La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado la destitución e inhabilitación por diez años del exjuez federal Anuar González Hemadi para ocupar cargos en el servicio público. Esta contundente resolución se da en un contexto donde el exjuzgador ya se encuentra actualmente detenido, presuntamente implicado en una vasta red de «huachicol fiscal». La inhabilitación del juez Anuar González Hemadi marca un precedente en la rendición de cuentas del Poder Judicial.
La ratificación definitiva de la Suprema Corte
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) recibió el expediente del exjuez federal Anuar González Hemadi, confirmando que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó su destitución y la inhabilitación por una década. Esta sanción se impone debido a graves irregularidades en el desempeño de sus funciones.
La Corte resolvió este asunto en febrero del año pasado, aunque la notificación en listas judiciales al TDJ se produjo este martes, con el fin de actualizar la situación de inhabilitación dictada desde 2019. El envío del expediente obedece a que el Tribunal de Disciplina Judicial, desde el 1 de septiembre pasado, sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como la instancia responsable de atender los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos con funciones jurisdiccionales.
González Hemadi impugnó en su momento ante la SCJN la inhabilitación que le había determinado el CJF. Sus argumentos se basaban en supuestos errores en su declaración patrimonial, en haber resuelto un juicio en el que estaba impedido y en otras irregularidades señaladas. Sin embargo, el Pleno de los ministros de la Corte resolvió por unanimidad, el 12 de febrero del 2024, que los agravios presentados por el exjuez eran infundados o inoperantes.
El máximo tribunal consideró acreditadas las causas de responsabilidad previstas tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Se destacó particularmente el descuido notorio en el desempeño de sus funciones y la omisión de declararse impedido en asuntos en los que había manifestado animadversión. Aunque la Corte reconoció errores del CJF en la calificación de algunas faltas patrimoniales, consideró que las conductas más graves bastaban para sostener la destitución y la inhabilitación.
Cronología de un procedimiento disciplinario
El procedimiento disciplinario contra Anuar González Hemadi se originó en 2017. En aquel año, medios de comunicación difundieron que el juez había concedido un amparo a un acusado de pederastia, específicamente en el polémico caso de los llamados “Porkys de Costa de Oro” sobre un abuso sexual a una menor de edad, ocurrido en 2015. Este hecho motivó al Consejo de la Judicatura Federal a iniciar una visita extraordinaria y, posteriormente, a suspenderlo.
Después de años de investigación, en febrero de 2019, el Pleno del Consejo concluyó el procedimiento disciplinario e impuso la sanción de destitución e inhabilitación. El recurso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue interpuesto en abril de 2019 y, tras múltiples escritos y pruebas presentadas por el recurrente, fue resuelto el 12 de febrero de 2024.
La conexión con la red de «huachicol fiscal»
La situación del exjuez Anuar González Hemadi se agrava al encontrarse actualmente detenido por su presunta implicación en una red de “huachicol fiscal”. González Hemadi figura entre los 14 detenidos vinculados con esta red criminal, la cual operaba en Tamaulipas y otras entidades del país.
Esta organización ilícita estaba presuntamente liderada por dos hermanos integrantes de la Secretaría de Marina: el vicealmirante Roberto Manuel Farías Laguna, quien ya se encuentra aprehendido, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien permanece prófugo de la justicia. La detención del exjuez se produjo debido a su rol como representante legal de Mefra Fletes, una empresa presuntamente vinculada con la citada red. Dicha compañía se dedicaba al contrabando o fraude en el comercio de combustibles, utilizando facturas falsas para la evasión de impuestos.
La confirmación de la inhabilitación judicial de Anuar González Hemadi, sumada a su detención por un caso de «huachicol fiscal», dibuja un escenario complejo que subraya la urgencia de mecanismos de supervisión y sanción en el Poder Judicial. ¿Refleja este caso aislado un problema sistémico, o es una señal de que las instituciones están, finalmente, fortaleciendo sus capacidades para purgar la corrupción en sus filas?
