La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto una nueva y cruel forma de represión: la «muerte civil». Cientos de nicaragüenses desterrados por Ortega, sin documentos ni existencia legal, claman por apoyo desde México, donde la solidaridad busca acelerar trámites de refugio ante el silencio oficial. Este fenómeno, descrito por las víctimas como «no existir en el mundo», representa la punta de lanza del autoritarismo dinástico que impera en Managua.
La apatridia como herramienta de persecución
Para quienes han sido despojados de su propia nacionalidad, contar con una nueva identidad no es solo una cuestión de pasaporte o una identificación para gestionar su vida con normalidad. Significa, literalmente, «existir en el mundo» y no ser apátrida.
En México se encuentran dos categorías de personas desterradas por el régimen Daniel Ortega-Rosario Murillo:
- Apátridas de jure: Aquellos que tienen algún documento, como el pasaporte con el que fueron expulsados de Nicaragua «para siempre», pero que, al caducar, no pueden renovar.
- Apátridas de facto: Su vida es aún más complicada, pues viven fuera de su país sin documento alguno y sin la posibilidad de volver a su tierra natal.
Si estos individuos buscan su registro civil para obtener su acta de nacimiento, o el seguro social en cualquier plataforma digital o archivo oficial de Nicaragua, el sistema devuelve una leyenda clara: “not found”. Este limbo legal y social es lo que se ha denominado una «muerte civil».
En México no es posible determinar cuántos nicaragüenses viven en esta condición. Algunos de ellos desempeñaron roles importantes durante los años revolucionarios de Nicaragua y se convirtieron en blanco de persecución del orteguismo por disentir con la deriva autoritaria que el sandinismo oficial tomó desde 2018.
La respuesta de México y los trámites burocráticos
Cuando en 2023 se produjo el destierro masivo de presos políticos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dio una instrucción contundente: «Todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos: asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran».
Entre los desterrados en 2023 se encontraban figuras relevantes como Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, el periodista Félix Madariaga, y los hijos de la expresidenta Violeta Barrios, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro.
No existen cifras ni nombres precisos del destierro nicaragüense en México, ya que muchos prefieren el anonimato. La razón es la persistencia del acoso de la policía sandinista contra los familiares y vínculos cercanos que aún conservan en su país. Más de una veintena ha solicitado formalmente asilo al gobierno mexicano, incluyendo políticos de oposición, líderes sociales, defensores de derechos humanos e informadores.
A pesar de las promesas iniciales, en el año reciente, el nivel de interlocución con la cancillería se ha reducido. Los trámites son lentos y la única respuesta recurrente que obtienen es que «toman nota» de su solicitud.
Creación del Comité Mexicano por la Democracia y las Libertades
Ante la lentitud institucional, el 3 de diciembre se anunció la formación del Comité Mexicano por la Democracia y las Libertades. Este comité dio inicio a la campaña Por una Navidad sin Presos Políticos en Nicaragua.
La iniciativa fue saludada por mensajes digitales, entre ellos el de la poeta Gioconda Belli, quien expresó que después de estos años tan duros que ha vivido esta población trashumante, “necesitamos más que nunca la solidaridad, que es la ternura de los pueblos”.
Los coordinadores del comité, los ex diputados locales mexicanos Nancy Cárdenas y Luis Arias, aseguraron que intensificarán su interlocución con las autoridades en México, buscando especialmente a:
- Jorge Velasco, encargado de despacho de la cancillería.
- Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe.
El objetivo central de las gestiones es «acelerar el otorgamiento de refugio» a los nicaragüenses que lo han solicitado.
El aparato represivo del orteguismo
El destierro y la pérdida de la ciudadanía son armas utilizadas por la dupla Ortega-Murillo para suprimir cualquier disidencia. De acuerdo con el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, el régimen ha reprimido a centenares de ciudadanos con la «privación arbitraria de nacionalidad», la prohibición de entrar a su país y la negativa a emitir pasaportes o cualquier documento oficial.
