La familia de Alejandro Carranza Medina, un pescador de Santa Marta asesinado en septiembre de 2025, ha llevado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Carranza fue víctima de uno de los ataques de Estados Unidos a presuntas “narcolanchas” en el mar Caribe. Esta es la primera denuncia formal ante un organismo internacional que cuestiona las «ejecuciones extrajudiciales» perpetradas por Washington.
La muerte en el mar Caribe y las acusaciones a Estados Unidos
Alejandro Carranza Medina salió a pescar a mar abierto desde la ciudad de Santa Marta el 15 de septiembre de 2025. Pocos días después, sus familiares confirmaron a la agencia Afp que había aparecido muerto tras ser blanco de un ataque perpetrado por Estados Unidos (EU) contra una presunta embarcación de narcotráfico.
La viuda, Katerine Hernández, aseguró en entrevista con la Afp en octubre que Carranza era un «muchacho de bien» y que no tenía ningún vínculo con el narcotráfico.Detalles clave sobre la víctima y su situación:
- Carranza dejó a cuatro hijos.
- Según la denuncia, su familia ahora está recibiendo amenazas de paramilitares en la zona.
- Su actividad diaria y probada, según la viuda, era la pesca.
Los ataques de Washington contra estas supuestas «narcolanchas», tanto en el Caribe como en el Pacífico, han resultado en la muerte de más de 80 personas.
La cadena de mando señalada: Hegseth y el apoyo presidencial
La denuncia ante la CIDH, a la que la Afp tuvo acceso el miércoles 3 de diciembre de 2025, señala explícitamente a los responsables de alto nivel en el gobierno estadounidense.
La defensa acusa directamente a:
> «Sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, fue el responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas.»
Además, la denuncia añade peso político al indicar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, «ha ratificado la conducta del secretario». El contexto se agrava al recordar que el propio Pete Hegseth había declarado previamente que, aunque hubo una pausa, los ataques a «narcolanchas» apenas estaban empezando.
La representación legal de la familia Carranza corre a cargo de Dan Kovalik, quien también funge como abogado del presidente colombiano Gustavo Petro en Estados Unidos.
Crisis diplomática: Colombia califica los hechos de ejecuciones extrajudiciales
El incidente de Carranza se inserta en un periodo de alta tensión entre Colombia y Estados Unidos, aliados históricos que atraviesan sus «horas bajas». El presidente Gustavo Petro ha prometido su apoyo a la familia Carranza y se ha referido a estas muertes como «ejecuciones extrajudiciales», intensificando sus constantes choques con Estados Unidos.Consecuencias en la relación bilateral:
- Washington retiró a Colombia la certificación como aliada antidrogas.
- Se multiplicaron las sanciones contra Gustavo Petro y su círculo cercano.
En este marco, la Casa Blanca ha repetido que el siguiente paso en su lucha contra el narco es una acción terrestre, principalmente enfocada en Venezuela. Para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien está en el poder en un cuestionado tercer mandato presidencial, los ataques a las embarcaciones esconden el objetivo real de derrocarlo.
La denuncia ante la CIDH no solo busca justicia para un pescador presuntamente inocente, Alejandro Carranza Medina, sino que también fuerza un debate internacional sobre la legalidad y ética de la estrategia antidrogas de Estados Unidos en el hemisferio, mientras las relaciones diplomáticas continúan deteriorándose.
