Ciudad de México, 15 de octubre de 2025. El equilibrio democrático en México enfrenta un momento crítico. Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han levantado una alerta severa: la actuación del Órgano Interno de Control (OIC) pone en riesgo la independencia del árbitro electoral, socavando su capacidad para garantizar la autonomía del INE.
El precedente que inhibiría el voto libre
Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que la actuación del Órgano Interno de Control (OIC) atenta contra la independencia de quienes toman las decisiones, poniendo en riesgo la autonomía del instituto.
La consejera Dania Ravel fue contundente al respecto, subrayando la necesidad de garantizar la neutralidad del árbitro electoral.
> “Vivimos en un sistema democrático, con competencia electoral intensa, donde el árbitro debe ser neutral y tomar decisiones apegadas a la ley aunque resulten molestas para quienes ostentan el poder, y estas decisiones deben ser libres, autónomas y tomadas en un ambiente de seguridad jurídica y no bajo la amenaza de una persecución política. Es indispensable que cuidemos la autonomía e independencia del INE”, dijo.
El consejero Martín Faz alertó que la aprobación de un proyecto de no intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en los términos circulados a sus colegas, “estará sentando un gravísimo precedente al permitir a un órgano administrativo intervenir para inhibir el sentido del voto de las consejerías del INE, vulnerando así su autonomía e independencia”. Faz calificó esta situación como “¡muy preocupante!”.
El proceso administrativo por la revocación de mandato
El OIC continúa con el proceso administrativo en contra de seis consejeros que en 2021 votaron en favor de prorrogar el proceso de Revocación de Mandato. De no haber algún viraje, el expediente irá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La propuesta de no intervención del TEPJE
Por lo pronto, este miércoles fue retirado de la sesión el juicio general promovido por la consejera Claudia Zavala en contra de la actuación del OIC. Esta decisión ocurrió a petición de Mónica Soto, magistrada presidenta del TEPJF. El juicio posiblemente se enrole hasta la sesión de la semana próxima.
Sin embargo, el magistrado Felipe Fuentes propone la no intervención del TEPJF en este tema, con lo que se avalaría la continuidad del proceso abierto por el OIC.
La defensa de la independencia electoral
Ravel subrayó que el caso trasciende las afectaciones individuales y pone a prueba la independencia de la autoridad electoral. Recalcó que el asunto trasciende el proceso abierto en contra de seis personas pues marca una pauta para que el OIC castigue los votos que no gusten.
Mencionó que el TEPJF es la instancia que tiene la facultad de revisar las determinaciones del INE, pero no castiga el sentido del voto. La consejera enfatizó que el procedimiento administrativo fue abierto frente a decisiones colegiadas, tomadas en el pleno del consejo general, donde los consejeros ejercieron sus funciones con base en criterios técnicos y jurídicos.
Autonomía como garantía ciudadana
A través de sus redes sociales, Ravel explicó que la autonomía del INE significa que los ciudadanos pueden ir a votar “sabiendo que nada está escrito”. Detalló el contexto histórico que llevó a la exigencia ciudadana de un árbitro autónomo:
- El control gubernamental: Antes, el gobierno elaboraba la lista nominal de electores y otras actividades cruciales, a partir de lo cual decidía quienes podían ejercer ese derecho.
- Resultados previsibles: Los resultados electorales eran previsibles y ganaban los mismos de siempre, existiendo nula confianza ciudadana en la autoridad.
Por esta razón, los ciudadanos exigieron reglas claras y un árbitro electoral autónomo, cuyos integrantes voten sin tener que calcular las consecuencias políticas, añadió la consejera. “Es indispensable que esa autonomía e independencia perdure, no solo ante una eventual reforma electoral sino diariamente con los criterios que se generan por diversas autoridades”.
La advertencia de los consejeros del INE es clara: permitir que un órgano administrativo dicte sentencia sobre el sentido de un voto técnico y colegiado es un ataque frontal a la autonomía constitucional y al pacto democrático alcanzado. ¿Podrá el TEPJF contener este embate o el precedente sentará las bases para una intimidación política permanente?
