La propuesta de reforma a la Ley de Amparo ha desatado un debate interno en Morena, revelando posturas opuestas sobre la necesidad de un parlamento abierto. Mientras una facción busca una aprobación expedita, otra insiste en la importancia de la consulta pública ante las posibles restricciones a derechos sociales.
Morena se divide ante el parlamento abierto
Al interior de la bancada de Morena en el Senado, la iniciativa de reforma en materia de amparo ha provocado un quiebre. Algunas voces abogan por un ejercicio de parlamento abierto, mientras otras prefieren acelerar su aprobación en el pleno del Senado, estimando su votación para la última semana de septiembre o la primera de octubre de 2025.
Adán Augusto López Hernández descarta la consulta
Adán Augusto López Hernández, coordinador del partido guinda y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, ha descartado la realización de un parlamento abierto. Su argumento central es la urgencia legislativa, afirmando: “no podemos estar dejando que nos coman los tiempos”. López Hernández subrayó que lo más importante es analizar y votar la reforma a la Ley de Amparo, considerándola «perfectamente condensada y adaptada a los nuevos tiempos del sistema judicial». Se espera que el proyecto sea discutido en comisiones dictaminadoras la próxima semana.
Javier Corral insiste en la consulta pública
En contraste, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, mantiene una postura firme a favor de un mecanismo de consulta pública para la iniciativa. Corral buscará un acuerdo con Adán Augusto López Hernández, haciendo hincapié en la necesidad de «orear particularmente el tema del ‘interés legítimo'». Advirtió que esta modificación podría restringir los derechos de grupos sociales, mencionando específicamente a los ambientalistas.
La oposición exige debate abierto
Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, rechazó contundentemente la negativa de López Hernández a un parlamento abierto. Anaya insistió en que una reforma de tal magnitud no puede discutirse de manera precipitada. Exigió apertura y la participación de especialistas, organizaciones de la sociedad civil, ejidatarios, grupos indígenas y comuneros en el Senado para debatir lo que calificó como una reforma «regresiva y autoritaria».
El pulso por la reforma de amparo revela las tensiones entre la celeridad legislativa y la necesidad de un debate inclusivo. La decisión sobre el parlamento abierto definirá no solo el camino de esta iniciativa, sino también el alcance del diálogo democrático en el Congreso.
