A un año de su investidura, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta un panorama de profundos contrastes. Este informe analiza su primer año, evaluando el desempeño político, social, económico y global. Coexisten una aprobación pública sin precedentes y resiliencia macroeconómica con desafíos estructurales en seguridad y Estado de derecho.
El panorama político: Continuidad con sello tecnocrático
El primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum se ha definido por una hábil consolidación del poder político. Se ha ejecutado una agenda de reformas transformadoras y se ha mantenido un extraordinario respaldo popular. Esta sección analiza la dinámica de su estilo de gobierno, el uso de su supermayoría legislativa para reconfigurar el Estado y las complejas fuentes de su legitimidad ante la ciudadanía.
La arquitectura del poder: Del carisma a la estructura
La transición de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum ha marcado un cambio notable en el estilo de gobernar. Sin embargo, la dirección ideológica del proyecto conocido como la «Cuarta Transformación» (4T) se mantiene. Mientras el liderazgo de López Obrador se caracterizó por su carisma personal y comunicación directa, la presidenta Sheinbaum ha implementado un modelo de gestión más estructurado, técnico y basado en datos. Este enfoque, que refleja su formación científica y experiencia previa, proyecta una imagen de mayor orden y planificación sin abandonar la narrativa central de la 4T.
La presidenta ha capitalizado la formidable estructura de poder heredada de su predecesor, que incluye una supermayoría en el Congreso y una base social movilizada en torno a Morena. Esta maquinaria política le ha permitido avanzar su agenda con una velocidad y eficacia que contrasta con administraciones anteriores.
Frente a este poder consolidado, la oposición política se encuentra en un estado de debilidad y fragmentación histórica. Partidos como el PAN y el PRI han luchado por articular un discurso coherente. Las encuestas de agosto de 2025 reflejan esta crisis, con el PAN en 13% y el PRI en 7% de intención de voto. Esta debilidad opositora, junto a la disciplina oficialista, ha eliminado uno de los contrapesos tradicionales al ejecutivo, otorgando a la presidenta un margen de maniobra casi sin precedentes.
Las reformas del «segundo piso»: Reconfigurando el estado mexicano
Armada con una mayoría calificada en el Congreso, la administración Sheinbaum ha dedicado su primer año a la construcción del «segundo piso de la Cuarta Transformación». Se trata de una serie de reformas constitucionales profundas para consolidar y expandir el proyecto iniciado por López Obrador, conocido como «Plan C», y ha sido la principal prioridad legislativa.
La pieza central y más controvertida ha sido la reforma al Poder Judicial. Aprobada en los primeros meses de su mandato, sometió por primera vez a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a la elección directa por voto popular. Este proceso culminó con las elecciones del 1 de junio de 2025 y la toma de posesión del nuevo Poder Judicial el 1 de septiembre. La narrativa oficial justifica la medida para erradicar la corrupción, el nepotismo y el elitismo. Datos como el 49% de empleados del Poder Judicial anterior con familiares en la institución son esgrimidos como prueba.
Sin embargo, la reforma ha generado preocupación entre juristas, organizaciones de la sociedad civil e inversores. La crítica fundamental es que someter a los jueces al ciclo electoral mina su independencia, subordinándolos a las mayorías políticas. Esto erosiona la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. La incertidumbre jurídica es vista como un riesgo significativo para el clima de negocios y la protección de contratos y propiedad privada.
Más allá del Poder Judicial, la agenda reformista ha abarcado otros ámbitos. Se ha elevado a rango constitucional la obligatoriedad de los programas sociales, garantizando su permanencia e incremento anual. Se ha impulsado una reforma electoral para reducir el financiamiento público a partidos y eliminar legisladores plurinominales, medidas con amplio respaldo popular. También se han promovido cambios para revertir aspectos de la reforma energética de 2013, buscando fortalecer el control estatal sobre hidrocarburos y electricidad. En conjunto, estas reformas son un esfuerzo sistemático por redefinir las reglas fundamentales del pacto social y la arquitectura institucional de México.
