La ministra Lenia Batres Guadarrama denunció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presuntamente confabula con empresas de Ricardo Salinas Pliego. Según la ministra, esto permitiría evadir pagos fiscales por más de 35 mil millones de pesos, incluyendo recargos y multas, mientras la Primera Sala busca un tercer impedimento en su contra.
Denuncia de la ministra Lenia Batres
Observamos en la denuncia de la ministra Lenia Batres, presentada en un video de 11 minutos en redes sociales, que la SCJN ha permitido una estrategia que califica de dilatoria por parte de Grupo Salinas. Esta situación, según su señalamiento, ha retrasado la resolución de juicios por más de medio año.
El texto proporcionado detalla un acumulado de 56 impedimentos y otros recursos utilizados en estos casos.
El proyecto de impedimento en la primera sala
La ministra Batres reveló que la Primera Sala alista la votación de un proyecto propuesto por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Este proyecto busca aceptar la recusación promovida por Elektra para excluirla de la discusión del amparo directo en revisión 6321/2024.
Según el texto, este caso específico se relaciona con un crédito fiscal de más de 33 mil millones de pesos contra dicha empresa.
Argumentos contra la ministra
La ministra afirmó que el proyecto de impedimento la acusa de haber perdido objetividad e imparcialidad. El argumento de Elektra se basa en una supuesta animadversión hacia Salinas Pliego, fundamentada en publicaciones que ella realizó en redes sociales entre 2014 y 2021, antes de su integración a la Corte.
La postura de la ministra y sus cuestionamientos
Batres rechazó la interpretación del proyecto. Argumentó que la causal de impedimento por “enemistad manifiesta” debe implicar un conflicto de interés comprobable. Señaló que no son suficientes las simples opiniones públicas o percepciones subjetivas.
Para respaldar su postura, recordó precedentes en asuntos similares (39/2024, 40/2024, 42/2024) donde, según su dicho, se resolvió que la emisión de opiniones no compromete la imparcialidad de un ministro.
La ministra, quien se autodenomina “la ministra del pueblo”, lanzó varios cuestionamientos basados en su experiencia:
- “¿Qué Corte puede llamarse suprema si sanciona retroactivamente la libertad de expresión de una de sus integrantes, que ni siquiera es materia de sanción?”
- “¿Qué Corte puede llamarse suprema si no solo permite, sino que confabula con particulares para ayudarles a que no cumplan con la Constitución de la que deberían ser guardianes?”
Ironizó sobre la situación, comparándola con una expulsión deportiva por opiniones pasadas. “Es como si al Inter Miami se le ocurriera expulsar a Messi por haber opinado hace 10 años que el mejor equipo era el Barcelona, si me permiten el símil”, dijo.
Antecedentes y estrategia denunciada
La ministra Batres recordó que la Primera y la Segunda Sala ya aprobaron dos impedimentos anteriores promovidos por el mismo grupo empresarial. Calificó esta acción como ilegal, al no haberse acreditado que su participación generara un beneficio o perjuicio personal.
Denunció, con base en su experiencia, una estrategia jurídica que considera sistemática, impulsada por Salinas Pliego y sus empresas, con lo que percibe como la colaboración —activa o pasiva— de la Corte.
- “Primero, porque se aceptó pasivamente una retahíla de 56 impedimentos y recursos como táctica dilatoria, lo que permitió posponer durante al menos siete meses la resolución de estos juicios”, detalló.
Finalmente, trajo a colación que en marzo del año pasado la Corte amparó a Totalplay, también del grupo Salinas. Esta acción resultó en la reducción de un adeudo fiscal de 645 millones 763 mil 797 pesos, correspondiente a omisiones del ejercicio fiscal 2011.
Sobre este caso, afirmó: “Como ministra no puedo presumir la existencia de ningún adeudo de nadie, pero en este caso ya se eximió del pago de 621 millones de pesos a una empresa de este grupo, en una resolución injustificada”.
La denuncia de la ministra Lenia Batres expone su perspectiva sobre presuntas irregularidades procesales y una supuesta colusión entre la SCJN y empresas de Salinas Pliego en temas de pagos fiscales, basándose en su experiencia directa en los casos.
