Tras una intrincada disputa legal de cinco años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumirá la resolución definitiva del controvertido litigio por terrenos en Santa Fe. Esta decisión, largamente esperada, enfrenta a la Fiscalía General de la República (FGR) con empresas particulares, marcando un hito en la definición de la propiedad nacional.
La atracción del caso por la Suprema Corte
En una sesión celebrada este miércoles 01 de octubre de 2025, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos contra tres, decidió ejercer su facultad de atracción sobre el litigio. La solicitud, formulada por la FGR en junio de este año, se tramita bajo el expediente 235/2025. El objetivo central es determinar si los predios en disputa son propiedad de la nación o de particulares.
La FGR acusa a las empresas de lavado de dinero y delincuencia organizada por la ocupación de dichas propiedades. Los ministros Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González y Giovanni Figueroa Mejía votaron en contra de la atracción del caso.
Argumentos en pugna: Historia y decretos
La complejidad del caso radica en los argumentos contrapuestos sobre la titularidad de los terrenos. Ambas partes presentan decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para respaldar sus afirmaciones.
La postura de la Fiscalía General de la República
La FGR, en su búsqueda por obtener la posesión de los predios, sostiene que estos pertenecen a la nación. Argumenta que fueron expropiados mediante un decreto de Porfirio Díaz en 1907 y, posteriormente, por un decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez en 1974.
La defensa de las empresas particulares
En contraste, la empresa Inmobiliaria F4, S.A. de C.V., defiende que los terrenos fueron desincorporados del patrimonio federal. Esta desincorporación, según la compañía, se realizó el 13 de diciembre de 2018, conforme a un decreto también publicado en el DOF.
Cronología de un conflicto complejo
El litigio ha evolucionado a lo largo de los últimos cinco años, pasando por diversas instancias y resoluciones que evidencian la magnitud de la controversia.
El inicio de la investigación
El caso se inició en octubre de 2020, a raíz de una denuncia anónima. Dicha denuncia acusaba a una empresa y a particulares de vender de forma irregular terrenos federales. Estos predios están ubicados específicamente en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, en la colonia Palo Alto, alcaldía Álvaro Obregón.
La ampliación del caso y aseguramiento
Tras la denuncia, la FGR abrió una investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada. En 2022, la investigación se amplió para incluir delitos de uso indebido del servicio público y violaciones a la Ley de Bienes Nacionales. Finalmente, en febrero de 2024, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de una parte del predio.
El amparo que frenó a la FGR
No obstante, el 15 de noviembre de ese mismo año, la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Paloma Xiomara González González, concedió un amparo. Este amparo fue a favor de las empresas Inmobiliaria F4, Jestem, Servicio y Asesoría en Convenciones y Funlimited, impidiendo así que la FGR tomara posesión del inmueble.
La resolución de la jueza se apoyó en un decreto de 2018 que autorizó la regularización de dos fracciones del terreno. Estas fracciones, con superficies de 7,070.32 y 925.39 metros cuadrados, correspondían a un predio mayor conocido como Cenid Microbiología y fueron otorgadas a favor de Juana Reséndiz Vázquez. La jueza concluyó que el aseguramiento de la FGR carecía de fundamentación y motivación, lo que violaba el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El camino hacia la Suprema Corte
Ante esta sentencia, la FGR impugnó la resolución y el caso se encuentra actualmente pendiente de decisión en un tribunal colegiado. De manera paralela, la Fiscalía solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso para una resolución definitiva que ponga fin a la prolongada disputa.
La intervención de la SCJN no solo definirá la propiedad de valiosos terrenos en Santa Fe, sino que también sentará un precedente crucial sobre el manejo del patrimonio nacional y la interpretación de decretos históricos y contemporáneos. ¿Será este el capítulo final de una controversia que ha durado media década y que ha puesto en tela de juicio la certeza jurídica sobre bienes federales?