El mandato del pueblo: Deconstruyendo una aprobación sin precedentes
La presidenta Sheinbaum llega a su primer informe con un nivel de aprobación ciudadana que la sitúa entre los mandatarios mejor evaluados. Encuestas de agosto de 2025 muestran consistencia: Milenio reportó 70.1% en junio, Mitofsky 71% en agosto, El Financiero 74% en agosto, y Enkoll para El País 79%. Este apoyo supera a predecesores y se acerca a los niveles máximos de López Obrador, demostrando la sólida base social de la 4T.
El análisis demográfico y regional revela patrones claros. El apoyo es robusto en el sureste (74.5%), entre 30 y 49 años (69.4%), y con educación de preparatoria o inferior (71%). La aprobación es casi unánime entre simpatizantes de Morena (98.6%). Los niveles más bajos se registran en el Bajío y Occidente (61.9%) y entre universitarios (55.6%), aunque incluso en estos segmentos la mayoría aprueba su gestión.
Este masivo respaldo popular coexiste con una percepción ciudadana crítica sobre problemas graves. Aunque una mayoría aprueba a la presidenta (68% cree que el país mejora), la inseguridad y delincuencia son la principal preocupación (45.9% a 51% de mexicanos). Además, una encuesta de febrero de 2025 indicó que el 85% cree que hay «mucha» o «regular» corrupción.
Esta aparente contradicción sugiere que la popularidad presidencial no está ligada directamente a la resolución de problemas como violencia o corrupción. La lógica apunta a la centralidad de la política social. La expansión masiva de programas de bienestar, que benefician al 82% de familias, parece ser el factor determinante. Estos beneficios directos y tangibles, ahora constitucionales, funcionan como un «escudo de bienestar» que aísla a la presidenta de otras crisis. La legitimidad del gobierno parece derivarse más de su rol redistributivo que de su capacidad para proveer bienes públicos tradicionales.
La siguiente tabla compara la aprobación presidencial en el primer informe:
| Presidente | Año del Primer Informe | Aprobación (%) | Fuente |
| Claudia Sheinbaum Pardo | 2025 | 71% – 79% | Mitofsky, El País |
| Andrés Manuel López Obrador | 2019 | ~70% | Mitofsky |
| Enrique Peña Nieto | 2013 | ~50% | Mitofsky |
| Vicente Fox Quesada | 2001 | ~60% | Mitofsky |
La reforma judicial, aunque controvertida en círculos de élite, se presenta a la población como parte del esfuerzo por desmantelar privilegios y combatir la corrupción, otorgándole apoyo popular (55% de opinión positiva). Esto crea una tensión fundamental para el sexenio: las políticas que solidifican la base política interna de Sheinbaum generan incertidumbre y riesgo para los actores económicos. La administración apuesta a que el impulso del *nearshoring* y el mercado interno compensarán los riesgos institucionales.
La siguiente tabla muestra la percepción ciudadana de áreas clave de gobierno en agosto de 2025:
| Área de Gobierno | Percepción de Mejora (%) | Percepción de Empeoramiento (%) | Ranking como Principal Problema |
| Programas Sociales | 78% | N/A | N/A (Considerado principal logro) |
| Derechos de las Mujeres | 81% | N/A | N/A |
| Economía | 38% | 30% | 3º (16%) |
| Sistema de Salud | 40% | 26% | N/A |
| Seguridad | 39% | 23% | 1º (46% – 51%) |
| Corrupción | N/A | N/A | 2º (11%) |
El contrato social: Entre el bienestar expandido y la violencia endémica
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha fundamentado su contrato social en dos pilares que, a menudo, operan en realidades paralelas. Por un lado, una expansión sin precedentes del Estado de bienestar, que ha consolidado una base de apoyo masiva. Por otro, la persistencia de crisis estructurales en seguridad pública y salud, que desafían la narrativa de transformación y representan las deudas más significativas de la administración.
