La Suprema Corte dinamita la Ley del IMSS de 1973 por inconstitucional

La Segunda Sala de la SCJN emite una decisión histórica: la Ley del Seguro Social de 1973 vulnera la igualdad. Analizamos las implicaciones de la reforma pensiones IMSS 1973.
La Suprema Corte dinamita la Ley del IMSS de 1973 por inconstitucional

Una determinación de alto impacto sacude el sistema de seguridad social mexicano. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado una sentencia que podría redefinir los montos de la reforma pensiones IMSS 1973, al detectar una violación crucial al derecho a la igualdad.

El fallo histórico que cimbra al Instituto Mexicano del Seguro Social

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió recientemente una decisión histórica en materia de seguridad social en México. Este fallo apunta directamente a la médula del sistema de jubilaciones establecido hace décadas.

El núcleo del problema, y la razón del pronunciamiento del máximo tribunal, reside en la Ley del Seguro Social de 1973, un marco normativo que, según la determinación, presenta graves inconsistencias constitucionales al vulnerar principios fundamentales.

La vulneración del derecho a la igualdad

La sentencia de la SCJN fue contundente al señalar que la Ley del Seguro Social de 1973 vulnera de manera explícita el derecho a la igualdad de los derechohabientes.

Esta violación se materializa en la metodología empleada para el cálculo de las prestaciones económicas. Específicamente, el alto tribunal encontró que la legislación:

  • Establece porcentajes diferentes para la determinación del monto final de las pensiones.
  • Esta diferenciación se basa directamente en el parentesco del beneficiario, un criterio que la Corte considera discriminatorio.

La implicación de esta resolución es profunda, obligando a una revisión de los criterios que rigen el cálculo de las pensiones y prometiendo un cambio significativo para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La decisión de la Segunda Sala abre ahora un debate fundamental: ¿hasta qué punto los esquemas de seguridad social diseñados en el siglo pasado resisten el escrutinio constitucional moderno y qué consecuencias financieras tendrá esta exigencia de equidad para las arcas del Estado mexicano?

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