La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), renovada tras la inédita elección popular de sus ministros, vivió el 11 de septiembre de 2025 su primera sesión pública. Cuatro horas de un debut marcado por estrenos, emociones y un notorio desaseo de procedimientos, que dejó al descubierto los desafíos iniciales de esta nueva integración.
Un inicio con más tropiezos que soluciones en la SCJN
La flamante «nueva» SCJN, cuya integración fue elegida por voto popular el pasado 1 de junio, inició formalmente sus trabajos jurisdiccionales. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz inauguró la sesión con un pronunciamiento en mixteco, su lengua natal, aunque sin declarar el quórum y dando su primer golpe con el mallete. Ocho de los nueve ministros participaron presencialmente; el ministro Arístides Rodrígo Guerrero García se conectó a distancia, convaleciendo de un accidente vial.
A pesar de tener 15 asuntos previstos en la agenda, los ministros apenas lograron resolver tres. Entre las decisiones clave, suavizaron el criterio que anteriormente obligaba a invalidar leyes por falta de consulta previa a personas con discapacidad. Sin embargo, este avance se vio empañado por un desorden procedimental evidente. Ignoraron el reglamento de sesiones aprobado tan solo una semana antes, discutiendo acciones de inconstitucionalidad en lugar de temas administrativos y laborales. Además, rebasaron repetidamente los límites de tiempo fijados para cada intervención, que establecían diez minutos para la exposición inicial, siete para la primera ronda, cinco para la respuesta, cinco para la segunda y tres para la réplica.
Matices en el criterio de consulta a personas con discapacidad
El primer asunto analizado fue la acción de inconstitucionalidad 186/2023, un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que impugnaba leyes estatales de salud de Chihuahua. En esta resolución, la nueva Corte se desmarcó del criterio de la administración anterior, que concluyó su periodo el 31 de agosto pasado. Los ministros optaron por matizar la obligación de anular normas por no consultar a personas con discapacidad, estableciendo que ahora se deberá analizar caso por caso, dejando de ser una regla automática.
Este cambio fue interpretado como un triunfo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien desde su llegada a la Corte en diciembre de 2024, había cuestionado al Pleno anterior por anular 56 normas —incluidas algunas progresistas— únicamente por incumplir este requisito. Batres argumentó que se privilegiaba el trámite sobre el fondo, afectando en su mayoría derechos indígenas. El proyecto original de la ministra Esquivel proponía mantener el criterio anterior, que finalmente fue modificado.
La ministra Lenia Batres expresó contundentemente: “Se pretende mantenerse en un un criterio que estuvo sostenido en la anterior Suprema Corte, que eliminaba derechos de las personas con discapacidad, precisamente, bajo la falsa premisa de que la consulta es una formalidad esencial de procedimiento legislativo, incluso, en contra de los derechos de las personas con discapacidad”.
El ministro Hugo Aguilar Ortiz, estrenándose con un rol conciliador ante la división de posturas, presentó una vía alternativa de resolución. En este caso, respaldó la postura de Batres, declarando que invalidar “la norma por el solo hecho de que no hubo consulta, estaremos dando al derecho de consulta, que es procedimental, le estaremos dando un nivel más alto que al derecho sustantivo”. Agregó Aguilar: “Yo agregaría consideraciones que maticen, desde mi perspectiva, no conduce a una resolución justa, adecuada a la realidad, poner por encima del derecho sustantivo, el derecho a la consulta”.
El desorden procedimental y las promesas de apertura ciudadana
Los togados no solo ignoraron el reglamento de sesiones promulgado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al abordar acciones de inconstitucionalidad en lugar de temas administrativos y laborales, sino que también desatendieron los estrictos límites de tiempo fijados para cada intervención. Un cronómetro, visible en la pared, se convirtió en un mero adorno, pues el ministro presidente Hugo Aguilar no marcó los límites ni interrumpió las intervenciones. Por el contrario, preguntaba si alguien más deseaba hablar, extendiendo el debate sin control.
A pesar de la promesa de un tono más ciudadano, la sesión mantuvo un lenguaje técnico y jurídico, similar al de épocas anteriores. Sin embargo, se marcó un hito histórico: por primera vez desde el 18 de marzo de 2020, se permitió el acceso al público y a la prensa. Estudiantes y periodistas pudieron ingresar al Salón de Plenos tras cuatro años de restricciones. Aunque al inicio, personal de seguridad intentó prohibir cámaras y celulares, el área de comunicación se disculpó veinte minutos después, aclarando que la medida había sido revocada. Incluso, se retiró a algunos jóvenes que se habían quedado dormidos, permitiéndoles regresar veinte minutos más tarde.
Símbolos de cambio y el desconcierto interno
La sesión estuvo plagada de símbolos de cambio y, a su vez, de rupturas con la tradición. José de Jesús Cruz Sibaja, maestro en Derecho y «voz institucional» de la Corte desde 2005, estuvo ausente, marcando la primera vez que no presentó la sesión desde que se televisaron los debates. Al interior del Pleno, el desconcierto era palpable: se introdujeron propuestas de última hora que obstaculizaron las votaciones; el ministro Irving Espinosa llegó a confundir al titular llamándolo «magistrado presidente»; y Giovanni Figueroa reclamó respetar el orden y el proceso de discusión ante el salto de temas.
Finalmente, de los quince asuntos listados, solo tres fueron discutidos. El primero de ellos, la acción de inconstitucionalidad sobre leyes de salud de Chihuahua, consumió dos horas con doce minutos, y un receso anunciado de diez minutos se extendió a dieciséis. La ministra Loretta Ortiz fue quien más contrastó con la mayoría, votando en sentidos distintos en varias ocasiones y evidenciando las primeras diferencias abiertas dentro de esta nueva integración de la Corte.
La primera sesión de la nueva SCJN ha sido un claro indicador de que la transformación judicial va más allá de la elección de sus integrantes. Los tropiezos procedimentales y las incipientes diferencias marcan un terreno fértil para el análisis. ¿Podrá esta nueva integración consolidar una jurisprudencia coherente y eficaz, o los desafíos iniciales son un presagio de un camino más complejo para la reforma judicial 2025?