El «estado de bienestar» como pilar de gobernanza
La política social es el eje central del proyecto de la 4T. La administración ha profundizado la estrategia de transferencias monetarias directas y apoyos universales. Para 2025, se asignó una inversión histórica de 835.5 mil millones de pesos a los programas para el bienestar, reflejando su prioridad absoluta.
Esta estrategia se articula en torno a la consolidación de programas heredados y nuevas iniciativas. Se ha garantizado la continuidad de programas como la Pensión para Adultos Mayores y becas para estudiantes. Se han sumado tres nuevos programas de alto impacto:
- La Pensión Mujeres Bienestar, apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años, busca reducir la vulnerabilidad y reconoce el trabajo de cuidados no remunerado.
- Salud Casa por Casa, programa para llevar servicios médicos a domicilios de adultos mayores y personas con movilidad reducida.
Este andamiaje de política social se presenta como la materialización del «Humanismo Mexicano», definido como síntesis de la lucha social y valores originarios, con el principio de «Por el bien de todas y todos, primero los pobres». El gobierno destaca la reducción de la pobreza a 38.5 millones de personas en 2024, la cifra más baja en una década, como logro principal, atribuido a programas sociales y al aumento del salario mínimo.
El dilema de la seguridad: Avances tácticos vs. déficits estratégicos
En seguridad, la administración Sheinbaum ha implementado una estrategia con cuatro ejes:
- Atención a las causas de la violencia (pobreza y falta de oportunidades).
- Fortalecimiento de la Guardia Nacional.
- Mejora de capacidades de inteligencia e investigación.
- Mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno.
El gobierno presenta como principal indicador de éxito una disminución notable en delitos de mayor impacto. Según cifras oficiales, los homicidios dolosos se redujeron un 25% y los delitos de alto impacto un 20% en el primer año. Julio de 2025 fue el mes con el menor número de homicidios en diez años.
Sin embargo, esta narrativa es objeto de escrutinio. Analistas y medios expresan escepticismo sobre la fiabilidad de las cifras. Más allá de los homicidios, la estrategia enfrenta críticas por no abordar otros aspectos. La desaparición forzada persiste como herida abierta, y algunas fuentes denuncian que se ha agravado.
La focalización en homicidios opaca una realidad más compleja. La percepción ciudadana de inseguridad se mantiene alta, lo que indica que la experiencia cotidiana no se corresponde con la mejora estadística. El problema de fondo es la consolidación del poder y control territorial por organizaciones criminales. Estos grupos diversifican actividades hacia extorsión, secuestro y control de mercados lícitos, socavando la autoridad del Estado. La estrategia actual, aunque con resultados tácticos, parece carecer de un componente estratégico para revertir esta erosión de la soberanía estatal.
La salud pública bajo escrutinio: Infraestructura vs. acceso
El sector salud ha sido un área de inversión y controversia. Con un presupuesto de 2.2 billones de pesos para 2025, la administración ha fortalecido la infraestructura sanitaria. Entre los logros están la conclusión de 31 hospitales en obra negra, el inicio de 20 nuevos hospitales y la finalización de 12 centros de salud, además del equipamiento de 256 quirófanos.
No obstante, estos avances en «hardware» se han visto opacados por el desabasto de medicamentos. A pesar de las afirmaciones del gobierno de adquirir el 96% de las claves necesarias con 284,000 millones de pesos de inversión, pacientes y personal médico reportan falta de insumos básicos y tratamientos.
La raíz del problema es multifactorial. No parece ser falta de recursos, sino fallas estructurales en la cadena de suministro. Las críticas se centran en una logística de distribución ineficiente, exacerbada por la centralización de compras y la operación de la «Megafarmacia del Bienestar», que ha enfrentado dificultades para cumplir su promesa de surtir recetas en 48 horas. También hay retrasos en pagos a proveedores, lo que genera cuellos de botella. Este fenómeno revela una debilidad en la capacidad operativa del Estado. El gobierno es capaz de ejecutar grandes asignaciones presupuestarias, pero enfrenta serias dificultades en la «última milla»: la entrega efectiva de bienes y servicios, una vulnerabilidad fundamental para una administración cuya legitimidad depende de la eficacia de sus programas sociales.
