La política nacional se enfrenta a un nuevo dilema de transparencia tras la postura de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). A pesar de la instrucción presidencial, el titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz, ha evitado revelar los nombres de legisladores de Morena involucrados en presunto tráfico de influencias Profeco.
La advertencia de Profeco y el mandato presidencial
La polémica inició la semana pasada, cuando el propio Titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, denunció ante integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que funcionarios y legisladores de Morena habían intentado intervenir para evitar sanciones a una gasolinera y a un hotel de lujo. Esta grave acusación puso de manifiesto posibles redes de tráfico de influencias en la esfera gubernamental.
Al ser cuestionada al respecto en una de sus conferencias matutinas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue categórica. “No debe haber tráfico de influencias, de ningún tipo, en ningún gobierno”, afirmó la jefa del Ejecutivo. Ante la insistencia de los medios sobre si conocía los nombres de los morenistas señalados, la mandataria instruyó de manera directa: “Que lo comente el titular de la Profeco. Él lo comentó en una reunión donde había algunos legisladores de distintos partidos políticos e hizo este comentario. Él tiene que dar más información al respecto”. La instrucción era clara: la responsabilidad de la revelación recaía en Escalante.
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La evasión de Iván Escalante Ruiz
Sin embargo, en la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 21 de julio de 2025, el procurador Iván Escalante Ruiz reculó en su intención de transparentar la información. Pese a la explícita directriz de la presidenta Sheinbaum Pardo, Escalante Ruiz evadió atender la instrucción.
A pregunta expresa, el funcionario sostuvo: “Más allá de los nombres, quisiera dar dos mensajes, uno es que formalmente los procedimientos a estas empresas se realizaron, se verificaron, se sancionaron”. Añadió, en segundo lugar, que “encontramos en la gran mayoría de los legisladores mucha sensibilidad y nos van a ayudar en particular a mejorar muchas cosas para atender a consumidores”. Esta declaración, emitida a las 08:49 horas de Ciudad de México, marcó un giro en la expectativa de rendición de cuentas generada por la propia administración.
Implicaciones para la transparencia y la confianza pública
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La omisión del titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, de revelar los nombres de los legisladores morenistas que intentaron interceder por empresas sancionadas, plantea serias interrogantes sobre la voluntad de transparencia en el gobierno. La reiterada instrucción presidencial de no encubrir a nadie choca con la decisión de Escalante de mantener en el anonimato a los involucrados. Esta situación podría minar la confianza en las instituciones y en el compromiso con la erradicación del tráfico de influencias Profeco. La capacidad de una administración para sancionar a quienes intentan socavar la ley depende, en gran medida, de su disposición a nombrar y responsabilizar a los actores, sin importar su filiación política. La verdad, en política, puede no ser absoluta, pero el periodismo debe seguir buscando acercarse a ella, incluso cuando se elude la rendición de cuentas.
