Tras días de parálisis en las principales vías de comunicación del país, la Secretaría de Gobernación (Segob) logró desactivar la crisis con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC). La tregua de los bloqueos transportistas y agrícolas, iniciados el lunes, se concretó este 27 de noviembre de 2025, pero no sin compromisos de alto calado legislativo y financiero por parte del Gobierno de México.
El acuerdo de más de 13 horas que puso fin a la crisis
La tarde del 27 de noviembre de 2025, la Secretaría de Gobernación emitió el Comunicado 092, confirmando que, tras una reunión con dirigentes de productores agrícolas y transportistas, los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que se mantenían en diversos estados del país. Este acuerdo buscó terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia.
El encuentro, celebrado en la sede de la Secretaría de Gobernación (SG), se mantuvo de manera ininterrumpida por más de trece horas, iniciando a las ocho de la mañana. Participaron funcionarios federales y representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para dar seguimiento a las peticiones, la dependencia manifestó su disposición para la entrega de los apoyos correspondientes directamente en territorio a cada productor. Además, se informó a los dirigentes sobre los programas y acciones institucionales que aplicaría el Gobierno de México en los diferentes estados para atender sus demandas, e instalaron tres mesas de trabajo fundamentales:
- Una para abordar las inquietudes sobre el tema de seguridad en carreteras.
- Otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua.
- La tercera para atender los temas del campo.
Compromisos federales en materia legislativa
La negociación resultó en promesas concretas que buscan modificar la agenda legislativa federal. Dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmaron que las autoridades se comprometieron a modificar la iniciativa de Ley General de Aguas.
Al concluir el diálogo, Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM, explicó que la iniciativa de Ley General de Aguas tendrá ajustes cruciales, particularmente en el tema de las concesiones de agua, para que estas «se puedan heredar». Adicionalmente, se perfila que se dé «un trato diferenciado cuando se trate de agua para la agricultura o se trate de aguas de uso industrial o de otro tipo», aunque manteniendo la premisa legislativa de privilegiar el uso doméstico del líquido extraído de pozos.
De igual forma, se discutirá la petición hecha por los manifestantes para «la exclusión de los granos básicos y la oleaginosas» en la eventual revisión del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El objetivo es que, mediante esta exclusión, sea el mercado nacional el que fije los precios, garantizando así precios de garantía y créditos para el campo, para lo cual habrá «una mesa de trabajo permanente» con nuevas reuniones ya programadas.
Seguridad en carreteras y pagos pendientes
El tema de la inseguridad en las carreteras fue uno de los principales motivadores de los bloqueos. En este aspecto, se acordó la creación de una fiscalía especializada en delitos en carreteras.
David Estévez, líder de la ANTAC, apuntó que se pactó que las policías estatales ya no participarán en la vigilancia en las carreteras, salvo que estén «vigilados» por la Guardia Nacional. Además, se instalarán cámaras de seguridad en diversos puntos de la infraestructura carretera para mitigar los riesgos.
En el ámbito agrícola, Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, agregó que se obtuvo un compromiso del gobierno federal “para sacar todos los pagos pendientes de los apoyos que hemos venido reclamando del trigo y maíz”.
El contrapunto legislativo: cerrazón y rechazo a la ley de aguas
Mientras la Secretaría de Gobernación lograba la tregua, los productores agrícolas y transportistas buscaron, en paralelo, apoyo en el Poder Legislativo. Productores del Frente Nacional para el Rescate al Campo, representantes de ANTAC y Campesinos Unidos de Sinaloa se reunieron con legisladoras y legisladores del Senado de la República para demandar consensos y respuestas inmediatas, denunciando la falta de diálogo con el Poder Ejecutivo.
Aunque la convocatoria fue abierta a todos los grupos parlamentarios, solo asistieron legisladoras y legisladores de Acción Nacional (PAN) y algunos del PRI. El senador Mario Vázquez, de Chihuahua, señaló que «las y los senadores de Morena decidieron no presentarse», lo que los productores interpretaron como una «cerrazón del Gobierno».
Preocupaciones en el senado sobre la ley de aguas nacionales
El senador Vázquez explicó que las organizaciones del campo buscan espacios en ambas Cámaras (Senado y Cámara de Diputados) para exponer las razones detrás de las recientes movilizaciones, entre las cuales destacan las siguientes exigencias que fueron detalladas ante los legisladores:
- Apoyo inmediato al campo y a la comercialización de granos básicos: Piden la intervención del Gobierno Federal para garantizar precios justos en la venta de maíz y frijol.
- Seguridad para transportistas: Productores y transportistas —incluidos hombre-camión y mujer-camión— denunciaron el aumento de la inseguridad en las carreteras, con asaltos, desapariciones y más de un centenar de incidentes registrados. También alertaron sobre el deterioro de la infraestructura carretera.
- Rechazo a la iniciativa de Ley de Aguas Nacionales: Los productores expresaron profunda preocupación por diversos puntos de la propuesta presidencial, al considerar que centraliza decisiones, elimina la transmisión de derechos y criminaliza al productor.
Los senadores de oposición, incluido el PRI, afirmaron mantener apertura al diálogo para mejorar iniciativas de ley. El senador Mario Vázquez subrayó que los productores reconocen el derecho humano al agua, pero advirtieron que este no debe contraponerse con el derecho a producir alimentos ni con el derecho a la alimentación.
El rechazo a la iniciativa presidencial se fundamenta en los siguientes puntos críticos, que los productores reiteraron:
- Eliminación de transmisiones de derechos de agua entre particulares: Recordaron que en el campo el binomio tierra-agua representa producción y patrimonio. Restringir estas transmisiones resta certeza jurídica, desalienta inversiones en riego y dificulta el acceso al crédito.
- Centralización de decisiones en una sola Autoridad Nacional del Agua: Actualmente, la Conagua opera mediante trece organismos de cuenca con características y necesidades distintas. La iniciativa elimina estas instancias regionales, generando inquietud.
- Criminalización de prácticas tradicionales de manejo de agua: La propuesta fija multas de dos a cinco millones de pesos por desviar agua de su cauce natural, lo que afectaría infraestructura menor como los presones utilizados en el norte del país para infiltrar agua o abastecer al ganado.
Para concluir, el senador por Chihuahua señaló que los productores reiteraron su rechazo a la reforma, y pidieron ser tratados como socios en la negociación con la industria, recordando que son quienes proveen la materia prima que sostiene al país. El panorama revela que, si bien la Segob desactivó los bloqueos carreteros, el conflicto de fondo, especialmente el legislativo en torno al agua, está lejos de resolverse.
