Una escalada de violencia del crimen organizado y desplazamiento forzado asola comunidades enteras en Chiapas, una realidad que, según católicos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, las autoridades federales y estatales «pretenden ignorar». Este clamor resuena con fuerza en medio de un panorama de creciente inseguridad.
La peregrinación por la paz: Un grito contra la omisión
Los feligreses, integrantes del llamado Pueblo Creyente, encabezaron una Peregrinación por la paz en el municipio de Venustiano Carranza. Durante la movilización, expusieron que diversas regiones de Chiapas son escenarios de secuestros, desapariciones y asesinatos, directamente relacionados con los enfrentamientos entre cárteles de la droga por la disputa de territorio.
“La disputa de territorio por grupos criminales ha ocasionado el desplazamiento forzado de familias completas. El narcomenudeo ha penetrado en las escuelas de zonas urbanas y en nuestras comunidades de la parroquia”, aseveraron en una declaración que subraya la profundización del control criminal.
La expansión criminal y sus consecuencias
El Pueblo Creyente alertó sobre el alarmante aumento de establecimientos que venden alcohol, los cuales se han transformado en centros de corrupción de menores y venta de drogas. Denuncian que en estos lugares “el gobierno ya no tiene el control, e incluso algunas autoridades están coludidas”. Esta acusación directa sobre la complicidad o inacción gubernamental agrava el escenario de desgobierno.
Añadieron que los ataques a poblaciones no solo buscan infundir terror, sino que los delincuentes pretenden apoderarse de tierras para explotar recursos naturales. Lamentaron que, a pesar de las constantes denuncias y evidencias, los gobiernos estatal y federal mantienen un discurso oficial de negación. “Pareciera que las autoridades viven en un mundo paralelo y distinto al del pueblo, pero tienen responsabilidad de esta violencia que sufrimos a nivel estatal y nacional”, recriminaron con contundencia.
Presos políticos: Una exigencia de justicia
Durante la movilización, los participantes exigieron la liberación de Manuel Santiz Aguilar, Juan Velazco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velazco, Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz. Originarios de los municipios de San Juan Cancuc y Pantelhó, estas personas son consideradas presos políticos por el Pueblo Creyente.
“Buscamos los caminos de diálogo para la resolución de los conflictos en nuestras comunidades. Procuramos no caer en este juego de violencia y venganza que promueve el Estado. No vamos a creer en su mensaje de que ‘no pasa nada’”, concluyeron los feligreses, rechazando la narrativa oficial de minimización de la crisis.
El desplazamiento forzado, una realidad documentada
La situación en Chiapas ha trascendido las fronteras, evidenciando la magnitud del problema. El 20 de agosto, el Instituto Guatemalteco de Migración informó que otorgó el estatus de permanencia por razones humanitarias a 161 chiapanecos “desplazados por la violencia del crimen organizado en Frontera Comalapa”.
La respuesta humanitaria desde Guatemala
El organismo detalló en un comunicado que “en total, 39 familias fueron entrevistadas y beneficiadas con este pase humanitario, además de recibir atención interinstitucional en el departamento de Huehuetenango”. Este dato confirma, desde una fuente externa e institucional, la severidad del desplazamiento forzado Chiapas provocado por la violencia, contrastando con el “discurso de negación oficial” señalado por el Pueblo Creyente.
La disonancia entre la realidad vivida y el discurso oficial plantea interrogantes profundos sobre la gobernabilidad y el futuro de estas comunidades. ¿Hasta cuándo podrá el Estado ignorar el clamor de sus ciudadanos frente a la creciente impunidad y violencia del crimen organizado?
