La escalada militar de Estados Unidos en el Pacífico Oriental y el Caribe ha generado una profunda crisis de derecho internacional. Más de 80 personas han muerto en 22 ataques desde septiembre pasado, poniendo en entredicho si la lucha contra el narcotráfico justifica estas ejecuciones extrajudiciales narcotráfico.
La ofensiva letal del Comando Sur en el Pacífico Oriental
El Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque letal el 4 de diciembre de 2025, esta vez contra una presunta narcolancha en aguas internacionales del Pacífico Oriental. La acción, denominada Operación Southern Spear, resultó en la muerte de al menos cuatro individuos.
Los datos clave del ataque son:
- La inteligencia vinculada a la operación indicó que el buque transportaba narcóticos ilícitos por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental.
- El Comando Sur señaló que los cuatro hombres muertos fueron identificados como “narcoterroristas”.
- La acción se llevó a cabo bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y consistió en un “ataque cinético letal” contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada.
Este incidente se suma a una serie de operativos que, desde septiembre pasado, el ejército de Estados Unidos ha perpetrado en el Caribe y el Pacífico, dejando un saldo de al menos 87 ejecuciones extrajudiciales, según una de las fuentes. El Comando Sur había anunciado una acción similar el 16 de noviembre. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre la nacionalidad de los ocupantes ni el destino de la embarcación.
El crimen de guerra: ¿Hubo una orden de no mostrar cuartel?
El escrutinio sobre la campaña militar cobró fuerza tras revelaciones en torno al ataque inicial del 2 de septiembre en el Mar Caribe. Esta ofensiva se dio luego de que el presidente Donald Trump anunciara una guerra contra los «cárteles» venezolanos.
La controversia se centra en el Secretario de Guerra, Peter Hegseth, quien autorizó el ataque que destruyó un buque con 11 personas a bordo frente a las costas de Venezuela.
Según un testimonio retomado por el diario The Washington Post, la orden directa de Peter Hegseth fue “Matar a todos”. Los hechos ocurridos frente a las costas de Trinidad y Tobago detallan que:
- Tras un primer bombardeo, que fue transmitido en tiempo real por un dron, dos hombres lograron sobrevivir.
- Siguiendo las instrucciones de Hegseth, el comandante de Operaciones Especiales que supervisaba desde el Pentágono ordenó un segundo ataque.
- Este segundo ataque acabó con la vida de los dos sobrevivientes.
Aunque la Casa Blanca ha negado el artículo del diario y los hechos que rodearon el segundo ataque, sí ha defendido la legalidad del ataque posterior. Hegseth, por su parte, dijo que observó el primer ataque, pero no vio supervivientes y acudió a otra reunión. Horas después se enteró de que el almirante Frank Bradley había ordenado el segundo ataque, y Hegseth dijo que apoyaba la gestión de Bradley de la operación, asegurando que “le cubrimos las espaldas”. El presidente Trump mencionó que investigaría lo ocurrido, aunque precisó que él no habría querido un segundo ataque.
El colapso del derecho internacional y las críticas
Tanto organizaciones internacionales como expertos en seguridad han condenado las acciones, argumentando que violan gravemente el derecho de los conflictos armados.
Ilegalidad y definiciones de conflicto
Todd Huntley, director del programa de Derecho de Seguridad Nacional del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, afirmó que las acciones militares contra presuntos narcotraficantes desprevenidos y “fuera de la lucha” son ilegales y equivalen a un “asesinato”.
Para declarar un conflicto armado, se deben cumplir factores como:
- Un cierto nivel de organización del grupo criminal.
- Que se le permita planificar operaciones de respuesta y reabastecerse.
- Que la violencia alcance cierto nivel de intensidad.
Si estos factores no se cumplen, lo que ocurre es “básicamente una acción violenta ilegal, que es un asunto de aplicación de la ley”, según Huntley.
Violaciones específicas y crímenes de guerra
El Gobierno de Estados Unidos ha defendido sus acciones al enmarcarlas como una guerra, calificando a los cárteles como grupos armados que representan una amenaza inmediata. Sin embargo, los críticos señalan que el segundo ataque contra sobrevivientes del 2 de septiembre constituiría un crimen de guerra.
- Prohibición de atacar incapacitados: El Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa prohíbe atacar a combatientes incapacitados, inconscientes o náufragos si se abstienen de participar en las hostilidades. Disparar contra supervivientes de un naufragio es un ejemplo de orden “claramente ilegal” que debe ser rechazada.
- Crímenes de guerra: Huntley calificó la orden de Hegseth de “matar a todos” como una orden de no mostrar cuartel, lo que “sería un crimen de guerra” si se realizó a sabiendas de que los presuntos criminales ya no podían luchar.
