La batalla por los valiosos predios de Santa Fe escala a la máxima instancia judicial de México. Después de cinco años de conflicto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y poderosas empresas inmobiliarias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha atraído el amparo que definirá la propiedad final de inmuebles supuestamente pertenecientes al estado.
La decisión crucial de la Suprema Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo este miércoles, 15 de octubre de 2025, un nuevo amparo relacionado con la disputa legal que mantiene la FGR contra empresas inmobiliarias por la propiedad de diversos predios en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.
Con seis votos contra tres, el Pleno decidió atraer el amparo en revisión 52/2025, a solicitud de la FGR. Este recurso impugna directamente la resolución emitida en diciembre de 2024, la cual favoreció a las empresas Funlimited, Jestem y Servicio y Asesoría en Convenciones, al dejar sin efecto el aseguramiento de uno de los inmuebles en disputa.
Precedentes de atracción y la votación
No es la primera vez que la FGR recurre a la SCJN en este caso. El 1 de octubre pasado, el Pleno también atrajo el expediente 235/2025, utilizando la misma votación de seis votos a favor y tres en contra, y también a solicitud expresa de la FGR. El objetivo de estas atracciones es claro: decidir de manera definitiva si los predios pertenecen a la nación o si, por el contrario, son propiedad de particulares que están acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Los ministros que votaron en contra de atraer estos expedientes fueron:
- Irving Espinosa Betanzo.
- María Estela Ríos González.
- Giovanni Figueroa Mejía.
El origen histórico y legal del conflicto
El conflicto por los terrenos de Santa Fe se remonta a reclamos históricos de propiedad estatal que colisionan con decretos de desincorporación recientes.
Argumentos de la Fiscalía General de la República
La FGR sostiene que los terrenos son propiedad del Estado, argumentando que fueron expropiados en dos momentos clave de la historia política de México:
- En 1907 por Porfirio Díaz.
- En 1974 por Luis Echeverría.
Ambos decretos, que sustentan la propiedad federal, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La defensa de las inmobiliarias
En contraste con la postura de la FGR, Inmobiliaria F4, S.A. de C.V. afirma que los predios ya no forman parte del patrimonio federal. La defensa se basa en otro decreto, también publicado en el DOF, que supuestamente desincorporó los predios del patrimonio federal el 13 de diciembre de 2018.
Cronología de la investigación penal
La investigación penal que hoy atrae la SCJN comenzó en octubre de 2020, tras una denuncia anónima sobre la venta irregular de terrenos federales. Los predios en disputa se ubican específicamente en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, dentro de la colonia Palo Alto, alcaldía Álvaro Obregón.
Inicialmente, la FGR abrió una carpeta de investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada. En 2022, la investigación se amplió para incluir cargos por:
- Uso indebido de servicio público.
- Violaciones a la ley de bienes nacionales.
La Fiscalía ordenó asegurar una parte del predio en febrero de 2024, buscando tomar posesión del inmueble.
La jueza que revirtió el aseguramiento
La acción de aseguramiento de la FGR fue frenada por una decisión judicial posterior. El 15 de noviembre de 2024, la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal, Paloma Xiomara González González, concedió un amparo a las empresas Inmobiliaria F4, Jestem, Servicio y Asesoría en Convenciones y Funlimited.
Esta resolución impidió que la FGR tomara posesión del terreno. La jueza basó su determinación en el decreto de 2018 que regularizó dos fracciones específicas del terreno a favor de Juana Reséndiz Vázquez. Estas fracciones suman 7,070.32 y 925.39 metros cuadrados y se encuentran dentro del predio mayor conocido como Cenid Microbiología. La jueza concluyó que el aseguramiento carecía de fundamentación legal conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual derivó en la resolución de diciembre de 2024 que ahora impugna la FGR.
La decisión de la SCJN de atraer ambos amparos, el 235/2025 y el 52/2025, subraya la complejidad legal y las profundas implicaciones políticas de este caso. Determinar la pertenencia de los valiosos terrenos de Santa Fe no solo resolverá una disputa inmobiliaria, sino que sentará un precedente sobre la legalidad de la desincorporación de bienes federales y la efectividad de las fiscalías para combatir el lavado de dinero y la delincuencia organizada vinculada a la corrupción inmobiliaria en el país.