La agenda de género: Del simbolismo a la política sustantiva
La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, como la primera mujer en ocupar el cargo, ha tenido un potente impacto simbólico. La administración ha buscado traducir este simbolismo en políticas públicas con perspectiva de género.
Entre las acciones relevantes está la creación de la Secretaría de las Mujeres a nivel de gabinete, encargada de coordinar la política de igualdad. Además, se impulsaron reformas para elevar el principio de igualdad sustantiva a rango constitucional.
En política social, la Pensión Mujeres Bienestar es la iniciativa insignia, ofreciendo reconocimiento económico al trabajo de cuidados. Se han creado centros de apoyo y asesoría para mujeres en todos los municipios, y se han reformado leyes para sancionar la violencia digital y otras agresiones de género.
A pesar de estos avances institucionales y legales, el gobierno enfrenta el enorme desafío de la violencia de género, un problema endémico. Las altas tasas de feminicidios y la prevalencia de la violencia doméstica y comunitaria siguen siendo una realidad lacerante. El reto de transformar estas políticas en una reducción tangible de la violencia contra las mujeres es una de sus tareas más urgentes y complejas.
La economía mexicana: Resiliencia macroeconómica e imperativos de crecimiento
El desempeño económico de México durante el primer año de la administración Sheinbaum ha desafiado muchas predicciones, mostrando una notable resiliencia apuntalada por factores externos favorables. Sin embargo, esta estabilidad macroeconómica coexiste con un crecimiento modesto y una creciente preocupación por la sostenibilidad del modelo fiscal y el impacto de la incertidumbre política en la inversión a largo plazo.
Indicadores económicos clave: Un retrato de estabilidad
A pesar del entorno global complejo y la incertidumbre por las reformas internas, los principales indicadores macroeconómicos de México han mantenido un comportamiento sólido durante 2025.
- Producto Interno Bruto (PIB): La economía mexicana mantiene un crecimiento moderado. Las proyecciones para el cierre de 2025 sitúan el crecimiento en un rango del 1.2% al 2.0%. Estas cifras, aunque modestas, contrastan con la contracción del 0.39% en 2019.
- Inflación: La política monetaria del Banco de México y factores globales han contenido las presiones. Se proyecta que la inflación anual cierre el año en un rango del 3.5% al 3.9%, acercándose al objetivo central.
- Tipo de cambio: El peso mexicano ha mostrado una fortaleza notable («superpeso»), cotizando por debajo de los 20.00 pesos por dólar, con un registro de 19.57 en una jornada de finales de 2025. Esta fortaleza refleja la confianza de los mercados financieros internacionales.
- Empleo formal: El mercado laboral ha registrado un dinamismo histórico. Entre enero y julio de 2025, se crearon 1.2 millones de empleos formales en el IMSS, una cifra récord que elevó el total a más de 23.5 millones.
- Inversión extranjera directa (IED): Impulsada por el *nearshoring*, México ha atraído flujos de inversión sin precedentes. En el segundo trimestre de 2025, el país captó 34,265 millones de dólares en IED, un aumento del 10.2% respecto a 2024.
Esta combinación de estabilidad de precios, fortaleza monetaria, creación de empleo y atracción de inversiones configura un panorama macroeconómico resiliente. No obstante, este desempeño está fuertemente influenciado por factores externos como el *nearshoring* y el flujo de remesas, que inyectan dinamismo y amortiguan las debilidades subyacentes en la inversión pública y la productividad. La narrativa gubernamental atribuye estos resultados a su modelo económico, pero la dependencia de factores externos constituye una vulnerabilidad estratégica.
El modelo del «humanismo mexicano»: Sostenibilidad y presiones fiscales
La filosofía económica del «Humanismo Mexicano» se distancia de la ortodoxia neoliberal. Prioriza la redistribución del ingreso, el fortalecimiento del mercado interno mediante salarios y transferencias sociales, y un rol activo del Estado. El Banco Mundial ha reconocido que el aumento del salario mínimo, política central de la 4T, ha sido clave en la reducción de la pobreza.
