Ciudad de México, 27 de julio de 2025 – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta una semana decisiva. Con su actual integración a punto de concluir funciones, el Pleno ha agendado para el 5 de agosto, en su penúltima sesión, la discusión de los juicios de inconformidad que impugnan la reciente elección de magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un proceso que no ha estado exento de cuestionamientos y controversias.
La cuenta regresiva de la SCJN ante la elección judicial
La Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como fecha límite el 31 de agosto para resolver los casos que penden sobre la legitimidad de la elección judicial. Esta urgencia responde a que los magistrados electos están convocados a rendir protesta ante el Senado el 1 de septiembre, lo que subraya la criticidad de las decisiones que el máximo tribunal debe tomar en sus días finales.
El caso iván bravo olivas: Un desafío desde durango
Entre los asuntos programados, destaca la presentación y votación del proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Su tarea será determinar la procedencia de la impugnación promovida por Iván Bravo Olivas, un exjuez penal y exrepresentante del PAN en Durango, quien se identificó como exaspirante a magistrado del Vigésimo Circuito.
Bravo Olivas interpuso ante la SCJN un juicio de inconformidad contra el proceso federal de elección de magistradas y magistrados del TEPJF. Sus alegaciones se centran en supuestas irregularidades en los resultados consignados en las actas de cómputo, en la declaración de validez de la elección y en la entrega de constancias de mayoría. Su solicitud principal es la nulidad del proceso, pero de forma exclusiva en el estado de Durango. Sin embargo, su impugnación podría ser desechada por una cuestión fundamental: la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral solo faculta para este tipo de juicios a quienes formaron parte de la lista de candidaturas, lo que pone en entredicho su legitimación para proceder.
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La asociación poder ciudadano y la integración de la sala superior
Además del recurso de Bravo Olivas, La Corte tiene pendiente la resolución de otro juicio de inconformidad. Este fue promovido por la asociación Poder Ciudadano, que impugna directamente la elección de Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho como magistrados de la Sala Superior. Este segundo recurso ha sido turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, quien es el encargado de elaborar el proyecto correspondiente para su discusión. La coincidencia de estos casos en el umbral del cambio de integración judicial añade una capa de complejidad a las deliberaciones finales de la SCJN.
Multas y «acordeones»: Irregularidades financieras en la contienda judicial
El proceso de elección judicial no solo enfrenta desafíos en su legalidad procedimental, sino también en el ámbito de la transparencia financiera. El Instituto Nacional Electoral (INE) decidirá sobre las multas impuestas a 118 candidatos por haber aparecido en «acordeones» vinculados a la elección judicial, una práctica que ha levantado serias dudas sobre la equidad y la pulcritud de la contienda.
Sanciones directas a figuras clave
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De confirmarse las sanciones, el impacto económico recaerá sobre figuras de peso en el ámbito judicial y político. El próximo magistrado presidente, Hugo Aguilar, sería acreedor a una multa de 39 mil 712 pesos. La ministra Loretta Ortiz Ahlf enfrentaría una sanción de 127 mil 508 pesos. Por su parte, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Celia Maya, vería una multa de 146 mil 884 pesos. Estas cifras no solo representan un costo económico para los involucrados, sino que también evidencian las irregularidades que permean en los procesos de elección de cargos clave dentro del sistema de justicia, poniendo de manifiesto la necesidad de una rendición de cuentas rigurosa y transparente.
La presión sobre la SCJN es inmensa. En sus postrimerías, la Corte no solo cierra un ciclo, sino que potencialmente redefine el futuro de la justicia electoral en México. ¿Logrará la máxima instancia judicial disipar las sombras de duda sobre la reciente elección, o sus últimas decisiones dejarán un legado de incertidumbre en el «círculo rojo» y más allá?
