La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia una nueva etapa. Sus ministros han comenzado funciones con un salario menor al de sus antecesores, ajustándose al tope constitucional. Esta medida resalta el compromiso con la austeridad en el Poder Judicial mexicano, un tema clave en la agenda pública de los salarios SCJN México.
El nuevo esquema salarial de la Suprema Corte
Desde el pasado 3 de septiembre de 2025, los nuevos ministros de la SCJN perciben un sueldo significativamente menor. Este ajuste los sitúa apenas por debajo de la remuneración de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con información pública del portal de la Corte, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz recibirá 137 mil 582 pesos mensuales netos. Esta cifra contrasta notablemente con los 206 mil pesos que percibían los ministros en la administración anterior. Con este recorte, las percepciones de los togados se ubican por debajo del ingreso mensual de 138 mil 878 pesos netos que corresponde a la presidenta Sheinbaum.
El caso particular de la ministra Lenia Batres
Dentro de este nuevo esquema, la ministra Lenia Batres Guadarrama se distingue por percibir aún menos, con 128 mil 992 pesos. Desde su llegada a la Corte en 2024, Batres Guadarrama ha devuelto parte de sus ingresos a la Tesorería para no exceder el salario que entonces tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adicionalmente, ha renunciado a prestaciones como la tarjeta de comida, el seguro de gastos médicos mayores y otros beneficios.
Transparencia salarial entre los ministros
Junto con Aguilar Ortiz y Batres Guadarrama, otros cinco ministros han hecho público su salario bajo los mismos términos de transparencia: Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González. Se espera que en breve Irving Espinosa Betanzos y Arístides Rodrigo Guerrero García también den a conocer sus percepciones.
El plan de austeridad y sus implicaciones en el Poder Judicial
El 1 de septiembre, en su primer mensaje como presidente del Alto Tribunal, Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad ambicioso. Sus cálculos proyectan un ahorro anual de 300 millones de pesos.
El ministro presidente también adelantó que impulsará la resolución de los juicios promovidos por funcionarios judiciales para asegurar que nadie en el Poder Judicial gane más que la presidenta de la República. Esta medida representaría un ahorro adicional estimado en 800 millones de pesos al año.
Aguilar Ortiz informó, además, que solicitará al Órgano de Administración Judicial (OAJ) revisar las remuneraciones de los ministros en retiro. Se han detectado percepciones que oscilan entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, cifras muy por encima del salario presidencial. En este contexto, se plantea la eliminación de apoyos y prestaciones considerados excesivos, reafirmando un compromiso con la transparencia y la equidad salarial en todo el entramado judicial.
La implementación de estas medidas no solo redefine la estructura salarial del máximo tribunal, sino que también busca proyectar una imagen de congruencia y responsabilidad fiscal. ¿Podrá esta transformación salarial sentar un precedente duradero en la administración de los recursos públicos del Poder Judicial?
