicio de una transformación profunda en la forma en que la ciudadanía se relaciona con el gobierno. Si bien su éxito dependerá de la implementación y voluntad política, su mera presentación ya coloca sobre la mesa un problema estructural que ha lastrado el desarrollo del país durante décadas.Este es un momento decisivo para que los gobiernos locales, especialmente en regiones dinámicas como el Caribe Mexicano, asuman el reto de modernizarse y colocarse al servicio de las personas. No se trata solo de digitalizar procesos, sino de redefinir el pacto de confianza entre el Estado y su gente.
