Lo de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo es como la caja de chocolates de Forrest Gump.
Justamente cuando fue “analizada” en comisiones del Congreso del Estado, el diputado de Morena, Ricardo Velazco, advirtió sobre las fracciones que establecen que, entre las nuevas causales de expropiación, estaba la inversión privada.
“Es contra natura”, precisó el único legislador de izquierda de la bancada de Morena, al referir que las expropiaciones son para asuntos de utilidad pública, y no para negocios privados.
Y la respuesta del secretario técnico de la Jugocopo, Said Villanueva Alpuche, fue aún más cómica-trágica.
El letrado señaló que esta causal para proyectos privados es en relación con las Asociaciones Público-Privadas (APP).
Pero el detalle de las APP es que, si bien la inversión la hace un privado, el riesgo lo asume el Gobierno.
Se trata de un ganar-ganar: el privado recibe un predio expropiado por el Gobierno, y el Gobierno, además, le garantiza sus ganancias.
Ni en los sueños de Elon Musk.
