Diciembre de 2025 marcó un punto de inflexión crítico en la economía política de México. La vocera del partido gobernante Morena, Camila Martínez, invocó el espectro del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para deslegitimar a la oposición. No obstante, esta estrategia discursiva reveló un profundo conflicto de interés Sheinbaum, pues antiguos operadores del Fobaproa dirigen hoy la 4T y los flujos de capital estatal benefician a herederos de dicho rescate.
Hegemonía narrativa y continuidad estructural: la paradoja del Fobaproa
Este informe ofrece un análisis forense de la coyuntura que confronta la memoria histórica institucionalizada con la realidad material de la gobernanza contemporánea. Se examinan los mecanismos retóricos de la administración, la trayectoria de los actores políticos que transitaron del «neoliberalismo» a la «transformación», y los beneficios para élites alineadas con el «Segundo Piso» de la 4T.
El reporte demuestra cómo la narrativa del Fobaproa funciona como un dispositivo de control político que permite la integración pragmática de las oligarquías del pasado en la estructura de poder del presente.
La arquitectura retórica del agravio histórico (diciembre 2025)
A finales de 2025, el aparato de comunicación de Morena activó la memoria del Fobaproa, enfrentando presiones multifacéticas, desde la crisis agrícola hasta tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Camila Martínez lanzó una ofensiva mediática con una tesis central:
- Tesis: «La derecha» opera para ocultar la verdad sobre el rescate bancario de 1998, temiendo que ese desfalco deslegitime su existencia política actual.
- Función del discurso: Establecer una frontera moral intransitable. Al afirmar que «la derecha no quiere que se sepa», se construye una dicotomía donde el conocimiento histórico es propiedad del movimiento transformador.
Al etiquetar cualquier crítica presente como proveniente de los «saqueadores del Fobaproa», el gobierno busca desactivar a priori la validez ética de sus opositores.
Contexto de crisis: la cortina de humo necesaria
La reactivación del Fobaproa en diciembre de 2025 fue una respuesta táctica a vulnerabilidades específicas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La administración enfrentaba:
- La crisis del maíz: Protestas masivas de productores agrícolas en el Bajío y el norte del país amenazaban la estabilidad alimentaria.
- Disputas internas: Fricciones visibles dentro de Morena generadas por una iniciativa presidencial para prohibir el nepotismo y la reelección.
- El escándalo Minsa: Filtraciones periodísticas que detallaban la relación contractual entre el gobierno y las empresas de la asesora presidencial, Altagracia Gómez Sierra.
El video de Martínez funcionó como un mecanismo de desplazamiento temporal. Al forzar al público a mirar hacia 1998, la estrategia buscaba diluir la indignación por los problemas de 2025, argumentando una escala de corrupción mayor en el pasado.
La construcción del «enemigo monolítico»
La retórica desplegada depende de la construcción de un enemigo estático y monolítico: «El PRIAN del 98». Esta construcción asume que el «neoliberalismo» es una identidad fija fuera de las fronteras de Morena. Sin embargo, esta premisa es fundamentalmente falsa. La clase política que aprobó el Fobaproa ha sido asimilada, «purificada» y reinstalada en los puestos de mando de la Cuarta Transformación.
La paradoja histórica: los «Fobaproistas» en el corazón de la transformación
La contradicción más flagrante es la presencia activa y decisiva de los artífices del Fobaproa dentro de la estructura de liderazgo de Morena. Lejos de ser anomalías, representan la continuidad de la clase política mexicana.
La anatomía del voto del 12 de diciembre de 1998
La votación que convirtió los pasivos bancarios privados en deuda pública soberana (Ley de Protección al Ahorro Bancario) fue ejecutada por individuos que hoy, en 2025, se sientan en los escaños de Morena:
| Actor Político | Filiación 1998 | Rol en 1998 | Acción/Voto | Cargo en 2025 (Morena/4T) | Estatus Narrativo Actual |
| Ignacio Mier Velazco | PRI | Diputado Federal | Aprobó y Operó | Vicecoordinador del Senado | «Transformador Histórico» 13 |
| Miguel Ángel Navarro | PRI | Diputado Federal | Aprobó | Gobernador de Nayarit | Líder Estatal de la 4T 12 |
| Javier Corral Jurado | PAN | Diputado Federal | Aprobó | Senador de la República | «Perseguido Político» 12 |
| Patricia Armendáriz | CNBV (Gobierno) | VP Supervisión | Ejecutó el Rescate | Diputada Federal | Defensora Ideológica 12 |
| Manuel Bartlett | PRI | Gobernador de Puebla | Respaldo Político | Director CFE | Baluarte del Nacionalismo 11 |
Ignacio Mier Velazco: el operador de la continuidad
En 1998, Ignacio Mier Velazco era un operador político de alto nivel dentro del PRI que garantizó la disciplina de voto para avalar el rescate diseñado por Ernesto Zedillo. En 2025, Mier ocupa una posición de liderazgo en el Senado bajo la bandera de Morena, impulsando reformas bajo la premisa de «desmantelar el régimen de corrupción».
