En un nuevo episodio que sacude la Montaña Alta de Guerrero, el 27 de julio de 2025, el comisario municipal de Loma Canoa, Ignacio Nava Cervantes, de 65 años, fue asesinado a plena luz del día. Este crimen, perpetrado por un comando armado, expone una vez más la frágil situación de seguridad en la región, una de las más empobrecidas del país.
El asesinato en Loma Canoa y el silencio oficial
Ignacio Nava Cervantes caminaba por las calles de Loma Canoa, una comunidad en el municipio de Cochoapa el Grande, en la Montaña Alta de Guerrero, cuando fue emboscado y ejecutado por un comando armado. Este violento suceso se reportó en la mañana del 27 de julio de 2025. Fuentes de la Secretaría de Seguridad Estatal informaron sobre la ejecución del comisario municipal.
Lo que agrava el panorama es el prolongado silencio de las autoridades. Pese a la gravedad del hecho, hasta las 18 horas de ese día, ni la fiscalía del estado ni el gobierno habían emitido un comunicado oficial sobre la ejecución de Ignacio Nava. La confirmación provino directamente del alcalde de Cochoapa el Grande, Javier Gálvez García, quien lamentó que civiles armados fueran los responsables del ataque.
El pronunciamiento del alcalde y el posible móvil
El alcalde Javier Gálvez García, miembro del Partido del Trabajo (PT), se convirtió en la principal fuente oficial en romper el cerco informativo que rodeaba el crimen. Según Gálvez García, el móvil del asesinato de Ignacio Nava podría estar vinculado a una disputa de tierras entre el occiso y algunos vecinos de la comunidad.
Asimismo, el edil ofreció una explicación sobre la ausencia de seguridad en el momento del crimen. Manifestó que los policías municipales, asignados al módulo de seguridad de Loma Canoa, no estaban presentes cuando ocurrió el asesinato. Su ausencia se debió a que habían acudido a la cabecera municipal para brindar seguridad en un evento organizado por personal del programa federal Sembrando Vida, dejando desprotegida la comunidad.
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La advertencia de Tlachinollan: la expansión del crimen organizado
El asesinato del comisario Ignacio Nava se inscribe en un contexto de creciente inseguridad que ha sido advertido con antelación por organizaciones defensoras de los derechos humanos. A mediados de la semana, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lanzó una seria advertencia. Barrera Hernández señaló que “se ha dejado crecer a los grupos de la delincuencia organizada en la Montaña”.
El activista enfatizó que “los homicidios están a la orden del día” y que “está creciendo en la Montaña la presencia de los grupos de la delincuencia organizada”. Según Tlachinollan, la dinámica de poder en la región ha cambiado drásticamente: “antes los pueblos tenían el control, pero ahora hay varios municipios que son controlados por la llamada delincuencia organizada”. Esta situación se agrava con la existencia de “conflictos entre las comunidades”, lo que, según Barrera Hernández, confirma que “se ha dejado crecer a los grupos del crimen organizado en la Montaña de Guerrero”.
Antecedentes de violencia y el abandono de la zona
La ejecución de Ignacio Nava Cervantes no es un hecho aislado en Loma Canoa. Hace apenas dos semanas, se registró otro incidente alarmante en las inmediaciones de la misma comunidad. Presuntos civiles armados ejecutaron a los miembros de una Familia, incluyendo a una niña de 15 años, mientras transitaban en su vehículo. Este patrón de violencia subraya la vulnerabilidad de los habitantes y la aparente impunidad con la que operan los grupos armados en la zona.
La Montaña Alta de Guerrero, una región caracterizada por su extrema pobreza y difícil acceso, parece ser un territorio donde la ausencia estatal y el control de facto por parte de grupos armados se consolidan. La justificación del alcalde sobre la falta de policías municipales durante el homicidio del comisario refuerza la percepción de una infraestructura de seguridad precaria y sobrecargada.
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Gobernanza bajo asedio: la visita de Evelyn Salgado Pineda
La compleja situación de la región se vio expuesta hace dos semanas, cuando la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, junto con la subsecretaria de Gobernación federal, Rocío Bárcenas, visitaron la cabecera municipal de Cochoapa el Grande para poner en marcha el Tianguis del Bienestar. Este evento, destinado a mostrar el apoyo del gobierno, se vio opacado por la realidad local.
Justo al finalizar el Tianguis del Bienestar, indígenas de varias comunidades aledañas protestaron. Exigieron a la gobernadora que descendiera de su camioneta para constatar de primera mano el mal estado de los caminos, los cuales se encontraban afectados por el paso del huracán Erick. Ante la negativa de la mandataria a bajarse del vehículo, los pobladores optaron por retener a uno de sus guardaespaldas, a quien encerraron en la cárcel de la comisaría municipal. Este incidente, que ocurrió en las mismas fechas que otros actos de violencia, es un reflejo de la profunda brecha entre las autoridades y la población, así como de la desesperación que permea en la región.
