La aprobación de la nueva Ley general de aguas Conagua ha desatado una ola de críticas. Organizaciones como Agua Para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua alertaron, el 04 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, que el dictamen no toca los intereses creados. El texto, enviado al Senado, perpetúa la sobreexplotación y omite garantías para los más marginados.
Un proceso legislativo atropellado y sin apertura
El dictamen en materia de agua, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, no contiene ningún artículo que establezca una obligación o mecanismo real para enfrentar el acaparamiento hídrico y la sobreexplotación. De igual forma, los críticos señalan que el proyecto no garantiza el líquido vital para las poblaciones que sufren de marginación hídrica en el país.
Académicos, investigadores y las más de 90 colectivos que integran organizaciones como la Coordinadora Nacional Agua Para Todos y las Contralorías Autónomas del Agua, denunciaron el proceso como «atropellado».
> «La Coordinadora Nacional Agua para Todos y las Contralorías Autónomas del Agua denunciamos el proceso atropellado en el cual la Conagua (Comisión Nacional del Agua) impuso una aprobación exprés de su Iniciativa Legislativa, sin revisión pública y ‘sin mover ni un punto ni coma'», señalaron.
Apuntaron que, a pesar del paquete de 18 reservas que fue presentado en la Cámara de Diputados la noche previa a la votación, al dictamen «no se le movió ni una coma».
La persistencia de la legislación salinista
Las organizaciones insistieron en que el proyecto legislativo, enviado al Senado, insiste en la «perpetuación» de la Ley de Aguas Nacionales, descrita como «salinista», a través de la elaboración de una “Ley General de Aguas” sin efectos exigibles. Con esto, se incumple el mandato Constitucional que obliga a garantizar:
- La equidad hídrica.
- La sustentabilidad de los recursos.
- La participación ciudadana efectiva.
El Fondo de Reservas del Agua, una figura que reemplazará a los anteriores “Bancos del Agua”, es señalado por permitir la “reasignación” de volúmenes sin que exista la obligación de reducir el sobreconcesionamiento existente.
Concesiones y corrupción: los vacíos que blinda la nueva ley
Las organizaciones acusaron que el proyecto no garantiza el derecho humano al agua. Argumentaron que no se menciona ninguna obligación en cuanto al manejo de aguas nacionales y el presupuesto federal, ni a los sistemas de agua potable en cuanto a la distribución prioritaria del líquido.
Respecto al objetivo de poner fin a la corrupción, los colectivos aseguran que en el dictamen no se logró ninguna reforma que pudiera “cerrar la puerta a las prácticas de corrupción de la Conagua en el manejo de concesiones”.
Esto es resultado directo de que el dictamen no estipuló medidas de transparencia básicas, entre ellas:
- Transparentar las listas de solicitudes por cuenca y acuífero.
- Obligar su ordenamiento por prelación y por orden de presentación.
- Garantizar priorizar los derechos al agua de sistemas comunitarios, pueblos indígenas y núcleos agrarios.
De igual forma, la ley no incluye la obligación de la Conagua de transparentar las solicitudes aprobadas, indicando la fecha de notificación. Este vacío, aseguran, perpetúa una práctica de corrupción de larga data.
> «Esto pondría fin a la práctica de los bufetes que obtienen concesiones y no las notifican durante años, para no tener que pagar derechos hasta encontrar quien los quiere adquirir», expusieron las organizaciones.
Además, señalaron que la reasignación, igual que la transmisión, sigue siendo considerado un “derecho” del concesionario, sin que la autoridad pueda intervenir.
La Coordinadora Agua Para Todos señaló un punto crítico sobre la fiscalización, asegurando que tampoco se transparenta el pago de derechos ni la obligación de la Conagua a caducar los volúmenes para los cuales no se han cubierto los pagos. En este contexto, subrayaron una fuente de corrupción clave: “La Conagua solo está cobrando el 20 por ciento de los derechos que deben los usuarios industriales y de servicios; lo cual convierte la recaudación en una enorme oportunidad de corrupción”, se recalcó.
Propuestas ciudadanas ignoradas por el poder legislativo
Los distintos grupos que luchan por los derechos del agua en el país insistieron en que la Conagua no integró en el proyecto en materia de aguas las más de 500 propuestas ciudadanas que se generaron en las Audiencias Públicas organizadas por el Poder Legislativo.
Entre las propuestas ciudadanas ignoradas se encuentran:
- Prohibir la privatización de obras hidráulicas y de sistemas de agua y saneamiento.
- Reconocer los derechos de pueblos indígenas al agua en la Ley de Aguas Nacionales.
Las organizaciones reiteraron que el dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados “dista mucho del mandato Constitucional de equidad, sustentabilidad y participación; de los logros que están anunciando; así como de la base legal que México necesita en estos momentos críticos”.
El proceso exprés de la Ley general de aguas Conagua sugiere que el Poder Legislativo ha optado por mantener el statu quo que beneficia a los grandes acaparadores y a las prácticas discrecionales de la Comisión Nacional del Agua. La pregunta central es si el Senado corregirá estos graves vacíos o si México quedará, formalmente, atrapado en una legislación que avala la marginación hídrica.
