La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha atraído un caso de alto impacto que definirá el futuro legal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. La decisión de este miércoles pondrá bajo el escrutinio del máximo tribunal si la orden de aprehensión Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado de dinero debe ejecutarse.
La Suprema Corte asume un caso de alto impacto
La votación que atrajo el amparo 54/2024
Con una votación dividida de cinco votos contra cuatro, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo este miércoles el Amparo en Revisión 54/2024. Este recurso es clave para determinar si debe ejecutarse la orden de aprehensión girada contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador panista de Tamaulipas, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero.
La decisión de la Corte se dio mediante una Solicitud de Ejercicio de Facultad de Atracción (SEFA) formulada por la Fiscalía General de la República (FGR). A favor de la atracción se pronunciaron los ministros Sara Irene Herrerías Guerra, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo y María Estela Ríos González. En contra votaron Hugo Aguilar Ortiz (presidente), Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García.
Los cargos originales contra el ex gobernador
El asunto se originó con una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, girada el 4 de octubre de 2022 por un juez federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. En dicha orden, la FGR lo acusó de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Según las imputaciones de la FGR, el ex mandatario habría sido responsable de operaciones irregulares. Entre ellas, se señala que desde su cargo de gobernador de Tamaulipas favoreció a empresas de las que era accionista para celebrar contratos de obras públicas con su propio gobierno, por un monto acumulado de 105 millones de pesos.
La compleja ruta legal: Amparos y recursos
El 11 de octubre de 2022, Francisco Javier García promovió un amparo indirecto ante los juzgados de distrito en Tamaulipas, argumentando la ilegalidad de la orden de captura. El 27 de febrero de 2023, el juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito, emitió una primera sentencia. En ella, concedió la protección de la justicia federal al integrante del Partido Acción Nacional (PAN) contra la orden de aprehensión.
Inconforme con esta resolución, el Ministerio Público Federal interpuso un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito. El 17 de agosto de 2023, el tribunal revocó la resolución e instruyó al Juzgado Octavo de Distrito, entonces a cargo de Adriana Yolanda Vega Marroquín, a reponer el procedimiento.
En acatamiento a la instrucción del tribunal, el 30 de noviembre de 2023, el Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas dictó una nueva sentencia. En este nuevo fallo, se otorgó nuevamente el amparo y protección de la justicia federal al ex gobernador. La resolución ordenó a Enrique Beltrán Santes, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, que dejara insubsistente la orden de aprehensión del 4 de octubre de 2024 contra Cabeza de Vaca.
Además, instruyó al juez Beltrán Santes a dictar una nueva resolución en la que debía señalar que “no existen datos que acrediten que se han cometido los hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, ni la probabilidad de que (el ex gobernador) los cometió o participó en su comisión”.
El juzgador concluyó que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para acreditar la existencia del delito ni la probable responsabilidad del ex gobernador. Señaló que la FGR actuó con insuficiencia probatoria y omitió datos relevantes que justificaban las transferencias bancarias como compraventas de inmuebles declaradas ante el SAT.
La decisión de la Suprema Corte será crucial, no solo para la trayectoria legal del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino también para sentar un precedente sobre los límites de la acción penal contra figuras políticas y la interpretación de pruebas en casos de alta complejidad. ¿Podrá la justicia mexicana cerrar este capítulo con una resolución definitiva y contundente?
