La jornada ha sido catalogada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como «un día de muerte». Esta declaración siguió a un ataque con explosivos en Cali y al derribo de un helicóptero policial en Amalfi, Antioquia, que dejaron un saldo provisional de al menos 18 muertos y decenas de heridos, reabriendo el debate sobre la violencia en Colombia y la estrategia de paz total del gobierno.
Recientes ataques golpean Colombia
Este jueves, Colombia se vio sacudida por dos ataques violentos que cobraron vidas y encendieron las alarmas sobre la situación de seguridad nacional. El presidente Petro vinculó estos incidentes directamente con disidencias de las Farc, aunque ningún grupo armado se ha atribuido la autoría.
Cali: El epicentro de la explosión
La ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, fue el escenario de un ataque con cilindros bomba dirigido contra la base aérea Marco Fidel Suárez. Las autoridades locales de Cali informaron que el incidente dejó al menos 6 civiles fallecidos y 65 personas heridas.
Testigos presenciales, citados por la agencia de noticias AFP, describieron explosiones cercanas a la base, una gran cantidad de heridos y múltiples viviendas dañadas. Diversos edificios fueron evacuados y se implementaron cierres de calles con restricciones a la circulación. Aunque inicialmente se detectó una furgoneta con cilindros bomba en su interior en la misma zona, posteriormente se descartó que estuvieran cargados.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha ofrecido una recompensa de hasta 400 millones de pesos (aproximadamente US$100.000) a quien aporte información que conduzca a la identificación y captura de los responsables. El Valle del Cauca, cuya capital es Cali, ha sido un blanco frecuente de ataques en los últimos meses. El pasado 10 de junio, se atribuyó al EMC una oleada de explosiones y ataques armados en Cali que dejó siete muertos. Otros 12 atentados en el vecino departamento del Cauca resultaron en ocho personas fallecidas.
Amalfi: Helicóptero policial derribado
Horas antes de los eventos en Cali, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la policía fue derribado en lo que el general Carlos Fernando Triana calificó como una «acción terrorista». En este ataque perdieron la vida 12 agentes.
Según Triana, estas acciones se produjeron «contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución». La emisora de radio W detalló que el ataque con drones ocurrió mientras la aeronave se dirigía a apoyar a un grupo de policías que adelantaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos.
En la región de Amalfi operan disidencias de las Farc y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el ataque al EGC, mientras que el presidente Petro lo vinculó con disidencias de las Farc.
La «paz total» de Petro bajo escrutinio
Estos ataques se producen en un contexto de crecientes cuestionamientos a la política de «paz total» impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Esta política, que prometió un mayor diálogo y conciliación con grupos armados, es vinculada por voces opositoras al deterioro de la seguridad en Colombia. Aunque los niveles de violencia no alcanzan los de hace décadas, la percepción ciudadana se ve fuertemente afectada.
Reacciones y acusaciones
Tras los ataques, que no parecen estar vinculados entre sí, la oposición al gobierno de Petro ha endurecido sus críticas a la gestión de seguridad del actual mandatario. El partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, expresó en la red social X: «Mientras la seguridad del país se deteriora de manera alarmante, el Gobierno Petro concentra sus esfuerzos y los recursos del Estado en proteger a los criminales de las FARC y el ELN con el argumento de los diálogos de la ‘paz total'».
En una línea similar, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, afirmó en una carta que «resulta evidente que la llamada política de paz total del gobierno de Gustavo Petro ha fracasado en su propósito de reducir la violencia».
En su defensa, Petro ha presentado una gráfica de la Policía Nacional que muestra que la tasa de homicidios durante su gobierno es considerablemente menor a la registrada en administraciones pasadas, incluida la de Gaviria.
La compleja geografía del conflicto
En regiones como el Valle del Cauca y Cauca, que alberga la tercera ciudad más poblada de Colombia, Cali (con 2,2 millones de habitantes), confluyen diversas disidencias de las Farc, facciones herederas del paramilitarismo y el ELN. Todos estos grupos se disputan el control territorial y mantienen una pugna armada entre sí y contra el Estado colombiano.
Expertos consultados señalan que, mientras las negociaciones de paz con varios grupos armados –incluyendo el EGC, disidencias de las Farc y el ELN (estas últimas suspendidas)– se suceden, varios de estos grupos armados se han «refortalecido en los últimos tiempos», particularmente en el control territorial y de economías ilícitas.
Un panorama de meses convulsos
Desde el inicio de 2025, los colombianos observan con preocupación un recrudecimiento de la violencia, manifestándose con escenas que muchos creían superadas.
Deterioro de la seguridad y crisis humanitarias
En enero, una grave crisis humanitaria azotó la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, debido a una escalada militar entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. Este conflicto dejó un saldo de al menos 117 muertos y más de 60.000 personas desplazadas. Dicho episodio coincidió con múltiples enfrentamientos mortales en Cauca, Guaviare, el sur de Córdoba, el Magdalena Medio o el Cesar; todas áreas donde grupos armados luchan por el control territorial.
Jorge Mantilla, doctor en criminología y consultor en temas de crimen, seguridad y conflicto colombiano, ya había advertido en una entrevista sobre la «implosión» de la política de seguridad de Petro.
Polarización política y las elecciones
Meses después, el 7 de junio, el precandidato presidencial y senador opositor Miguel Uribe Turbay fue atacado a balazos en Bogotá. Su fallecimiento en la madrugada del 11 de agosto representó el primer magnicidio en Colombia en las últimas tres décadas.
A menos de un año para las elecciones presidenciales, la polarización de la política colombiana se centra cada vez más en la seguridad, una preocupación que inquieta progresivamente a un amplio sector de la ciudadanía.