Sin embargo, este modelo ha generado crecientes presiones sobre las finanzas públicas. La expansión del gasto social, ahora constitucionalmente garantizado, se ha financiado mediante austeridad en otros rubros, pero también con aumento del endeudamiento. México enfrenta su mayor déficit fiscal en décadas, una situación insostenible a mediano plazo sin una reforma fiscal integral. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) pasó del 43.2% del PIB en 2019 a una estimación del 50.2% en 2024.
La administración se encuentra en una encrucijada fiscal. Para mantener y expandir el Estado de bienestar, deberá tomar decisiones difíciles:
- Implementar una reforma fiscal que aumente la recaudación, una medida políticamente costosa.
- Recurrir a recortes más profundos en áreas estratégicas.
- Continuar el endeudamiento, con riesgo de comprometer la estabilidad macroeconómica.
El primer año se centró en gastar; los próximos años deberán centrarse en cómo financiar ese gasto de manera sostenible.
El clima de inversión: Navegando la incertidumbre política
El entorno para la inversión en México presenta una dualidad. Por un lado, la IED muestra un dinamismo récord, impulsado por el *nearshoring*. Por otro, la agenda de reformas institucionales del gobierno ha generado un clima de incertidumbre que preocupa al sector privado.
La inversión total en México depende abrumadoramente del capital privado (89% del total). La confianza empresarial es crítica. Las controvertidas reformas, especialmente la del Poder Judicial, son percibidas por muchos inversores como un cambio en las «reglas del juego» que debilita el Estado de derecho y la certeza jurídica.
Esta percepción de riesgo se ha deteriorado en 2025. Una encuesta a líderes empresariales reveló que el 63% considera que es un mal momento para invertir, un aumento dramático. Este dato sugiere un conflicto potencial entre objetivos políticos y necesidades económicas. Para capitalizar el *nearshoring*, México necesita un marco legal estable y predecible. Sin embargo, la prioridad política de las reformas del «Plan C» podría estar socavando esa confianza. El gobierno apuesta a que los beneficios geográficos superarán las preocupaciones institucionales, pero es una apuesta de alto riesgo.
La siguiente tabla compara los indicadores macroeconómicos clave:
| Indicador | 2019 (AMLO Año 1) | 2024 (AMLO Final) | 2025 (Sheinbaum Año 1 – Proyección) |
| Crecimiento del PIB (%) | -0.39% | 1.6% (est.) | 1.2% – 2.0% |
| Inflación Anual (%) | 2.83% | 4.3% (est.) | 3.5% – 3.9% |
| Tipo de Cambio (MXN/USD, Fin de año) | 18.86 | 19.7 (est.) | ~18.5 – 20.0 |
| IED ($US mil millones) | 34.5 | 36.0 | >34.2 (solo 2T) |
| Empleos Formales Creados (IMSS, millones) | 0.34 | 0.65 | 1.2 (Ene-Jul) |
| Deuda Pública (SHRFSP, % del PIB) | 43.6% | 50.2% (est.) | >50.2% |
México en el escenario mundial: Gestionando el factor Trump
La política exterior de la administración Sheinbaum en su primer año se ha definido casi exclusivamente por la gestión de la relación con Estados Unidos. Esta tarea ha adquirido una complejidad renovada con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La estrategia mexicana se ha centrado en un pragmatismo calculado para proteger los intereses económicos vitales del país en un entorno de alta presión.
La doctrina de la «cabeza fría»: Diplomacia Sheinbaum-Trump
Frente a un interlocutor conocido por su estilo confrontacional, la presidenta Sheinbaum ha adoptado la doctrina de la «cabeza fría». Esta estrategia se basa en evitar la confrontación directa, mantener abiertos los canales de diálogo y buscar cooperación pragmática, bajo el principio de «colaboración sin subordinación».
