El nuevo rostro de las compras públicas: ¿transparencia o discrecionalidad legalizada?
En una sesión cargada de tensión política, el Congreso dio luz verde a una reforma clave: la nueva Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La narrativa oficial promete eficiencia y agilidad. Pero la letra pequeña revela un giro inquietante: la ampliación de causales para adjudicación directa, sin necesidad de licitación pública. ¿Estamos ante una modernización del Estado o ante la institucionalización de la opacidad?
La reforma que redefine el acceso al dinero público
¿Qué dice la nueva ley?
Aprobada con 329 votos a favor y 118 en contra, la ley fue impulsada por Morena y sus aliados del PT y el PVEM. En el corazón del debate estuvo una reserva clave presentada por Claudia Rivera Vivanco, que amplía las excepciones para adjudicar contratos sin licitación pública, permitiendo que incluso personas físicas accedan directamente a recursos del Estado.
Lo que se aprobó:
- Contratos sin licitación podrán asignarse por invitación restringida o adjudicación directa.
- Se amplían plazos para formalizar contratos: de 15 días naturales a 15 días hábiles.
- Se modifican también leyes relacionadas: Austeridad Republicana, Economía Social y Solidaria, y Sociedades Cooperativas.
¿Por qué importa?
Porque el 74% del gasto público en adquisiciones se realiza históricamente vía licitación. Reducir esa proporción puede tener un efecto directo en la transparencia y competencia económica.
Adjudicación directa: entre la agilidad administrativa y el riesgo de corrupción
¿Qué es la adjudicación directa?
Un procedimiento en el que una dependencia elige directamente al proveedor, sin concurso abierto. Aunque es legal bajo ciertos criterios (emergencias, seguridad nacional, etc.), su uso debe ser excepcional.
¿Qué implica ampliar sus causales?
- Menos competencia entre proveedores.
- Mayor riesgo de conflictos de interés.
- Dificultad para auditar procesos.
- Debilitamiento del principio de máxima publicidad.
“Esta ley ensancha más las posibilidades de corrupción”, advirtió la diputada Margarita Zavala (PAN).
La batalla política: acusaciones cruzadas y memorias selectivas
PAN, PRI y MC: el bloque que votó en contra
Desde la oposición, las críticas apuntaron a que la reforma legaliza prácticas discrecionales, como señaló el panista Éctor Jaime Ramírez Barba al calificar la reserva como “hecha sobre las rodillas”.
También hubo señalamientos personales y una narrativa que relaciona la iniciativa con la desaparición del INAI, advirtiendo una tendencia sistemática hacia la opacidad institucionalizada.
“Primero desaparecen el INAI y ahora eliminan las licitaciones. Es una cadena que busca ocultar la corrupción”, dijo Asael Hernández Cerón (PAN).
Morena y aliados: la narrativa de justicia histórica
Los partidos oficialistas defendieron la medida como una herramienta para romper con los vicios del pasado.
Ana Karina Rojo (PT) atacó el historial del PRI y el PAN en asignaciones opacas, mientras que Margarita García (PT) citó el caso de los penales construidos en 2010 como ejemplo de corrupción institucionalizada en sexenios anteriores.
“Se acabaron los grandes negocios del PRIAN”, sentenció García.
¿Qué significa esto para el ciudadano?
Impactos inmediatos:
- Cambios en las reglas del juego para proveedores del Estado.
- Posible incremento en el uso de contratos sin licitación, especialmente en sectores sensibles como salud, seguridad e infraestructura.
- Desafíos para el periodismo de investigación y fiscalización ciudadana, al reducirse las herramientas legales para acceder a información pública.
Posibles escenarios futuros:
- Que se consolide un sistema de compras más rápido, pero menos competitivo.
- Que se fortalezcan redes clientelares en gobiernos estatales y municipales.
- Que organismos internacionales y calificadoras pongan bajo lupa los procesos de contratación del país.
Adjudicaciones directas: el patrón que ya venía
Datos duros:
- En el sexenio actual, más del 80% de los contratos del IMSS y el ISSSTE han sido por adjudicación directa.
- En 2022, la ASF señaló que el 46% del gasto público en salud se realizó sin licitación abierta.
Casos recientes:
- Compra de vacunas.
- Arrendamiento de equipos médicos.
- Contratación de servicios digitales en dependencias federales.
La reforma no crea el fenómeno, pero lo consolida legalmente.
Contexto internacional: ¿qué hacen otros países?
Buenas prácticas en compras públicas:
- Chile y su plataforma “ChileCompra”: todo contrato debe ser visible y trazable.
- Colombia con su sistema SECOP, que permite auditoría ciudadana en tiempo real.
- Unión Europea: legislación obliga a justificar en detalle cada excepción a la licitación.
La tendencia global va hacia más apertura, no menos.
¿Y el Senado?
La iniciativa fue turnada al Senado, donde Morena también tiene mayoría. Salvo sorpresas, la reforma se ratificará sin mayores cambios. Sin embargo, el debate legislativo puede servir para:
- Incluir candados adicionales en casos de adjudicación directa.
- Proponer reglas específicas por monto o sector.
- Garantizar mecanismos de transparencia en tiempo real.
Lo que está en juego: legitimidad institucional
¿Puede el gobierno garantizar eficiencia sin sacrificar transparencia?
- Sí, si se acompaña con protocolos claros, auditorías y trazabilidad digital.
- No, si la ley se usa como escudo para favorecer redes políticas o intereses privados.
Este tipo de reformas no solo impactan el gasto público: marcan el tono ético de un sexenio.
¿Eficiencia o discrecionalidad?
La nueva Ley de Adquisiciones redefine las reglas del acceso al dinero público en México. Más allá del debate partidista, lo esencial es responder con claridad:
¿Quién gana y quién pierde cuando se reduce la competencia en las compras del Estado?
Porque sin transparencia real, cualquier reforma administrativa corre el riesgo de convertirse en una herramienta más de poder, no de servicio.
