La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una orden contundente a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, exigiéndole acciones concretas para la despenalización del aborto. Esta decisión judicial expone la resistencia del estado y subraya una paradoja política, colocando a Morelos en el centro del debate nacional sobre los derechos reproductivos y la inacción gubernamental.
Un fallo histórico que vincula al Poder Ejecutivo
El 02 de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, implementar acciones tendientes a despenalizar el aborto. Morelos, junto con otras seis entidades en el país, sigue criminalizando a las mujeres por este hecho, una situación que, solo el año pasado, resultó en la apertura de 20 carpetas de investigación por dicho delito en el estado.
La sentencia, derivada del amparo en revisión 570/2024, fue hecha pública por la primera sala de la SCJN. Este fallo vincula directamente al Poder Ejecutivo estatal para lograr la despenalización. La resolución fue concedida por mayoría de votos tras un amparo promovido por 48 mujeres y personas con posibilidad de gestar en Morelos. Su reclamo principal se centró en el incumplimiento de las autoridades de salud estatales de sus obligaciones de difundir, informar e instaurar los servicios de aborto.
Las obligaciones de Margarita González Saravia y el desafío político
De acuerdo con la resolución de la SCJN, la mandataria morenista deberá presentar una nueva iniciativa ante el Congreso local para la despenalización. Alternativamente, tiene la obligación de «hacer incidencia» para que el dictamen ya aprobado por la legislatura en mayo de 2025 sea subido al pleno. Este doble camino subraya la urgencia y la responsabilidad directa que recae sobre el poder ejecutivo estatal.
Además, tanto la titular del Ejecutivo estatal como los servicios de salud deberán ejercer la facultad prevista en el artículo 4 del estatuto del organismo público descentralizado, denominado Servicios de Salud Morelos. El objetivo es proponer la adecuación del Código Penal bajo estándares internacionales en materia de aborto, garantizando así la plena observancia de los derechos reproductivos.
La crítica a la inacción de Morelos: Una contradicción ideológica
Activistas de la Campaña Aborto Legal Morelos, entre ellas su vocera Tania Osiris, junto a integrantes de organizaciones feministas locales y nacionales, han expresado una crítica contundente. Consideran que Morelos parece estar gobernado por un político del Partido Acción Nacional (PAN) y no por uno de Morena, dada la persistencia de la criminalización del aborto en la entidad.
Esta situación se replica en otros estados donde tampoco se ha despenalizado el aborto, a pesar de las afiliaciones partidistas. Entre ellos se encuentran Guanajuato y Querétaro, gobernados por el PAN; Sonora, Tlaxcala y Tamaulipas, también bajo gobiernos de Morena; y Nuevo León, bajo la administración de Movimiento Ciudadano. La orden de la Suprema Corte, por tanto, no solo es un llamado a la acción para Morelos, sino también un recordatorio de la deuda pendiente en derechos reproductivos a nivel nacional.
La Suprema Corte ha trazado una hoja de ruta ineludible para Morelos. ¿Estará la administración de Margarita González Saravia a la altura del mandato judicial y las expectativas de la sociedad civil, o la inercia política seguirá prevaleciendo sobre el derecho de las mujeres a decidir?
