Agencias
CANCÚN.- La deuda de largo plazo que dejará la administración de Carlos Joaquín será alrededor de 5 mil millones de pesos superior a la que recibió, o sea, un 30% mayor a la que dejó Roberto Borge, según datos de la calificadora internacional Fitch Ratings, en un reporte emitido el pasado 25 de junio.
La principal razón tiene que ver con los 820 millones de pesos que solicitó para obras públicas, más lo que deberá pagar por el Puente de cuota Nichupté.
Según la calificadora, con los 820 millones, la deuda directa de largo plazo a fin de 2021 será de alrededor de 21 mil millones.
Sin embargo, pensando en 2023 (o sea, apenas asumida la próxima administración) la calificadora le suma a las deudas del estado el Puente Nichupté.
El reporte de Fitch Ratings dice textualmente, cómo puede verse abajo:
“Deuda de largo plazo adicional: MXN820 millones de acuerdo a los posibles planes de endeudamiento del estado sobre crédito Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); otras deudas consideradas por Fitch: en 2023 se incluye 80% del monto total de la inversión asociado a la APP para el desarrollo de un puente vehicular, conforme a cifras proporcionadas por la entidad y a estimaciones realizadas por Fitch.
El monto total autorizado para el Puente es de alrededor de 5 mil 611 millones de pesos, de los cuales 2 mil millones lo pondría la Federación a fondo perdido. El presupuesto actualmente sin embargo, dice que la obra costaría en total casi 4 mil 600 millones.
Descontando lo que ponga la Federación, el resto se pagará en 30 años con lo que se genere del peaje del Puente, con fondos propios del estado, y el Fondo General de Participaciones, que es el que respalda todas la deudas. Así lo dice el contrato, como se puede ver en las fotografías de abajo.
Si bien aún no está claro lo que se gastaría finalmente en el Puente, el estado debería afrontar entre 2500 y 3500 millones de pesos.
Por su parte, los 820 millones del crédito para obras se pagarán con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
O sea, la deuda total a fin de sexenio llegaría a un monto de entre 23 mil 500 y 24 mil 500 millones.
Según la versión del Gobierno del Estado, como esas dos deudas no son consideradas dentro del techo financiero que establece la Ley de deuda pública, (una, porque se financia con otro fondo; la otra, porque es una APP) no pueden ser consideradas como deuda.
Sin embargo, como ya se explicó más arriba, es dinero que se pide prestado a un banco, y se devuelve con intereses y con garantía de un fondo de Federal.
O sea, funciona igual que cualquier deuda.
Y aquí no se incluyen los 2079 millones de pesos que se pidieron de deuda de corto plazo, y
que deberían pagarse antes de que termine la administración.
Si el Gobierno decide no pagar las deudas de corto plazo y transformarlas en deuda de largo plazo, se deberá sumar ese monto a la deuda pública que heredará el actual gobernador.
Roberto Borge dejó una deuda de 18 mil 841 millones, según el reporte de la misma calificadora en diciembre de 2016, cuando inició la gestión de Carlos Joaquín.
Es el mismo dato que se tomó para reestructurar esa deuda, y que está en el Congreso del estado y en Sefiplan.
Con informacion de La Opinión de Quintana Roo
