La ofensiva de Grupo Salinas contra el SAT: ¿El fin del estado de derecho en México?

Grupo Salinas amenaza con demandar al SAT y acusa a la SCJN de fallar en su contra por presiones de Sheinbaum. El litigio fiscal Grupo Salinas entra a la fase final.
La ofensiva de Grupo Salinas contra el SAT: ¿El fin del estado de derecho en México?

El consorcio Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, escaló su litigio fiscal con el gobierno federal. El conglomerado no solo anunció que prepara una demanda contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sino que también acusó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de estar «doblegados al poder político» ante la inminente resolución de sus millonarios adeudos.

La nueva ofensiva de Grupo Salinas: demanda al SAT y acusación a la Corte

El Grupo Salinas, encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, informó el domingo 9 de noviembre de 2025 que evalúa interponer una demanda contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuyo jefe es Antonio Martínez Dagnino, así como contra quienes resulten responsables.

La base de esta posible acción legal es el “doloso silencio administrativo” del SAT y la violación de derechos fundamentales. En un posicionamiento difundido en su cuenta de X, la empresa señaló:

  • Negación del derecho constitucional de petición, al no haber respondido a sus solicitudes de diálogo.
  • Violación del derecho humano a una justicia pronta y expedita, debido a la dilación intencional de sus casos, la cual es responsabilidad directa de los funcionarios.

A lo largo de dos cuartillas, el consorcio urgió de nuevo al organismo a cuantificar “el monto de nuestros créditos fiscales, conforme a derecho, sin doble cobro y eliminando los exorbitantes recargos, para proceder a liquidarlos”.

Ministros “sumisos” y el colapso judicial

Grupo Salinas reiteró su crítica contra la reforma judicial y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmando que el máximo tribunal, “además de ilegítima, está integrado por un grupo de ministros doblegados a la presión política y sumisos a los intereses de sus verdaderos jefes en el Poder Ejecutivo”.

La compañía advirtió que la SCJN “pretende destruir garantías y sepultar el amparo como derecho de los particulares para defenderse de los abusos del Estado”. Asimismo, aseguró que en los próximos días los ministros darán cuenta de algunos asuntos de sus empresas y lo harán “en línea con este nuevo estilo”.

Acusaciones directas al Poder Ejecutivo

El grupo señaló directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador de encabezar una “evidente campaña sistemática” para presionar y forzar a los ministros a fallar en el sentido que interesa al Ejecutivo.

  • El consorcio sostuvo que las “más de 280 menciones en nuestra contra en sus conferencias matutinas son, entre otros elementos, una clara demostración de ello”.
  • El grupo anticipó que “este grupo de ministros –unos presionados y obligados por el Ejecutivo, y otros dogmáticos llenos de indudables prejuicios en contra nuestra– emitirán resoluciones sin lógica jurídica ni apego mínimo al derecho y respeto a la Constitución”.

Según el dicho de Grupo Salinas, los fallos usarán “guiones aprobados desde Palacio Nacional con tal de cumplir el mandato de convalidar las extorsiones fiscales del Servicio de Administración Tributaria”.

Extorsiones fiscales y la lista de la Corte

En un intento por anticiparse a lo inevitable, Grupo Salinas alegó que la Corte está avalando “las extorsiones fiscales del SAT” que, según la empresa, incluyen “cobros dobles por el mismo impuesto e impuestos por los que nunca se auditó a una de nuestras empresas”.

Como prueba de la intención de fallar en su contra, el consorcio mencionó la “inclusión extemporánea en la medianoche de este viernes pasado de nuestros asuntos en la lista oficial”, en donde, además, ya se deja claro el sentido de sus resoluciones.

El grupo sostiene que sentarían así un precedente que permitiría la imposición de créditos fiscales sin garantía de audiencia para los contribuyentes. El anuncio de la demanda contra el SAT ocurre a menos de una semana de que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz rechazara la petición de TV Azteca y Elektra —ambas del grupo del magnate— para aplazar la resolución de siete juicios fiscales. Esto fue el segundo intento, en apenas dos semanas, de frenar los juicios.

La defensa legal y las cifras del conflicto

Ante ese “flagrante atropello” de sus derechos, Grupo Salinas reiteró que no cederá “ante los cobros dobles abusivos, inconstitucionales e inmorales inventados por la autoridad con una clara intención política: la de callarnos solo por el hecho de pensar diferente a ellos”.

El conglomerado adelantó que continuará su “legítima defensa” de sus causas ante instancias múltiples y que iniciará acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que las resoluciones de la SCJN violan “derechos humanos fundamentales como el de audiencia, debido proceso y legalidad”. El grupo también sostuvo que las próximas resoluciones “no son definitivas”.

El litigio fiscal de Grupo Salinas involucra un total de 32 controversias con el SAT por un monto aproximado de 74 mil millones de pesos, correspondientes a ejercicios entre 2008 y 2013.

Los casos más próximos a resolverse en la Suprema Corte incluyen al menos ocho asuntos pendientes (cinco de Elektra y dos de TV Azteca), por créditos fiscales que suman 48 mil 393 millones 975 mil 821 pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones.

El SAT, por su parte, ha sostenido que no existe ningún acuerdo formal para la resolución de los adeudos y que el conglomerado “puede pagar en cualquier momento sin restricción”. Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el 28 de octubre pasado que el cobro del adeudo fiscal a Grupo Salinas “no es un asunto personal ni político”, sino una cuestión técnica.

Esta nueva ofensiva legal y mediática de Ricardo Salinas Pliego, que busca trasladar el conflicto fiscal a un terreno político e internacional, se produce justo cuando la máxima instancia judicial del país se dispone a cerrar uno de los capítulos más largos de evasión empresarial en México. ¿Será la Corte Interamericana de Derechos Humanos el último campo de batalla para definir los límites de la autoridad fiscal y la independencia judicial en el país?

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