Este enfoque ha demostrado ser tácticamente eficaz. A pesar de las tensiones, la presidenta ha mantenido una comunicación respetuosa y funcional con su homólogo estadounidense. Este estilo de negociación, prudente y firme, ha sido reconocido y ha contribuido a moderar la retórica más agresiva de Washington, facilitando negociaciones técnicas. La relación se ha caracterizado por un reconocimiento mutuo de respeto, lo que ha gestionado una agenda bilateral inherentemente conflictiva.
El ajedrez trilateral: T-MEC, migración y seguridad
La relación bilateral se articula en tres ejes críticos y entrelazados, donde la administración mexicana ha desplegado una estrategia de concesiones asimétricas para proteger su interés primordial.
- Comercio (T-MEC): El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es el pilar de la prosperidad económica de México y la máxima prioridad de su política exterior. La principal amenaza ha sido la imposición de aranceles por la administración Trump. Aunque se ha mantenido la integridad general del tratado, persisten las tensiones, con cuotas estadounidenses del 25% para acero y aluminio, y la amenaza de aranceles al sector automotriz. Un punto de fricción es la intención de EE.UU. de imponer una tasa del 20.9% al jitomate mexicano. El foco estratégico está en la primera revisión formal del T-MEC en 2026.
- Migración: En respuesta a la presión de Washington, México ha profundizado su papel como estado de contención. La medida más visible ha sido el despliegue de 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en sus fronteras. Esta acción, aunque parte de la estrategia de seguridad nacional de México, es una clara concesión a EE.UU. y representa la internalización de la política fronteriza estadounidense en territorio mexicano.
- Seguridad: La cooperación en seguridad ha alcanzado niveles sin precedentes, impulsada por la crisis del fentanilo en Estados Unidos. La administración Sheinbaum ha respondido con medidas de alto impacto. La más notable fue la extradición de 55 narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos en 2025, incluyendo figuras como Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Treviño Morales, «El Z-40». Además, se ha mantenido la cooperación en inteligencia, incluyendo el uso de drones de vigilancia estadounidenses en México.
El análisis de estos ejes revela un patrón claro. La administración mexicana realiza concesiones tangibles en migración y seguridad (áreas prioritarias para la Casa Blanca). A cambio, busca proteger su interés estratégico vital: la estabilidad del T-MEC y el acceso preferencial al mercado estadounidense. Es un reconocimiento pragmático de la profunda asimetría de poder en la relación, donde México utiliza la cooperación en seguridad como moneda de cambio para salvaguardar su motor económico.
Más allá de Norteamérica: La postura global y regional de méxico
Dada la abrumadora importancia de la relación con Estados Unidos, la política exterior de México hacia otras regiones ha ocupado un segundo plano. La administración ha mantenido los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación como guía de su diplomacia.
En el ámbito regional, se han mantenido lazos con gobiernos progresistas de América Latina, destacando la relación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, no se han lanzado grandes iniciativas de liderazgo regional.
A nivel global, México ha participado en foros multilaterales, especialmente en acción climática, un área de interés personal de la presidenta. No obstante, la mayor parte del ancho de banda diplomático se ha consumido en la gestión diaria de la compleja agenda con Estados Unidos, dejando poco espacio para una proyección global ambiciosa.
Perspectiva estratégica
Al concluir su primer año en el poder, la presidencia de Claudia Sheinbaum se define por una serie de logros notables en la consolidación política y la expansión del bienestar social. Sin embargo, también se caracteriza por la intensificación de riesgos estructurales que marcarán el rumbo de México en los próximos cinco años. Este balance final sintetiza los hallazgos del informe y ofrece una perspectiva sobre los desafíos y trayectorias estratégicas que enfrenta la nación.
