El círculo rojo de la política nacional se congregó en un inusual acto de unidad. Liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la 52ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública lanzó una «cruzada» integral contra la extorsión, un delito que persiste al alza a pesar de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada.
Coordinación y resultados: la base para combatir un delito «sensible»
Durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 8ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, llevadas a cabo el 11 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que, más allá de las diferencias en otros ámbitos, la coordinación entre la Federación y los estados ha sido altamente efectiva.
Esta colaboración ha permitido una reducción del 37 por ciento en los índices de homicidios y otros delitos de alto impacto, lo que, según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, equivale a 32 homicidios dolosos menos cada día.
Sheinbaum Pardo llamó a cerrar filas contra la extorsión, calificada como uno de los ilícitos «más sensibles por su impacto social» y de los pocos que han mantenido una tendencia al alza. Por ello, el Acuerdo Nacional contra la Extorsión es un instrumento clave para impulsar una respuesta coordinada frente a este crimen.
El viraje legal e institucional para federalizar la persecución
La presidenta destacó la reciente reforma que reconoció a la extorsión como un delito federal. Previamente, la extorsión se asociaba principalmente a un delito estatal y dependía de la denuncia de un ciudadano. La modificación legal busca involucrar a la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación, haciendo que el delito se persiga de oficio y tenga una sanción mayor.
La mandataria resaltó los cuatro ejes de su política para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad:
- Atención a las causas.
- Fortalecimiento de la Guardia Nacional.
- Mayor inteligencia e investigación.
- Viraje estratégico del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Sheinbaum Pardo subrayó el cambio de enfoque del CNI. Si bien estaba diseñado para la seguridad nacional, hoy lo están orientando «de manera muy importante a la seguridad pública», coordinándose con la inteligencia naval, militar y las de los distintos estados.
El Acuerdo Nacional y los 11 puntos aprobados en la sesión
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, recordó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión se puso en marcha el 6 de julio. Desde entonces, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas al número de denuncia 089 y se ha logrado la detención de más de 600 personas en 22 estados del país.
El Acuerdo Nacional contra la Extorsión, aprobado durante la sesión, contempla:
- La armonización legislativa en las entidades.
- La creación y fortalecimiento de áreas especializadas en las fiscalías estatales.
- El robustecimiento de la operación del número único de denuncia 089.
- La elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de denuncia, investigación y persecución, garantizando criterios uniformes en todo el país.
En este marco, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, instruyó a gobernadoras y gobernadores a presentar las reformas necesarias ante sus congresos locales para homologar los marcos jurídicos del delito de extorsión. Deberán informar sobre estos avances a más tardar el último día hábil de enero de 2026.
Adicionalmente al combate a la extorsión, se aprobaron por unanimidad 11 acuerdos orientados a fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad. Entre ellos se encuentran:
- Fortalecimiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
- Actualización de los Ejes Estratégicos, Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional.
- Criterios de distribución, administración y ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2026.
- Criterios y Lineamientos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) para el ejercicio fiscal 2026.
- Criterios para la coordinación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para el ejercicio fiscal 2026.
- Aprobación de los Lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID).
- Incorporación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas al Sistema Nacional de Información.
- Actualización del Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).
- Actualización de la certificación policial.
- Actualización de los estatutos de organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
- Presentación del diagnóstico correspondiente al Artículo Séptimo Transitorio del Decreto Constitucional en Materia de Guardia Nacional.
Llamados a la unidad y protección a las víctimas
La presidenta Sheinbaum recibió el respaldo de los gobernadores de extracción morenista, panista, priísta y de Movimiento Ciudadano.
El gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, subrayó la relevancia de brindar mejores garantías y protección a las víctimas y a los denunciantes. Propuso ampliar e implementar la figura de identidad reservada, no solo en la denuncia, sino durante todo el proceso legal, incluyendo el juicio, para garantizar el debido proceso y evitar la impunidad.
La panista Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, afirmó que «la violencia y la delincuencia no distinguen colores ni partidos», destacando que la ciudadanía exige resultados que se alcanzan únicamente con «un objetivo común y un trabajo coordinado y en equipo».
El gobernador priísta de Coahuila, Manolo Jiménez, reconoció el trabajo del gobierno federal y de la FGR por la aprehensión de Esteban Rodríguez, «El Limones», uno de los extorsionadores más peligrosos en la región de La Laguna.
Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García (Movimiento Ciudadano), subrayó la importancia de la coordinación entre Federación y estados, pero criticó que en su entidad el Congreso ha obstaculizado todas sus iniciativas en la materia. Por ello, pidió que se hiciera un llamado a los congresos y partidos a no politizar las estrategias de seguridad.
La conversión de la extorsión a delito federal, junto con la reorientación del Centro Nacional de Inteligencia hacia tareas de seguridad pública, marca una modificación fundamental en el modelo de combate al crimen organizado. ¿Será suficiente este consenso político interpartidista, impulsado por una agenda de inteligencia ampliada, para doblegar una de las fuentes de financiamiento criminal más resistentes y socialmente destructivas de México?