A esto se suma la instalación de un fuerte aparato de espionaje digital que vigila a los desterrados y a sus familias.
Además de la persecución política, el régimen de Managua ha confiscado los bienes y posesiones de los perseguidos, incluyendo sus pensiones y ahorros, lo que obliga a la mayoría a vivir en el extranjero sin medios de sustento.
La saña especial se ha dirigido primordialmente contra antiguos militantes, milicianos y funcionarios sandinistas que pasaron a representar la oposición de izquierda al régimen. Quienes fueron compañeros de lucha de quienes ahora detentan el poder reconocen: «Con nosotros hay una saña especial”.
Contexto de la dictadura: 27 años de poder y cifras de horror
En la Nicaragua del orteguismo-murillismo, las cifras de la represión son alarmantes. Desde 2018 a la fecha, según el grupo de expertos de la ONU, han sido asesinadas 355 personas por razones políticas y más de 5,000 han sido encarceladas.
Seis presos han muerto bajo custodia del régimen. Entre ellos, el general en retiro Hugo Torres, ex miembro de la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y Humberto Ortega, hermano del presidente, quien fue mantenido por Daniel Ortega en prisión domiciliaria hasta su deceso. En los últimos cuatro meses, otros tres presos políticos también murieron en la cárcel.
A mediados de este año se detectó un nuevo patrón represivo, un endurecimiento que incluyó:
- El asesinato de tres opositores en el exterior, entre ellos Roberto Samcam.
- El arresto de presos políticos que ya habían sido liberados.
- Asesinatos dentro de los penales.
De más de 200,000 nicaragüenses que han salido del país por persecución política, centenares han solicitado asilo o refugio, principalmente a Costa Rica, pero también a España, Estados Unidos y Guatemala.
Hasta agosto de este año, se contabilizaban 73 presos políticos en Nicaragua, 33 de ellos en calidad de desaparecidos debido a que sus familias desconocen su paradero y condiciones. Entre los desaparecidos están tres líderes indígenas misquitos: Brooklyn Rivera, Steadman Fagoth y Nancy Enríquez. Estos líderes, que en el pasado fueron parte de la contra, se habían aliado con el gobierno pero terminaron siendo desaparecidos al denunciar proyectos depredadores en sus territorios de la costa atlántica.
Antes de las elecciones de 2021, los siete precandidatos presidenciales fueron encarcelados, al igual que todos los alcaldes opositores y los dirigentes de todos los partidos políticos no afines, quienes dos años después fueron desterrados.
La permanencia en el poder
Daniel Ortega ha detentado el poder durante 27 años. Gobernó 19 años seguidos en el periodo revolucionario (1979-1990). Después de 17 años fuera, regresó a la presidencia en 2007, ya con el Frente Sandinista de Liberación Nacional dividido. Desde entonces, ha maniobrado a través de cinco procesos electorales para permanecer 18 años y contando.
Es el único comandante de la Dirección Nacional histórica que queda libre y vivo. Sus aliados Bayardo Arce y Henry Ruiz, otros históricos, fueron detenidos y permanecen en prisión domiciliaria.
A principios de año, la dictadura ordenó cambios constitucionales para asegurar que, en caso de que falte Daniel Ortega (quien ya cumplió 80 años), su esposa y actual “cogobernante”, Rosario Murillo, asuma la Presidencia sin mayor trámite.
El destierro es la máxima condena política, no solo por la pérdida de la patria, sino por la anulación de la existencia misma. La formación del Comité Mexicano por la Democracia y las Libertades marca un llamado de auxilio urgente, pero la respuesta institucional de México, limitada a «tomar nota», parece insuficiente ante la magnitud de esta crisis humanitaria. ¿Es México un refugio real o un mero testigo de la «muerte civil» impuesta por la dictadura nicaragüense?
