El presidente Donald Trump ha desatado una crisis institucional sin precedentes en Estados Unidos al sugerir que seis legisladores federales demócratas deben ser ejecutados. El detonante fue un video donde estos funcionarios aconsejaban a militares a desobedecer órdenes ilegales, un choque frontal que pone la retórica trump pena capital en el centro del debate político y legal de la nación.
Llamados a la desobediencia y la furia presidencial
La controversia se originó el 20 de noviembre de 2025, cuando dos senadores y cuatro diputados demócratas, todos con experiencia como veteranos militares o en otros servicios de seguridad nacional, difundieron un video en redes sociales. El mensaje estaba dirigido a militares activos y oficiales de inteligencia, recordándoles su obligación legal de desobedecer “órdenes ilegales” o aquellas que violan la Constitución.
Este llamado surgió ante la posibilidad de que algunos militares pudieran encontrarse desplegados en las calles de Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses, una preocupación que el senador Mark Kelly, exastronauta y exmiembro de la Marina, resumió al advertir: «En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país». La senadora Elissa Slotkin, que sirvió para la CIA en Irak, también participó en la exhortación a desobedecer las órdenes ilegales.
La respuesta de Donald Trump fue inmediata y contundente, difundida a través de unos 19 mensajes en su red social, Truth Social.Los señalamientos de Trump incluyeron:
- Acusaciones de traición a la patria contra los demócratas.
- Calificar el acto de «comportamiento sedicioso, penado por muerte».
- Declarar que «cada uno de estos traidores a nuestro país debería ser arrestado y enjuiciado».
- Compartir un mensaje de otro usuario que decía: «Cuélguenlos. George Washington lo haría».
La crisis institucional: ¿Distracción o amenaza constitucional?
Como ocurre con casi todos los mensajes presidenciales de esta índole, corresponsales como Jim Cason y David Brooks señalaron la dificultad de determinar si las declaraciones son un paso más hacia la interrupción del orden constitucional de Estados Unidos o, sencillamente, otro mensaje diario para provocar reacciones y distraer la atención. En esta coyuntura, la narrativa se enfoca en desviar el foco del escándalo de Jeffrey Epstein, del cual el presidente aún no ha logrado escaparse, según críticos.
Los legisladores demócratas respondieron con furia a los comentarios, declarando que el presidente acababa de sugerir la horca y estaba poniendo sus vidas en riesgo al llamarlos “traidores”.
Condena en el pleno del senado
La gravedad de la retórica escaló cuando el líder de la bancada demócrata del Senado, Chuck Schumer, declaró desde el pleno de la cámara alta que “el presidente de Estados Unidos está llamando a la ejecución de oficiales electos”. Schumer advirtió que:
> «Cuando Donald Trump usa el lenguaje de ejecución y traición, algunos de sus simpatizantes bien podrían estar escuchando. Está prendiendo un fósforo en una país empapado con gasolina política».
El senador demócrata Chris Murphy agregó que ahora las vidas de los legisladores acusados “están en peligro”, subrayando la falta de precedentes: «Esto no es normal. Hasta donde sé, esto nunca había ocurrido antes en la historia del país».
La defensa de la Casa Blanca: Toda orden es legal
En la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt enfrentó la pregunta sobre si el presidente desea ejecutar a legisladores, lo que fue calificado como «tal vez la pregunta más inesperada en la historia moderna del país». Leavitt respondió con un rotundo «no», pero defendió la postura del ejecutivo.
Leavitt argumentó que miembros activos del Congreso de Estados Unidos «conspiraron juntos para orquestar un mensaje videograbado» a militares alentándolos a desafiar las órdenes que, según ella, son legales. Afirmó que «la santidad de nuestros militares depende de la cadena de mando, y si esa cadena se rompe, puede llevar a que la gente sea muerta». Calificó el mensaje de los legisladores como «muy, muy peligroso y tal vez castigable bajo la ley».
Cuando los periodistas insistieron en que los legisladores solo sugerían desobedecer órdenes ilegales, Leavitt fue categórica: «Toda orden que el presidente da es legal».
Por su parte, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, publicó en X que los demócratas estaban haciendo «un llamamiento abierto a funcionarios de la CIA y a mandos militares a rebelarse contra su comandante en jefe», mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusó a los opositores de padecer el «síndrome de trastorno por Trump».
El marco legal y las controversias históricas
Expertos en la ley señalan que el Código Militar Uniforme incluye la obligación de rehusar obedecer una orden ilegal, aunque esto está sujeto a la determinación de un juez militar sobre la legalidad de dicha orden.
El ex fiscal federal Peter Zeidenberg afirmó a Newsweek que «las declaraciones de los legisladores son legalmente precisas; los militares no deben de seguir órdenes ilegales. No hay nada inapropiado, y mucho menos sedicioso, de tal declaración». Cabe destacar que los legisladores opositores no especificaron a qué órdenes se referían con exactitud.
El precedente de órdenes cuestionables
La polémica se intensifica al considerar que una de las diputadas demócratas participantes, Maggie Goodlander, es oficial de la Marina y esposa de Jake Sullivan, el ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden.
El contexto de las órdenes presidenciales ya ha generado controversia. Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha sido criticado por el uso de las fuerzas estadounidenses:
- Uso interno: Ordenó el envío de efectivos de la Guardia Nacional a varias ciudades del país, todas gobernadas por demócratas, en un intento por controlar supuestos disturbios generalizados. La jueza del Tribunal de Distrito, Jia Cobb, llegó a ordenar al gobierno Trump retirar la Guardia Nacional de Washington, aunque suspendió su orden por 21 días para permitir una apelación.
- Uso externo: Desplegó un operativo contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, con más de 80 muertes, que expertos consideran ilegales y equivalentes a ejecuciones extrajudiciales.
Por otra parte, en un análisis de doble estándar sobre la legalidad de las órdenes, se menciona que La Jornada entrevistó a varios oficiales militares que renunciaron a sus puestos porque consideraban que las órdenes giradas por Joe Biden estaban apoyando a Israel en el «genocidio en Gaza», y por lo tanto, eran ilegales bajo la ley internacional. Por lo menos un grupo en Washington ha propuesto que Sullivan, junto con el ex secretario de Estado Tony Blinken y el propio Biden deberían ser presentados ante la Corte Internacional por su complicidad en ese genocidio.
Consecuencias de un lenguaje extremo
En un contexto en donde el presidente estadounidense ha comentado que podría ignorar la Constitución, buscar un tercer periodo, o ha “bromeado” sobre cómo después de esta elección tal vez ya no se necesitarán más, y alguien que repetidamente ha calificado a sus opositores como “enemigos” y “traidores” de Estados Unidos, la sugerencia de ejecutar a estos legisladores está detonando campanas de alarma.
El análisis de esta escalada es crucial. ¿Estamos presenciando una ruptura definitiva de las normas democráticas y constitucionales del país, o se trata simplemente de una táctica más en el juego político de Estados Unidos, destinada a ser reemplazada por otro mensaje alarmante mañana? La línea entre la hipérbole política y la amenaza real contra la vida de los funcionarios electos se ha difuminado peligrosamente, obligando al círculo rojo a cuestionar la estabilidad del orden constitucional en el que se cimientan las democracias occidentales.