Condena de organismos internacionales
- Human Rights Watch (HRW): La organización calificó los ataques de “ejecuciones extrajudiciales ilegales”, enfatizando que la administración Trump violó el derecho internacional de los derechos humanos. Sarah Yager, directora de la oficina de Washington de HRW, subrayó que “el problema del narcotráfico hacia Estados Unidos no constituye un conflicto armado”.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU): Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortó al Gobierno de Estados Unidos a detener sus operaciones militares, calificándolas de “inaceptables” por violar el derecho internacional. Türk agregó que ninguna de las personas a bordo de las embarcaciones parecía representar una “amenaza inminente”.
El rostro de las víctimas y las dudas sobre la culpabilidad
Desde que inició la campaña militar, al menos 80 personas han muerto, incluyendo, según denuncias de familiares, varios inocentes.
Casos documentados de víctimas
El caso del pescador colombiano Alejandro Carranza Medina, asesinado el 15 de septiembre, fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su familia, argumentando que el bombardeo fue ilegal.
Otro caso es el de Jonathan Obando Pérez, quien sobrevivió a un ataque el 16 de octubre. Aunque Armando Benedetti, Ministro del Interior de Estados Unidos, aseguró que sería procesado penalmente por presunto narcotráfico, Obando Pérez fue dado de alta del Hospital de Kennedy de Bogotá, Colombia, y actualmente sigue en libertad. Un Ministerio Público consultado por El País confirmó que no tenía antecedentes penales y que era “improbable” demostrar su culpabilidad, sugiriendo que pudo haber sido contratado para llevar la carga.
Andrés Fernando Tufiño, otro sobreviviente del 16 de octubre, fue detenido en Ecuador, pero fue liberado al no poderse comprobar su implicación en actividades criminales.
La periodista venezolana Ronna Rísquez confirmó que la información sobre las víctimas es insuficiente para determinar que eran narcotraficantes. Además, afirmó que por el Mar Caribe no se trafica fentanilo, acusando al Gobierno de la Unión Americana y al de Venezuela de mentir.
¿Quién es Pete Hegseth? Un perfil controvertido
Peter Brian Hegseth, de 44 años, ocupa uno de los puestos de mayor jerarquía en el Gobierno de Donald Trump como Secretario de Guerra de Estados Unidos. Es un veterano de la Guardia Nacional que sirvió en Irak y Afganistán, y tiene bajo su mando a más de tres millones de efectivos.
Su designación ha estado rodeada de controversias:
- Abuso y mala conducta: Documentos corroborados por The New Yorker indican que Hegseth dimitió de Vets for Freedom y Concerned Veterans for America ante graves acusaciones de mala gestión financiera, impropiedad sexual y mala conducta personal, incluyendo acoso sexual a empleadas.
- Declaraciones extremas: Un exempleado lo describió coreando borracho “¡Maten a todos los musulmanes!” en 2015.
- Postura bélica: Hegseth prometió restaurar una “cultura guerrera” en el ejército y, en sus primeras semanas en el Pentágono, retiró retratos de predecesores y restringió material de diversidad e inclusión.
- Injerencia en México: Sostuvo que “todas las opciones estarán sobre la mesa” para enfrentar a los cárteles, y a inicios de febrero no descartó una acción militar en México para impedir el cruce de drogas.
El camino a la justicia: Investigar y procesar a los líderes
Los ataques han provocado que miembros del Congreso, incluso republicanos, exijan una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en el Caribe.
Si las investigaciones del Ejército y el Departamento de Justicia determinan que hubo homicidios ilegítimos, los fiscales podrían presentar cargos por asesinato o por crímenes de guerra. La responsabilidad legal podría recaer sobre Hegseth y el almirante Bradley:
- Pete Hegseth: Como civil, sería investigado y procesado por el Departamento de Justicia y juzgado en un tribunal federal.
- Frank Bradley y militares: Podrían ser procesados en un consejo de guerra, sin poder alegar que cumplían órdenes si estas eran claramente ilegales.
Aun con las posibles condenas, el presidente Trump podría usar su potestad para indultar a cualquiera que haya sido condenado por un delito federal o de guerra. La naturaleza de los ataques en aguas internacionales, junto con la destrucción de las embarcaciones, dificulta la demostración de culpabilidad y complica la impugnación legal, ya que no está claro quién tiene legitimidad para demandar.
La justificación de Estados Unidos para estas acciones, basada en la premisa de que los narcóticos son un arma y las bandas han causado miles de muertes estadounidenses, se sostiene sobre un «conflicto armado» que, para la mayoría de los expertos en derecho internacional, simplemente no existe.
La pregunta que queda flotando sobre el Pacífico Oriental y el Caribe es crucial: si la defensa nacional estadounidense se cimienta sobre violaciones sistemáticas del derecho de guerra y se respalda con órdenes que, según el propio manual del Pentágono, son ilegales, ¿quién detendrá esta peligrosa espiral de ejecuciones extrajudiciales narcotráfico?
