La Cámara de Diputados protagonizó una maratónica sesión que redefiniría el futuro hídrico del país. Tras más de 24 horas de debate continuo, fueron aprobadas las leyes que consagran al agua como un bien social y cultural no monetizable. Sin embargo, la oposición advierte que esta nueva ley de aguas bien social esconde el riesgo de convertirse en un instrumento de control político.
La votación maratónica y la nueva definición del recurso
La Cámara de Diputados aprobó y envió de inmediato al Senado las leyes General de Aguas y de Aguas Nacionales tras una sesión que se extendió por más de 24 horas continuas, iniciando a las 13:50 del miércoles y concluyendo a las 14:14 del jueves 05 de diciembre de 2025.
El eje central de la nueva legislación es la definición del líquido como:
- Un “bien social y cultural, no monetizable ni sujeto a las reglas del mercado”.
La normativa establece que las reglas del mercado no deben estar «por encima de las necesidades humanas y ambientales».
El nuevo orden legal fue aprobado con 324 votos en favor, provenientes de Morena y sus aliados. La oposición registró 117 votos en contra. Se contabilizaron dos abstenciones, de Aracely Cruz Jiménez (PT) y Araceli Mendoza, del Movimiento del Sombrero. En el tablero, también apareció un voto en contra de la petista Patricia Galindo.
Ejes centrales de la reforma regulatoria del agua
De acuerdo con un documento de análisis elaborado por el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, ambas normas buscan equilibrar la garantía de la vida digna con la promoción del desarrollo económico. Esto establece la prioridad en el uso doméstico y la restauración ambiental.
Las dos leyes buscan brindar garantías efectivas del derecho humano al agua, enfocándose en cuatro elementos centrales:
- Accesibilidad: Que el agua y sus instalaciones estén al alcance físico de las personas.
- Asequibilidad: Que el recurso esté al alcance económico de todos, sin poner en riesgo otras garantías.
- Calidad: Que el líquido esté libre de sustancias nocivas para la salud, conforme a las normas oficiales mexicanas.
- Disponibilidad: Que el abastecimiento sea suficiente, continuo y equitativo.
Reasignación y nuevos mecanismos de control
Para modernizar la regulación del líquido y aumentar la transparencia en su manejo, las normas establecen cambios fundamentales en el régimen de concesiones:
- Se elimina el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares.
- Este esquema será sustituido por la reasignación de volúmenes.
- Se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, que se conformará por volúmenes recuperados de títulos de concesión.
Respecto a la reasignación, se determinó un régimen expedito que obligará a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a resolver en un máximo de 20 días.
Además, se crea el Registro Público Nacional del Agua, sustituyendo al anterior Registro Público de Derechos de Agua, buscando un adecuado control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.
El debate político: ¿Garantía social o control gubernamental?
Durante el maratónico debate, que incluyó 68 cambios pactados con los productores antes de la votación, se manifestaron posturas encontradas sobre las implicaciones reales de las nuevas leyes.
Morena: Fin a la influencia corporativa.
El legislador José Narro (Morena) destacó la importancia de la redacción modificada del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, la cual garantiza la continuidad del binomio agua-tierra en casos de transmisión o herencia de derechos de uso, asegurando una reasignación ordenada.
Narro señaló que la legislación deroga la Ley de Aguas Nacionales de 1992, en la que:
- Se constituyó un Consejo Consultivo del Agua.
- En este Consejo, estaban representadas «grandes empresas como Lala, Femsa, las grandes mineras que son las dueñas» del líquido en México, y a las que —según el legislador— «les sirven los partidos de derecha».
La Oposición: El agua como «moneda política».
En sentido contrario, la priísta Ariana del Rejón alertó que ambas normas son en realidad “el nuevo instrumento electoral de Morena”.
Según Del Rejón, las leyes:
- Convierten el agua en «moneda política, en tarjeta del bienestar».
- Actúan como una «palanca de control» sobre campesinos, productores, comunidades indígenas y municipios.
En suma, concluyó que «este diseño legal convierte al gobierno en el dueño político del grifo».
Cabe mencionar que, a las 11 de la mañana, y cuando faltaban todavía 80 oradores, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, llegó a un acuerdo para depurar la lista y, pasadas las 2 de la tarde, el pleno avaló las leyes. La tensión escaló a tal punto que el PAN trasladó insultos de la tribuna a las curules, cuando la cúpula blanquiazul perdió la compostura y gritó a los petistas: “¡putos, putos!”, en reclamo por acusaciones de retrasar el debate de manera artificial.
La nueva legislación busca corregir 33 años de un régimen que favoreció la monetización sobre la vida. Sin embargo, el riesgo inherente a concentrar el poder de la reasignación en el Ejecutivo genera una encrucijada crítica: ¿logrará el Estado garantizar el derecho humano al agua sin caer en la tentación de usar el recurso más vital de la nación como una herramienta innegociable de dominación política?