La disonancia es absoluta: el hombre que ayudó a socializar las pérdidas de los banqueros en los 90 es el encargado de legislar la «justicia social» de los años 20. Mier personifica la realidad de que el Fobaproa es un evento constitutivo de la biografía de sus líderes actuales.
Javier Corral Jurado: la metamorfosis del panismo
Javier Corral Jurado, como diputado del PAN en 1998, formó parte del bloque de 99 legisladores panistas que dieron los votos necesarios para aprobar el Fobaproa junto al PRI.
En 2025, su transición a Morena se justificó bajo la narrativa de la persecución. Al aceptarlo, Morena no solo le otorgó fuero y protección legal frente a las acusaciones de corrupción por su gestión como gobernador de Chihuahua, sino que implícitamente validó su historial. El votante del Fobaproa se convierte en el «aliado contra la corrupción».
Patricia Armendáriz: la tecnocracia reciclada
Patricia Armendáriz ofrece el ejemplo más técnico. Como Vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) durante la crisis, su firma y supervisión fueron parte integral del proceso que Morena califica de «saqueo».
En 2025, Armendáriz se ha reinventado como una diputada de Morena con un perfil mediático agresivo, defendiendo la transformación. Su presencia desmantela el argumento de Camila Martínez. El movimiento la valora por la pátina de legitimidad empresarial y conocimiento técnico que aporta, priorizando esto sobre la coherencia histórica.
La genealogía del capital: el caso Altagracia Gómez Sierra
Si la presencia de Mier y Corral representa la continuidad política, la figura de Altagracia Gómez Sierra encarna la continuidad del capital. La asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum es heredera y administradora de una fortuna consolidada a través de los mecanismos que la retórica oficial demoniza: la privatización salinista y el rescate del Fobaproa.
El origen de la fortuna: privatización y rescate
Altagracia Gómez Sierra preside el conglomerado Promotora Empresarial de Occidente (PEO), fundado por su padre, Raymundo Gómez Flores.
- Era de las Privatizaciones (1988-1994): Bajo Carlos Salinas de Gortari, la familia adquirió activos estratégicos, incluyendo DINA (Diesel Nacional) y Minsa (Maíz Industrializado Conasupo).
- El Beneficio del Fobaproa (1995-1999): Tras el «Error de Diciembre», las empresas del grupo enfrentaron insolvencia. Raymundo Gómez Flores fue señalado en investigaciones periodísticas como uno de los mayores beneficiarios, recibiendo un «rescate personal» de aproximadamente 780 millones de pesos (valor nominal de la época), además de la absorción de pasivos gigantescos.
El capital que hoy constituye a Grupo Minsa fue «salvado» y preservado mediante la transferencia de riqueza pública a privada que constituyó el Fobaproa. Ella es, en un sentido literal y económico, una «hija del Fobaproa».
El rol en la Cuarta Transformación
En 2025, Gómez Sierra ha sido elevada a Coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, encargada de diseñar la estrategia de «Relocalización y Desarrollo Regional» (Nearshoring).
- La presidenta Sheinbaum la describe como una joven brillante que «da cátedra» sobre mercados agrícolas y ayuda al país «sin cobrar un centavo».
- Al no tener un sueldo, Gómez elude ciertas restricciones formales, manteniendo un acceso privilegiado a la toma de decisiones estratégicas.
Su presencia señala que, a pesar de la retórica incendiaria, la política económica real estará alineada con los intereses de los grandes conglomerados. La justificación oficial es la «Prosperidad Compartida», que legitima la colaboración con oligopolios si se alinean políticamente.
La realidad material: la guerra del maíz de 2025
La tensión entre la narrativa histórica y la realidad económica estalló en el sector agrícola a finales de 2025, exponiendo los mecanismos de extracción de renta de los aliados empresariales de la 4T.
La tormenta perfecta en el campo
Hacia diciembre de 2025, el campo mexicano (Sinaloa, Sonora, Jalisco, Guanajuato) colapsó por la convergencia de varios factores:
- Desplome de precios: El precio internacional del maíz cayó dramáticamente a un rango de $3,200 a $4,500 pesos por tonelada.
- Costos de producción: Los costos de insumos se mantuvieron en niveles históricos, elevando el costo de producción por encima de los $6,000 pesos por tonelada, haciendo inviable la cosecha.
- Crisis hídrica: Sequías severas redujeron los rendimientos.
La protesta contra el oligopolio
Las protestas (bloqueos y tomas de instalaciones en 22 estados) apuntaron a los grandes compradores industriales: Minsa (Altagracia Gómez) y Maseca (Gruma).
Los productores denunciaron la existencia de un «cártel» de facto, acusando a estas empresas de utilizar su poder de mercado monopsónico para:
- Forzar los precios a la baja, comprando la cosecha a precios de remate.
- Amenazar con importar maíz amarillo barato.
- Mantener el precio de la harina y la tortilla artificialmente alto.
Mientras al campesino se le pagaban aproximadamente 4 pesos por kilo de maíz, la tortilla se vendía al público entre $25 y $30 pesos por kilo. Este margen de ganancia extraordinario fluye directamente a las arcas de las empresas que Altagracia Gómez Sierra representa.
