La justicia en oaxaca enfrenta un escrutinio sin precedentes tras la controversial liberación de jhoan ricardo matus marcial, condenado por la desaparición forzada de claudia uruchurtu. La familia denuncia una presunta intervención del gobernador salomón jara, transformando este caso en un símbolo de impunidad y desafío al estado de derecho.
La polémica liberación de un sentenciado por desaparición forzada
Jhoan ricardo matus marcial, aprehendido y señalado como autor intelectual de la desaparición forzada de la activista claudia uruchurtu, ocurrida el 26 de marzo de 2021 en oaxaca, había sido sentenciado a 60 años de prisión. No obstante, esta sentencia fue revocada por el primer tribunal colegiado en materia penal y de trabajo del décimo tercer circuito, con residencia en san bartolo coyotepec. Dicho tribunal ordenó una nueva resolución absolutoria para matus marcial.
La postura de la familia uruchurtu: «simulación de justicia»
Sara uruchurtu, hermana de la activista desaparecida, lamentó el actuar de las autoridades, expresando que al día de hoy «no hemos tenido acceso a la justicia… no hay reparación del daño o verdad». Para la familia uruchurtu cruz, esta situación representa una simulación por parte de las autoridades. Reprobaron el veredicto de los magistrados víctor hugo cortés sibaja y elizabeth franco cervantes, quienes ordenaron la resolución de inocencia al considerar insuficientes los elementos para probar la culpabilidad de matus marcial, pareja sentimental de la ex alcaldesa y asesor jurídico municipal.
Sara Uruchurtu cuestionó si sería criticada por calificar a los jueces de encubridores de criminales, incluso de criminales y negligentes, ante el desecho del trabajo de investigación de la fiscalía general del estado por supuesta falta de pruebas fehacientes. Afirmó que este proceso no ha garantizado justicia, atribuyendo la situación a magistrados y jueces que, en su «no labor», facilitan las acciones de criminales y el sistema de gobierno.
La presunta intervención del gobernador salomón jara
La familia uruchurtu cruz no alberga dudas sobre la intervención del gobernador salomón jara cruz en la liberación de jhoan ricardo matus marcial. Las hermanas uruchurtu cruz consideran que la participación del gobernador en el caso es innegable. Recordaron que, cuando se acusó la desaparición de claudia, el entonces senador de morena había defendido públicamente a la entonces presidenta municipal de nochixtlán, lizbeth victoria huerta, asegurando que era «una persona muy honesta y muy trabajadora».
Además, la familia sostiene contar con pruebas de que, durante el encarcelamiento de la alcaldesa, jara cruz estuvo pendiente y velando por sus hijos, lo que demuestra una relación muy cercana entre ambos. Su apadrinamiento, según la familia, se evidenció desde el inicio del caso en los juzgados, donde, según su versión, nunca hubo paridad. Señalaron que la jueza maría teresa quevedo sánchez apoyó constantemente a los acusados, defendiéndolos y siendo «grosera y prepotente» con las víctimas indirectas, mientras permitía al abogado de la defensa, cuyo salario se tasa en millones de pesos, actuar sin ser amonestado.
La reconfiguración del delito de lizbeth victoria huerta
Las víctimas indirectas también señalaron una presunta intervención en el caso de la ex presidenta municipal de asunción nochixtlán, la morenista lizbeth victoria huerta. A ella se le reconfiguró el delito de autora intelectual a obstrucción de la justicia. Esta decisión, junto con la liberación de matus marcial, abre la vía para que las víctimas indirectas puedan acudir a la comisión interamericana de derechos humanos y actuar contra el estado mexicano.
Un sistema judicial bajo escrutinio por la liberación
Elizabeth uruchurtu destacó que el magistrado encargado de estudiar y analizar el proyecto tardó solo 10 días, a pesar de que la documentación constaba de más de 14 tomos de investigación y 3 meses de video. Durante este supuesto análisis, se desestimó o descartó toda la evidencia, declaraciones de testigos y pruebas presentadas. La familia considera poco creíble una revisión completa en tan poco tiempo y que toda la evidencia fuera descartada, beneficiando claramente al acusado.
La complejidad de la investigación en casos de desaparición forzada
josé juan julián, asesor jurídico de las víctimas, lamentó la determinación de los magistrados, quienes alegaron falta de pruebas o que estas no probaban por completo la culpabilidad de matus marcial. El jurista puntualizó que los togados no tomaron en cuenta la singularidad de los casos de desaparición forzada. A diferencia de otros delitos, en estos casos, es difícil contar con datos de prueba directos, como testigos contundentes, ya que los delitos de desaparición se dan en un contexto de encubrimiento, control u ocultamiento, sin ser crímenes efectuados públicamente. Julián enfatizó que se deben utilizar pruebas de manera indirecta y una serie de elementos circunstanciales, comparándolo con «armar un rompecabezas», un enfoque que los magistrados habrían ignorado.
Agotamiento de instancias nacionales y la vía internacional de justicia
La familia uruchurtu considera que se han agotado las instancias judiciales mexicanas. Solo restaría la opción de acudir a la suprema corte de justicia de la nación, pero aún se desconoce su futuro funcionamiento tras la nueva reforma al poder judicial, que, según afirman, deja indefensas a las víctimas indirectas de la desaparición de claudia. Ante este panorama, les queda la vía para acudir ante la comisión interamericana de derechos humanos en la búsqueda de la justicia que, en méxico, no les ha sido provista.
El caso uruchurtu: de emblemático a símbolo de encubrimiento
Sara uruchurtu consideró que este caso se había convertido en emblemático, siendo la primera ocasión en que funcionarios en activo fueron detenidos, juzgados y sancionados por un caso de desaparición forzada. Lamentablemente, ahora se vuelve emblemático por el nivel de encubrimiento, promoviendo además la normalización de la violencia hacia las mujeres, así como la desaparición de personas, situación que agrava la crisis de derechos humanos en el país.
