En un movimiento relámpago que modificó la agenda parlamentaria, la Cámara de Diputados desató una profunda controversia al aprobar en comisiones la Ley General de Aguas México, a pesar de un cerco de agricultores y las protestas de la oposición. Este reportaje de análisis desvela el contexto de la urgencia legislativa, las contradicciones internas que alertan a los productores y la férrea defensa del Ejecutivo.
La aprobación acelerada en la comisión y el reclamo de fast track
El 3 de diciembre de 2025, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados avaló la iniciativa presidencial, la cual busca expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales. La votación se llevó a cabo en menos de dos horas, con un resultado de 28 votos a favor (Morena y aliados), 10 en contra (PAN y PRI), y 2 abstenciones de Movimiento Ciudadano (MC).
Aunque originalmente se preveía que la discusión se extendiera hasta el jueves, la mayoría parlamentaria optó por modificar el orden del día de la sesión del miércoles para apresurar el análisis ante el Pleno de San Lázaro, una acción que la oposición calificó de fast track.
El líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sesionó de manera extraordinaria para solicitar la modificación del orden, priorizando la iniciativa de aguas sobre la discusión de reformas a la Ley General de Salud, que buscaba prohibir el tráfico de cigarrillos electrónicos.
La presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán (PAN), expresó su desacuerdo personal con el procedimiento: «No estoy de acuerdo en que se dé fast track a este tema tan importante». La legisladora señaló que la Ley de Aguas impactará directamente a casi 600,000 personas que actualmente poseen una concesión.
El cerco de los agricultores y las voces de la inconformidad
La dictaminación se desarrolló en un entorno de alta tensión, enmarcada por movilizaciones de agricultores que cercaron los alrededores de San Lázaro con tractores. Los campesinos advirtieron que podrían reforzar y extender el cerco hasta por 48 horas si sus opiniones no eran consideradas.
La oposición denunció que el oficialismo ignoró la «inconformidad legítima» de campesinos, ganaderos, productores y comunidades rurales. El coordinador del PAN, Elías Lixa, acusó a la bancada de Morena de buscar romper las reglas del Congreso y aprobar la ley «por la puerta de atrás», sosteniendo que el objetivo real de la iniciativa es «centralizar, controlar y secuestrar el recurso más importante del país».
Críticas sobre el fondo y la forma
Diversos diputados de la oposición manifestaron su rechazo contundente durante la sesión:
- Paulo Gonzalo Martínez (PAN) criticó el proceso, afirmando que el proyecto “nació mal, creció peor y llega a esta comisión todo planchado, improvisado y completamente alejado de la realidad de este país”, pidiendo su retiro.
- Humberto Ambriz (PRI) advirtió que el tema de la transmisión de derechos representa el “último clavo al ataúd del campo de México”, lamentando que se acabe con la nobleza de la comunidad que antes regalaba agua a quien la necesitaba.
- Jesús Fernando García (PT), quien votó en contra, lamentó que no se diera suficiente atención a los productores. Subrayó que si una iniciativa requiere tantas modificaciones para ser aceptada, quiere decir que “esa iniciativa venía mala” y debió posponerse hasta el mes siguiente.
La presión política alcanzó tal nivel que, mientras se llevaba a cabo la sesión en el Patio Norte, legisladores priístas gritaban “¡traidor!” a los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que votaban a favor. Posteriormente, tras la votación del cambio en el orden del día, curules de Morena respondieron al coordinador del PRI, Rubén Moreira, con el estribillo: “¡No somos uno, no somos cien! ¡Pinche Moreira, cuéntanos bien!”.
El debate crucial sobre las concesiones y la transmisión de derechos
Uno de los puntos que generó mayor fricción fue la aparente ambigüedad en torno a la transferencia de derechos de uso del líquido.Francisco Pelayo (PAN), legislador de Baja California Sur, alertó sobre la “incongruencia” entre dos artículos:
- Artículo 49 de la Ley de Aguas Nacionales (LAN): Busca reglamentar las transferencias internas del líquido en los distritos de riego.
- Artículo 22: Menciona que los derechos de uso de agua “no serán objeto de transmisión”.
El diputado Pelayo argumentó que, si se mantiene esta contradicción, la norma “queda ambigua y a la interpretación de quien esté detrás de un escritorio”, lo que resultaría en que los productores no puedan usar sus concesiones sin la voluntad de los directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En respuesta, Oscar Bautista (PVEM) defendió el dictamen, asegurando que el Artículo 22 evita la transferencia de concesiones entre particulares. No obstante, enfatizó que el Artículo 49 reformado “dice bien claro que se mantiene el binomio agua-tierra” para proporcionar certeza jurídica a los productores.
A pesar de la aprobación en comisiones, el coordinador Ricardo Monreal Ávila insistió en que el debate “no está terminado”, y anticipó que el dictamen “todavía sufrirá modificaciones en el trayecto de las horas”, intentando disipar lo que llamó un “manejo perverso respecto que ya es definitivo” el contenido.
La defensa presidencial: orden, legalidad y fin de la mercancía
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la iniciativa ese mismo día, incluso previo a la aprobación en comisiones del Senado (según la Fuente 3). La mandataria aseguró que, si bien la ley tuvo cambios tras las audiencias públicas, la idea original se mantiene.
La esencia de la propuesta, explicó Sheinbaum, es “proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua”. Señaló que la reforma busca dejar de ver el agua como una mercancía y considerarla como un recurso y un derecho.
Sheinbaum Pardo consideró que la oposición a la Ley de Aguas Nacionales proviene de la desinformación, o de aquellos que tienen permisos ilícitos o “muchísimas concesiones de agua y no usan muchas de ellas”. La presidenta justificó la urgencia de la reforma por el desorden encontrado en el gobierno, incluyendo tres bases de datos distintas de concesiones y permisos vencidos. El objetivo final, según la mandataria, es “poner orden para evitar la corrupción y para garantizar que todos tengamos agua, o que en aquellos lugares donde hay escasez, se privilegie el consumo humano”.
El debate en torno a la Ley General de Aguas México expone la fractura profunda entre la visión de control centralizado y orden gubernamental promovida por Morena, y el temor de productores y la oposición a un despojo de derechos y a la falta de análisis legislativo. La promesa de Morena de introducir más cambios sugiere una batalla pendiente en el Pleno, donde la tensión entre la garantía del derecho humano y la certeza jurídica de las concesiones rurales alcanzará su punto crítico.