El subsidio como mecanismo de transferencia
La respuesta del gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Julio Berdegué, fue ofrecer un subsidio de «Apoyo al Bienestar» de aproximadamente $950 pesos por tonelada.
Analistas y productores identificaron este subsidio como una transferencia indirecta a la industria. El Estado, al absorber el costo de mantener la rentabilidad de las harineras, permitió que Minsa y Maseca siguieran comprando maíz barato. El erario público absorbió el costo para evitar la quiebra total del agricultor.
Anatomía del contrato: el flujo de recursos hacia Minsa
La interrogante sobre el flujo de contratos encuentra una respuesta en el análisis forense de la relación comercial entre Grupo Minsa y el gobierno federal en 2025.
El contrato Diconsa/PSG/000761/2025: un salto cuántico
En marzo de 2025, Diconsa adjudicó un contrato masivo a Minsa Comercial S.A. de C.V. que coincidió con la elevación de Altagracia Gómez al primer círculo presidencial:
- Monto adjudicado: $346,175,400.00 MXN.
- Objeto: Servicio de maquila (transformación) de entre 24,000 y 60,000 toneladas de maíz, propiedad de Diconsa, para convertirlo en harina nixtamalizada.
- Anomalía: Este monto era casi equivalente al total facturado por Minsa al gobierno durante todo el sexenio de López Obrador (aproximadamente $369 millones en 6 años).
El contrato introdujo un esquema de «maquila» (pago fijo de $3,962.96 MXN por costo de maquila) que eliminó el riesgo de inventario y volatilidad de precios para la empresa de la asesora, garantizando flujo de caja a la medida.
Análisis forense de la «cancelación»
Cuando el contrato se hizo público, el gobierno y la empresa argumentaron que había sido cancelado anticipadamente en julio de 2025, y que «no se pagó un solo peso».
Si bien la cancelación formal existe (Convenio de Terminación del 9 de julio), ocurrió meses después de la firma (12 de marzo de 2025), citando «requerimientos insuficientes» y falta de inventario de maíz en Diconsa. Es altamente probable que la cancelación respondiera a la incapacidad operativa de Diconsa o a una gestión de riesgos ante la visibilidad política de Gómez Sierra. El intento formal de transferir los 346 millones de pesos existió.
El flujo capilar: los «otros» 190 contratos
La defensa de la cancelación oculta una realidad más profunda: Minsa mantuvo activos 190 contratos menores con diversas dependencias federales en 2025, sumando un total aproximado de 183 millones de pesos.
El flujo de recursos se administra mediante:
- Inercia institucional: La burocracia estatal (hospitales, comedores, Diconsa regional) sigue contratando al proveedor dominante.
- Atomización: Al dividir los montos en cientos de contratos pequeños, el flujo se vuelve menos visible que un solo cheque gigante.
- Alineación estratégica: Funcionarios de nivel medio facilitan adjudicaciones directas, entendiendo que Minsa es una empresa «amiga» del régimen.
La hegemonía de la contradicción
A finales de 2025, la Cuarta Transformación ha perfeccionado un modelo de gobernanza que se sostiene sobre una paradoja fundamental. Ideológicamente, el régimen se nutre del conflicto constante con el pasado neoliberal, utilizando la memoria del Fobaproa como combustible para su base electoral. Operativamente, el régimen ha cooptado e integrado a las élites de ese mismo pasado —tanto políticas como económicas— para administrar el Estado y la economía.
Los contratos fluyen hacia los cercanos al poder no a través de maletines oscuros, sino mediante la institucionalización de la influencia: asesores honorarios que diseñan las reglas del mercado, contratos de maquila diseñados a medida, y subsidios agrícolas que terminan protegiendo los márgenes de los oligopolios.
La narrativa retórica de Camila Martínez es una tecnología de poder. Su función no es revelar la verdad histórica, sino administrarla selectivamente para que la indignación popular se dirija hacia los fantasmas de 1998, dejando el camino libre para que los «hijos del Fobaproa» construyan, sin estorbos, el segundo piso de la transformación en 2025.
| Detalle | Especificación | Fuente |
| Identificador | DICONSA/PSG/000761/2025 | 22 |
| Monto Adjudicado | $346,175,400.00 MXN | 25 |
| Fecha de Firma | 12 de marzo de 2025 | 25 |
| Estatus | Cancelado (Convenio de Terminación 9 de julio 2025) | 27 |
| Razón Oficial | Inventarios insuficientes en Diconsa | 25 |
| Contexto Financiero | Monto equivalente a ~3 años de contratos previos | 26 |
| Contratos Adicionales | ~190 contratos menores por $183 millones MXN en 2025 |
| Indicador | Valor | Impacto en Productores |
| Precio Internacional | ~$3,200 – $4,500 MXN/ton | Caída >40% vs años previos 5 |
| Costo de Producción | >$6,000 MXN/ton | Pérdida neta por tonelada producida |
| Precio Tortilla | $25 – $30 MXN/kg | Desconexión total del precio del grano 8 |
| Subsidio Estatal | ~$950 MXN/ton | Insuficiente para cubrir costos; subsidia a industriales 5 |
