La Cámara de Diputados dio un paso trascendental al aprobar un bloque de 17 reformas para erradicar la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, este avance legislativo, que busca la «igualdad sustantiva México», se enfrenta a una dura crítica opositora: la falta de garantía presupuestal, sembrando dudas sobre la viabilidad real de las ambiciosas medidas.
Diputados aprueban iniciativa que transforma 17 leyes
En una sesión celebrada el martes 2 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma 17 leyes y abroga una más. El propósito central es regular las medidas de protección que el Estado debe implementar en favor de mujeres, niñas y adolescentes, y atacar fenómenos como la discriminación, la violencia y el acoso contra ellas.
La iniciativa fue enviada a San Lázaro el pasado 25 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque todos los grupos parlamentarios votaron a favor en lo general, el PRI y el PAN votaron en contra en lo particular por considerar que la propuesta no garantiza los recursos económicos suficientes para aplicar los cambios en la práctica.
Tras la exposición de diversas reservas —ninguna de las cuales fue aceptada a discusión—, el dictamen fue avalado por el pleno de la Cámara con la siguiente votación:
- 333 votos a favor: Morena y sus aliados.
- 70 en contra: PAN y PRI.
- 22 abstenciones: Casi todas ellas de la bancada del tricolor.
El dictamen fue enviado al Senado para la continuación de su trámite legislativo.
La transición hacia la igualdad sustantiva
Al fundamentar la propuesta del Ejecutivo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Ana Miriam Burgos, de Morena, subrayó que la reforma implica transitar “de la igualdad formal, la que dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, a la igualdad sustantiva”.
Uno de los puntos destacados del dictamen es que las instituciones “deberán planear, presupuestar y ejecutar políticas públicas con perspectiva de género”. Además, se exige la implementación de:
- Métricas, programas, acciones y mecanismos coordinados para cerrar brechas históricas.
- La medición de impacto obligatoria. Todas las autoridades deberán evaluar resultados con indicadores claros, datos desagregados y mecanismos de seguimiento.
La morenista agregó que, de esta forma, “la igualdad sustantiva ya no podrá quedarse en discursos ni en buenas intenciones, ahora deberá demostrarse con evidencia”.
Fortalecimiento de la protección y derechos clave
En materia de violencia contra las mujeres, la iniciativa prevé el fortalecimiento de las órdenes de protección, seguimiento y trazabilidad. Crucialmente, diferencia la violencia vicaria de la violencia familiar, armoniza protocolos nacionales y estatales, y le da a la Secretaría de las Mujeres “capacidad real” de emitir y supervisar la Alerta de Violencia de Género (AVG).
Alcance de la reforma en áreas vitales
El paquete legislativo impacta diversas esferas públicas y privadas:
1. Educación: Se incorpora la perspectiva de género desde la primera infancia y se fortalecen los protocolos contra el acoso y el hostigamiento.
2. Salud: Se garantiza una atención libre de violencia obstétrica, servicios de salud mental, sexual y reproductiva, con enfoque diferenciado y la gratuidad para quienes más lo necesitan.
3. Laboral: Se establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor. Asimismo, se fijan obligaciones claras para prevenir el acoso y el hostigamiento en los centros de trabajo y se reconoce y protege la trayectoria laboral de quienes realizan labores de cuidado.
4. Seguridad social: Se define que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) eliminen prácticas discriminatorias y capaciten a todo su personal en temas de perspectiva de género.
5. Vivienda: Los programas gubernamentales deben incorporar criterios preferentes que garanticen el acceso de las mujeres y reconozcan su derecho a la propiedad en igualdad.
6. Migración: Se obliga a las instituciones a actuar con perspectiva de género y otorgar medidas de protección inmediatas a toda mujer migrante ante riesgos de trata, explotación, violencia sexual o abuso.
7. Cultura y ciencia: Se establecen acciones afirmativas para garantizar la participación equitativa de las mujeres e impulsar su talento.
Adicionalmente, se fortalece a la Secretaría de las Mujeres como la instancia que coordinará políticas nacionales, emitirá y dará seguimiento a las Alertas de Violencia de Género, y dirigirá el Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva, garantizando una mayor articulación interinstitucional.
La crítica opositora: una reforma sin fondos
Aunque la oposición reconoció que el dictamen representa un avance normativo, el PAN y el PRI hicieron énfasis en que la propuesta presidencial no garantiza que las instituciones recibirán los fondos necesarios para cumplir con sus nuevas obligaciones.
La panista Ana María Balderas Trejo alertó que la enmienda no es solo una «reforma técnica», sino una “recentralización de poder” y un diseño que “abre la puerta a usos políticos”. La legisladora también advirtió que la reforma crea mandatos de gasto sin techo financiero y pone en riesgo derechos fundamentales como:
- La presunción de inocencia.
- El debido proceso.
- La imparcialidad judicial.
Balderas Trejo puntualizó que las disposiciones “obligan a la federación y a los estados a incorporar partidas específicas, pero sin un estudio de viabilidad, sin costo-beneficio y sin techo financiero”. En ese sentido, aseveró que “no se puede gobernar con órdenes de gasto sin dinero, ni se puede exigir más obligaciones sin un respaldo presupuestal”.
De la misma bancada, Tania Palacios Kuri señaló que la desigualdad “es un problema estructural, que no se arregla con parches, sino con decisiones”, y que el país “no falla por falta de legislación, sino por falta de voluntad política, de coordinación y de presupuesto”.
Durante la discusión en lo particular, PRI y PAN coincidieron en lamentar que el gobierno federal ha subejercido hasta 51 por ciento de los fondos aprobados para el año en curso en temas como salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres, por lo que hicieron ver el riesgo de que este escenario de inejecución presupuestal se repita con las reformas aprobadas.
Las reformas avanzan la igualdad sustantiva al nivel de la ley, una victoria jurídica innegable; sin embargo, si la advertencia de la oposición sobre la ausencia de recursos se materializa, el ambicioso andamiaje legal de la presidenta Claudia Sheinbaum corre el riesgo de convertirse en letra muerta. La pregunta central es: ¿cómo se puede transitar a una igualdad sustantiva sin garantizar el techo presupuestal que permita pasar de la promesa a la evidencia?
