La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ha elevado la tensión política al advertir sobre su inquebrantable determinación de lograr el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI. En una declaración contundente, Sansores anunció que, si un expediente no prospera, ya tienen preparado el siguiente, asegurando contar con «material para el infinito» en esta batalla legal que redefine la política nacional. Este escenario coloca el proceso de desafuero Alejandro Moreno PRI en el centro del debate, evidenciando una confrontación de alto nivel.
La tenacidad política de Layda Sansores frente a un camino legal complejo
Desde su programa «Martes del Jaguar», Layda Sansores San Román ha reiterado su compromiso de no cejar en el esfuerzo por el desafuero del líder priista. La gobernadora de Campeche admitió la dificultad de que este tipo de juicios de procedencia avancen, al señalar que «no hay antecedentes de estos juicios de procedencia más que uno en toda la historia». No obstante, expresó su esperanza de que, con una «mayoría más equilibrada en la comisión instructora», el proceso actual pueda resultar «interesante».
Sansores subrayó que su estrategia mantiene a Moreno Cárdenas «nervioso», atribuyéndole a esta situación su viaje a Washington. Su insistencia subraya un enfoque político persistente, donde la administración estatal de Campeche busca, a través de múltiples frentes, llevar a juicio al líder partidista.
El entramado legal detrás del proceso de desafuero de ‘Alito’
El titular de la Consejería Jurídica, Pedro Alcudia Vásquez, ha detallado los cimientos legales de la solicitud de desafuero. Recordó que fue la Fiscalía estatal Especializada en Combate a la Corrupción la que presentó la demanda ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Este paso es crucial para levantar la inmunidad procesal de Alejandro Moreno Cárdenas.
De la investigación a la judicialización: Las fases cruciales
Según Alcudia Vásquez, existen «cinco procedimientos penales firmes contundentes» contra Moreno Cárdenas. La Fiscalía considera que las investigaciones han concluido, y el siguiente paso es la judicialización de las carpetas de investigación. El objetivo es que un juez federal o del fuero común dirima las responsabilidades penales o no penales por hechos de corrupción que se le atribuyen al dirigente del PRI.
El blindaje constitucional y los plazos legislativos
Para avanzar en este punto, es indispensable sortear el Artículo 111 Constitucional, que confiere inmunidad procesal o fuero. La solicitud de declaratoria de procedencia, presentada ante la Cámara de Diputados, se encuentra en su «periodo de admisión». Se espera que en septiembre se determine si se le da trámite. De ser así, se abrirá un plazo de 60 días naturales para que la comisión instructora dicte un resolutivo ante el pleno del Congreso, que decidirá si se retira el fuero a Moreno Cárdenas para que quede a disposición de un órgano jurisdiccional.
Las voces y el contexto de la pugna política
El escenario del desafuero no ha estado exento de reacciones diversas. Mientras la gobernadora Sansores y la Consejería Jurídica sostienen que «sí hay elementos» suficientes para el proceso, otras voces, como la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), han calificado la situación como una «persecución política» y una «venganza» por parte del gobierno de México. Esta polarización añade una capa de complejidad al caso, convirtiéndolo en un hito en la política nacional de cara a los próximos procesos electorales. La estrategia y los tiempos políticos se entrelazan con la rigurosidad jurídica, manteniendo en vilo al círculo rojo.
