El acuerdo de la Unión Europea para la reducción de emisiones UE 2040 en un 90 por ciento marca un hito, pero también revela profundas divisiones internas. Aunque jurídicamente vinculante, la meta alcanzada es menos ambiciosa que la originalmente propuesta, reflejando el alto costo político y económico de la transición ecológica en el continente.
Contexto: El ambicioso, pero dividido, objetivo de la Unión Europea
La Unión Europea (UE) alcanzó un acuerdo jurídicamente vinculante destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 90 por ciento para el año 2040, tomando como referencia los niveles registrados en 1990. Este compromiso, informado por el Parlamento Europeo, supera los esfuerzos de reducción de la mayoría de las grandes economías mundiales.
No obstante, el objetivo final es inferior al recomendado por los asesores científicos de la UE en materia de cambio climático, y resulta más débil que el original que se había planteado. Esta disparidad es reflejo directo del desacuerdo entre los países miembros respecto a la velocidad y el costo de su programa ecológico.
El comisario de Clima de la UE, Wopke Hoekstra, destacó la importancia del pacto en un comunicado. Señaló que “este acuerdo demuestra que clima, competitividad e independencia van de la mano y envía un poderoso mensaje a nuestros socios mundiales”. Asimismo, añadió que la legislación climática alcanzada es “firme, pero realista”.
Los mecanismos financieros y la compra de créditos
El acuerdo establece mecanismos específicos para lograr el recorte del 90 por ciento de las emisiones. Entre ellos, destacan:
- Se exigirá que las industrias de la UE reduzcan sus emisiones en 85 por ciento.
- Se contempla la compra de créditos de carbono extranjeros para cubrir el 5 por ciento de los recortes totales.
- A partir de 2036, los países de la UE deberán pagar a terceros países para que estos reduzcan las emisiones en su nombre, compensando el resto del porcentaje.
Es importante señalar que, para que este objetivo se convierta en ley, deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los países de la UE, lo que suele ser una formalidad que se salda con acuerdos previos.
La fractura política interna y las exigencias industriales
El objetivo del 90 por ciento representa un compromiso político gestado tras meses de negociaciones. Las tensiones surgieron principalmente entre los gobiernos que priorizan la acción climática inmediata y aquellos que temen el impacto económico en sus sectores productivos.
Varios países se opusieron firmemente a mayores recortes de dióxido de carbono, argumentando que serían demasiado extenuantes para sus industrias locales:
- Opositores clave: Gobiernos como los de Polonia, Eslovaquia y Hungría expresaron su preocupación.
- Motivos de la oposición: Estas naciones luchan actualmente contra los altos costos energéticos, la competencia de importaciones chinas más baratas y los aranceles estadounidenses, lo que hace que un aumento en la carga regulatoria sea visto como insostenible.
Por otro lado, miembros como Países Bajos, España y Suecia defendieron un objetivo más elevado. Sus argumentos se centraron en el agravamiento de los fenómenos meteorológicos extremos y la necesidad de alcanzar a China en la fabricación de tecnología ecológica.
Las políticas climáticas que se debilitan por el consenso
Para poder ganarse el apoyo de los detractores y alcanzar el consenso final, la UE también tuvo que acordar el debilitamiento de otras políticas climáticas consideradas políticamente sensibles. El punto más notorio fue el retraso de un año, hasta 2028, en la puesta en marcha de un precio del carbono que se aplicaría a los combustibles.
En el contexto económico global: otras medidas clave
Si bien el acuerdo de reducción de emisiones de la Unión Europea captó la atención internacional el 10 de diciembre de 2025, otros movimientos en la agenda económica global y nacional merecen mención:
- Registro de Servicios en México: El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el aviso sobre el inicio del periodo para incorporarse al Sistema Informático de Registro de Servicios. Esta obligación entrará en vigor a partir del jueves 11 de diciembre de 2025.
- Aranceles de Estados Unidos a Nicaragua: El gobierno estadounidense impondrá aranceles graduales a Nicaragua. La medida se toma tras detectar abusos laborales en el país centroamericano. Los aranceles arrancarán con cero por ciento el 1 de enero de 2026 y aumentarán a diez por ciento el 1 de enero de 2027, llegando a 15 por ciento el 1 de enero de 2028.
El acuerdo de la UE, aunque ambicioso en cifras globales, subraya la profunda tensión entre la urgencia climática y la viabilidad económica en un panorama geopolítico complejo. La pregunta es si un objetivo «firme, pero realista» será suficiente para detener los efectos más graves del cambio climático o si las concesiones políticas terminarán costando demasiado caro al futuro ambiental del continente.