Una presidencia de contrastes: síntesis del primer año
El primer año de gobierno ha sido un ejercicio de consolidación exitosa del poder. La presidenta Sheinbaum ha utilizado su capital político y mayoría legislativa para avanzar en reformas profundas, cumpliendo el mandato de la Cuarta Transformación. Su alta aprobación popular, anclada en la expansión de los programas sociales, le ha otorgado un amplio margen de maniobra y ha aislado su figura de las crisis persistentes en seguridad y salud. La economía, por su parte, ha mostrado una resiliencia inesperada, beneficiándose de un entorno externo favorable.
Sin embargo, esta narrativa de éxito coexiste con vulnerabilidades crecientes. La principal es de naturaleza institucional. La controvertida reforma del Poder Judicial, aunque popular, ha erosionado los contrapesos al ejecutivo y generado incertidumbre jurídica que amenaza el clima de inversión. En seguridad, los avances tácticos en reducción de homicidios no han alterado la dinámica estratégica del crimen organizado ni resuelto la tragedia de las desapariciones. El sistema de salud, a pesar de la inversión, sigue aquejado por fallas operativas. En resumen, el primer año ha sido de continuidad política y consolidación del proyecto, pero también ha agudizado los riesgos institucionales y fiscales.
El camino por delante: Desafíos clave para el sexenio
El resto del mandato de la presidenta Sheinbaum estará definido por su capacidad para gestionar cuatro desafíos interconectados de gran magnitud:
- Sostenibilidad fiscal: El desafío más inmediato es encontrar un modelo de financiamiento sostenible para el expandido Estado de bienestar. Con el mayor déficit fiscal en décadas y una deuda pública creciente, la administración se enfrentará a la disyuntiva entre una reforma fiscal, recortes significativos o el riesgo de comprometer la estabilidad macroeconómica.
- Implementación de las reformas y clima de inversión: Una vez aprobada la reforma judicial, el reto será gestionar sus consecuencias. La administración deberá demostrar que el nuevo sistema puede operar con independencia y eficacia para recuperar la confianza de los inversores. El equilibrio entre el control político y un entorno favorable para los negocios será una prueba constante, especialmente para capitalizar el *nearshoring*.
- Seguridad estratégica: La estrategia de seguridad deberá evolucionar más allá de la gestión de la estadística de homicidios. El desafío fundamental es desmantelar el poder económico y social de las organizaciones criminales, recuperar el control territorial y ofrecer una respuesta efectiva a la crisis de desapariciones. Esto requerirá fortalecer las capacidades de inteligencia y las instituciones de justicia locales.
- La renegociación del T-MEC: La preparación para la revisión del tratado comercial en 2026 será la negociación económica más importante del sexenio. Exigirá una estrategia diplomática y técnica de alto nivel para defender los intereses de México frente a un gobierno estadounidense. El resultado tendrá un impacto directo en la economía mexicana durante la próxima década.
Perspectiva estratégica
México se encuentra en un punto de inflexión. La presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un mandato popular y un poder político que pocos de sus predecesores han tenido. Esta fortaleza le brinda una oportunidad única para abordar los problemas estructurales que han frenado el desarrollo del país.
La trayectoria futura de México dependerá de cómo se utilice este poder. Un escenario optimista vería a la administración aprovechar su estabilidad política para construir consensos en torno a una reforma fiscal progresiva, fortalecer las instituciones del Estado de derecho bajo el nuevo modelo y profundizar la integración económica de Norteamérica, utilizando el *nearshoring* como palanca para un desarrollo más inclusivo.
Sin embargo, también existe un escenario de riesgo, en el que la prioridad siga siendo la concentración del poder y la consolidación ideológica, a expensas de la certidumbre institucional y la prudencia fiscal. Este camino podría llevar a un deterioro del clima de inversión, un crecimiento económico anémico incapaz de financiar las crecientes demandas sociales y una erosión de los contrapesos democráticos.
La pregunta central que definirá el legado de la primera presidenta de México es si su gobierno logrará transitar de la consolidación del poder a la construcción de un Estado más capaz y eficaz. El primer año ha sentado las bases de un proyecto político hegemónico; los cinco restantes determinarán si ese proyecto puede traducirse en una prosperidad duradera y una paz genuina para el pueblo de México.
