En un movimiento sin precedentes en la historia reciente del alto tribunal, el ministro presidente de la suprema corte de justicia de la nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, ha presentado sus primeros proyectos de sentencia elaborados por su propia ponencia. Este hito, que evidencia la adaptación del poder judicial, es una consecuencia directa de la profunda *reforma judicial de 2024*.
Hugo Aguilar Ortiz marca un precedente en el pleno
Este miércoles 15 de octubre de 2025, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, sometió a votación del pleno los dos primeros expedientes gestados directamente en su ponencia, una acción que no era practicada por sus antecesores.
Los dos asuntos fueron despachados en consenso entre los ministros y aprobados por unanimidad en menos de diez minutos.
Al asumir su cargo el 1 de septiembre pasado, Aguilar Ortiz solicitó formalmente contar con una ponencia, es decir, con un equipo de trabajo dedicado a la elaboración de proyectos de sentencia, lo que marca una reorientación estratégica de la presidencia.
Las implicaciones funcionales de la reforma de 2024
La inédita actuación del ministro presidente responde a una reestructuración interna forzada por los cambios legislativos. La reforma judicial de septiembre del 2024 impactó directamente en la estructura de la SCJN:
- Reducción del pleno: La integración del pleno se redujo de 11 a nueve ministros.
- Pérdida de funciones ejecutivas: Se eliminaron las funciones administrativas de la presidencia del alto tribunal, que anteriormente se encargaba de estas responsabilidades al frente del extinto consejo de la judicatura federal (CJF).
Al despojarse de la carga administrativa del CJF, el presidente Aguilar Ortiz optó por retomar la labor sustantiva jurisdiccional a través de su propia ponencia.
Análisis de los primeros expedientes resueltos
Los proyectos de sentencia presentados por Aguilar Ortiz se centraron en la revisión de dos juicios de amparos, abordando temas específicos que permiten entender los criterios actuales de la corte.
Amparo desechado por falta de constitucionalidad
El primer asunto, el amparo directo 6674/2024, constaba de 13 páginas y buscaba revertir una condena penal.
- El proyecto dejó firme la sentencia contra una persona en San Luis Potosí, condenada a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado.
- El pleno de la SCJN desechó la revisión «al no contener un tema de constitucionalidad que pueda ser resuelto por esta suprema corte de justicia de la nación».
Validación del artículo 1091 del código de comercio
El segundo expediente, de 12 páginas, abordó una controversia relacionada con el derecho mercantil. En este caso, la corte declaró la constitucionalidad del artículo 1091 del código de comercio.
- Este artículo permite al promovente de un juicio la facultad de elegir al juez competente cuando existen varios en el lugar donde se seguirá el juicio.
- El artículo había sido impugnado en un juicio ordinario mercantil, bajo la premisa de que la norma violaba la constitución y el artículo 24 de la convención americana sobre derechos humanos.
- La suprema corte determinó que los argumentos de la parte recurrente no atacaban correctamente los puntos clave de la sentencia anterior.
Agenda política complementaria
En el contexto de la actividad legislativa y ejecutiva del país, la presidenta Sheinbaum emitió un decreto que facultará al senado para ratificar grados superiores otorgados a mandos de la guardia nacional (GN). Este decreto y sus facultades entrarán en vigor a partir de este jueves.
Por otra parte, la consejera Ravel advirtió que la actuación del órgano interno de control podría poner en riesgo la autonomía del instituto nacional electoral (INE). La consejera señaló la importancia de la neutralidad en el árbitro electoral: «vivimos en un sistema democrático, con competencia electoral intensa, donde el árbitro debe ser neutral y tomar decisiones apegadas a la ley aunque resulten molestas para quienes ostentan el poder, y estas decisiones deben ser libres y autónomas».
Finalmente, agremiados de empresas como volkswagen y audi, así como del sector minero, de pilotos y trabajadores por aplicación, formaron sindicatos independientes que entregaron propuestas de revisión al capítulo laboral del T-MEC. Entre sus demandas se incluyó la necesidad de establecer un salario mínimo regional en los sectores estratégicos que cubre el tratado.
El hecho de que el presidente Aguilar Ortiz haya decidido ejercer activamente su rol como ponente, utilizando la estructura reducida que le dejó la *reforma judicial de 2024*, demuestra una adaptación institucional profunda. La pregunta central es si esta nueva dedicación a los proyectos jurisdiccionales resultará en una mayor celeridad y calidad en la justicia federal, o si el enfoque en el fondo de los asuntos diluirá la autoridad moral de la presidencia en medio de la polarización política.
