Morena y aliados han tenido en sus manos desde hace casi seis años la oportunidad de, al menos, ponerle límites al engendro de DHC-Aguakán, más que un símbolo del PRI y el neoliberalismo.
La propia empresa lo reconoce en su página web, donde afirma que las tarifas… “son establecidas por el Congreso del Estado para todos los municipios del estado”.
Obvio, desde que le fue entregada su concesión en 1993 y hasta 2016, Aguakán navegó en aguas tranquilas, pues el PRI (con sus entonces aliados del PVEM) tenía mayoría en el Congreso del Estado.
En 2016, si bien la gubernatura la ganó “el cambio” con Carlos Joaquín, la alianza PAN-PRD alcanzó una mayoría simple precaria, con votos prestados o rentados del PRI y el incipiente Morena.
Pero desde 2019, Morena, con sus aliados PVEM (que del PRI se pasó a la 4T) y PT, tiene mayoría en el Congreso del Estado. En aquella ocasión era “solo” mayoría absoluta (50 % + 1), suficiente para modificar la Ley de Cuotas y Tarifas.
Y a partir de 2022, Morena y aliados tienen mayoría calificada (67%) y un poco más.
De hecho, en la actual Legislatura, que entró apenas el año pasado, Morena y aliados tienen el 84% de las curules del Congreso del Estado.
Parafraseando a un clásico del conservadurismo español: Morena no ha metido orden en las tarifas de Aguakán porque no ha querido. Los votos en el Congreso los tiene desde 2019.
