Sin querer queriendo, la XVIII Legislatura estaría confirmando las verdaderas motivaciones de la Reforma Judicial, que básicamente consistió en “quítate tú para ponerme yo”.
Los congresistas quintanarroenses volvieron a aprobar una reforma en materia urbanista que ya había sido “bateada” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras un recurso del entonces ayuntamiento prianista de Solidaridad, encabezado por Lili Campos.
La Corte ya resolvió en abril de 2025 que la Constancia de Congruencia Urbanística Estatal era inconstitucional porque metía al Ejecutivo en atribuciones que corresponden únicamente a los municipios. Y lo dijo sin rodeos: el Estado no puede ponerse por encima de los ayuntamientos en materia de uso de suelo.
Ahora, el Congreso reinstala lo mismo con otro disfraz: dictamen de viabilidad. Incluso el diputado petista Hugo Alday lo advirtió en comisiones: cambiarle el nombre no borra la inconstitucionalidad.
El fondo es político y jurídico: los ayuntamientos saben que perder su autonomía es perder control sobre la planeación de su propio territorio. No por nada Lili Campos llevó el caso en 2023 y lo ganó dos años después.
Hoy, el Congreso parece empeñado en revivir un muerto con sentencia. Pero, ojo: el 1 de septiembre cambia la integración de la Corte. La nueva composición tendrá que resolver este mismo expediente con otra etiqueta.
La pregunta no es si caerá otra vez, sino si la próxima Corte sostendrá el criterio de defensa municipal o abrirá la puerta al control estatal.
