Tras el encuentro con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, subraya la imperiosa necesidad de incorporar las enseñanzas de la pasada elección judicial. Este proceso es clave para la inminente reforma electoral y la modificación de leyes, buscando superar deficiencias y fortalecer la democracia.
Lecciones de la elección judicial para la reforma electoral
El 17 de septiembre, durante el inicio de las audiencias públicas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, Pablo Gómez Álvarez expuso la importancia de asumir las enseñanzas derivadas de la elección judicial. Estas lecciones, aseveró, deben ser «tomadas en cuenta para proponer la modificación de leyes».
En el encuentro con los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, coincidió en los retos que dejó el pasado proceso electoral judicial. La magistrada Soto Fregoso enfatizó la «absoluta disposición» de los integrantes de la Comisión, quienes identificaron «áreas de oportunidad que tendrán que ser atendidas en esta reforma». Para la presidenta del TEPJF, la reforma electoral se presenta como «una oportunidad para México, para nuestro sistema electoral y, por supuesto, para fortalecer la esencia de la democracia, que es el poder de la ciudadanía a través del voto». Recalcó, además, que el Tribunal Electoral tuvo que realizar «un esfuerzo de interpretación para poder aterrizar en el marco de la Constitución y de las leyes que nos obligan lo que fue la reforma judicial».
Al encuentro, que duró poco más de hora y media, asistieron seis de los siete integrantes de la Sala Superior del TEPJF, con excepción del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. También estuvo presente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien forma parte de la Comisión Presidencial.
Desafíos inherentes: complejidad de los comicios y posibles ajustes
Gómez Álvarez indicó que la revisión de las leyes debe ser «completa», abarcando también la elección de jueces, magistrados y ministros. Reconoció que este es un proceso nuevo del cual «se derivan muchas enseñanzas» que deben asumirse para la modificación legislativa. Enfatizó que la complejidad intrínseca de la elección radica en la «gran cantidad de puestos que hay que elegir al mismo tiempo», y señaló que este desafío persistirá.
La distinción entre fallas legales y administrativas
El presidente de la Comisión Presidencial acotó que no todos los puntos podrán corregirse a través de la ley, ya que «muchos de ellos no dependen de lo que dice la ley, sino también de ciertas prácticas administrativas que en su momento tendrán que ser superadas». No obstante, confió en que «todos los errores que se cometieron o todas las cosas que no están bien hechas por algún motivo en la ley serán superadas». Recordó que solo se ha cubierto la mitad del Poder Judicial de la Federación y de los poderes locales, y que la otra mitad requerirá un nuevo esfuerzo.
Diferimiento de elecciones y debate abierto
Consultado sobre la posibilidad de diferir las elecciones judiciales de 2027 para evitar que se empalmen con las elecciones intermedias, Gómez Álvarez manifestó que es un tema que «se deberá analizar» y que «no está cerrado». Al contrario, indicó que es una posibilidad que «estamos abriéndola», subrayando que «existe cualquier posibilidad mientras no estamos todavía definiendo nada. Todo lo vamos a estudiar».
Fortalecimiento del sistema y combate a las campañas anticipadas
Entre los temas de interés para dialogar con los magistrados, el presidente de la Comisión Presidencial destacó el fortalecimiento del sistema probatorio en materia electoral y el abordaje de los actos anticipados de campaña.
Pablo Gómez fue contundente al afirmar que «los actos anticipados de campaña tienen que ser vigilados por la autoridad». Añadió que, si bien la vigilancia continuará, «la forma de regularlo es lo que tiene que ser discutido», pues «no se puede permitir que una fuerza política empiece una campaña un año antes que las demás, violando la ley».
El escrutinio financiero: La UIF en la mira
En un revelador señalamiento, Gómez Álvarez también informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, instancia que él mismo encabezó anteriormente, mantiene «denuncias e indagatorias en proceso» sobre «movimientos en efectivo de cuentas hechas por candidatos o personas allegadas a ellos». Este escrutinio financiero subraya la búsqueda de transparencia en los recursos que nutren las campañas electorales.
La complejidad del panorama electoral mexicano, sumada a la profunda revisión de su marco jurídico, subraya la magnitud de la tarea que tiene ante sí la Comisión Presidencial. ¿Serán suficientes estas lecciones y el escrutinio de la UIF para gestar una reforma electoral que verdaderamente fortalezca la transparencia y la equidad en la contienda democrática?
