Agencias
Puerto Morelos.- Pese a haber conseguido una suspensión provisional para evitar su aprehensión, el proceso en contra de la exalcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, continúa, y será el próximo 29 de abril cuando se determine si la protección se mantiene o si se reactiva la orden de arresto por presuntos actos de corrupción.
La excandidata a gobernadora logró la medida judicial, luego de que realizara un depósito de 127 mil pesos como garantía, lo que activó la protección temporal ante cualquier intento de aprehensión por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.
El caso está vinculado con su gestión como presidenta municipal en Puerto Morelos, en el periodo de 2016 a 2021, cuando presuntamente habría incurrido en irregularidades administrativas y en un presunto desvío de recursos públicos por más de 78 millones de pesos.
Esto generó que el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo la inhabilitara por 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La resolución se emitió, luego que los integrantes del tribunal consideran que se comprobó su responsabilidad en una falta administrativa grave de abuso de funciones durante su gestión como presidenta municipal de Puerto Morelos,
La autoridad señaló que se adjudicaron contratos a empresas vinculadas a ella y su esposo, Carlos Alberto Moyano Menchaca, con presuntos incrementos millonarios en los costos.
Entre los contratos analizados se encuentra el de alumbrado público, que presuntamente aumentó de 42.9 millones a 381.6 millones de pesos. Además, se destaca el contrato de construcción de unidad administrativa, el cual pasó de 57.9 millones a 336 millones de pesos.
Durante la audiencia del próximo 29 de abril, un juzgado federal determinará si se le concede la suspensión definitiva, con lo que Fernández Piña podrá seguir el proceso en libertad y posiblemente evitar la cárcel.
Por el contrario, si el juez revoca la suspensión , la Fiscalía podrá ejecutar la orden de aprehensión en cualquier momento.
En caso de avanzar el proceso penal y comprobarse el delito, la pena podría incluir prisión y la obligación de resarcir el daño patrimonial.
SIM
