La ley por encima de nadie: Sheinbaum presiona a la SCJN por los juicios fiscales de Grupo Salinas

La SCJN sesionó bajo presión de Claudia Sheinbaum y la CNTE, resolviendo juicios fiscales Grupo Salinas. Confirman deuda millonaria. Análisis exclusivo.
La ley por encima de nadie: Sheinbaum presiona a la SCJN por los juicios fiscales de Grupo Salinas

La política, el dinero y la justicia convergieron el 13 de noviembre de 2025. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutía los multimillonarios juicios fiscales de Grupo Salinas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigía que la ley se aplicara sin excepción. El tenso escenario legal se desarrollaba, además, bajo la sombra de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La exigencia presidencial ante la máxima corte

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina del jueves 13 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la obligación ineludible de aplicar la ley al resolver los juicios fiscales que involucran a las empresas de Grupo Salinas.

Sheinbaum Pardo confió en que los ministros del máximo tribunal cumplirán la responsabilidad de defender la Constitución, pues, según su criterio, “se deben al pueblo y a nadie más”.

La jefa del Ejecutivo Federal destacó que su gobierno actúa “estrictamente dentro del marco legal” y lanzó una fuerte acusación contra Grupo Salinas: señaló a la corporación de ser la entidad que ha “politizado” el tema, presentándose falsamente como víctima.

La mandataria recordó el largo historial del litigio fiscal, el cual, precisó, lleva más de 15 años:

  • Ha habido una gran cantidad de amparos y procesos legales.
  • En el pasado, incluso hubo ministros de la Corte que “guardaron el caso en un cajón para que no se discutiera”.
  • “Si no se hubiera hecho público, quién sabe qué hubiera pasado, porque ahora hay una especie de victimización: ‘me están persiguiendo’. No, es un asunto legal, que se ha litigado por mucho tiempo y que ahora está en manos de la Corte”, puntualizó.

Sheinbaum insistió en que su administración no utiliza el poder público para actuar en contra de particulares o para favorecer a grupos específicos. “Nosotros no usamos el poder para beneficio de nadie. Ah, sí, para beneficio del pueblo, eso sí. Pero todo dentro del marco de la ley. Igual debe actuar la Corte, igual cualquier juez, cualquier autoridad y los ciudadanos”, dijo.

Al recalcar la autonomía del Poder Judicial, la presidenta enfatizó la responsabilidad constitucional de los ministros: “A los ministros y ministras de la Corte los eligió el pueblo y se deben al pueblo, a nadie más. No se deben a la presidenta, no se deben a un partido político, no se deben a nadie”.

Citando a Juárez, concluyó que el país debe regirse estrictamente por el principio de legalidad: “Nada ni nadie por encima de la ley. Eso es lo que es, ni más ni menos: la ley”. La presidenta indicó que esperaría la resolución de la SCJN sobre el caso.

Derrota de Grupo Salinas: confirman el crédito fiscal más cuantioso

Mientras la presidenta Sheinbaum emitía su posicionamiento, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionaba para desahogar siete de los nueve juicios fiscales que enfrentan las empresas de Grupo Salinas, que en conjunto sumaban una posible deuda de 48 mil millones de pesos.

Los resultados iniciales fueron contundentes:

  • Crédito fiscal firme: La Corte inició el desahogo de los juicios de Grupo Salinas y dejó firme el crédito fiscal más cuantioso, el cual asciende a más de 33 mil 300 millones de pesos.
  • Amparos perdidos: Específicamente, el empresario Ricardo Salinas Pliego perdió al menos dos amparos por deudas fiscales ante la SCJN.
  • Empresa involucrada: La empresa Elektra, de Grupo Salinas, es una de las principales involucradas en la obligación de pagar esta cantidad millonaria al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Previamente, Grupo Salinas había retrasado estos juicios en la Corte utilizando 102 recursos en un periodo de cinco años. La mandataria ya había negado en días anteriores que los litigios fueran una cuestión personal, afirmando que solo se trataba del cobro de impuestos.

El factor CNTE: la sesión de la SCJN en sede alterna

El contexto social y político envolvió la jornada del 13 de noviembre. Debido a las movilizaciones programadas en las inmediaciones de su edificio principal en el Zócalo capitalino, la SCJN se vio obligada a sesionar en una sede alterna.

La sesión del Pleno se realizó en la sede ubicada en Avenida Revolución 1508, Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón, debido a los bloqueos de la CNTE y el cierre de vialidades. Cabe señalar que esta fue la segunda ocasión en el año 2025 en que los ministros sesionaron fuera de su sede principal, la primera vez ocurrió el 2 de octubre por la marcha estudiantil.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) había convocado un mitin en la Plaza del Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, con el objetivo de realizar un paro nacional de 48 horas. Las principales exigencias de la Coordinadora incluyen:

  • Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
  • Aumento salarial.
  • Asignación de presupuesto.
  • Mejoras laborales y basificaciones.

Frente a las oficinas del edificio de gobierno se reportó la presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con equipo antimotín. Posteriormente, la CNTE tenía prevista una marcha hacia la Cámara de Diputados para instalar un plantón permanente fuera del recinto legislativo.

La convergencia de presiones

La jornada evidenció cómo el Poder Judicial se convirtió en el punto de convergencia de las presiones políticas y sociales. La SCJN, sesionando lejos del Zócalo para evitar el conflicto con la CNTE y con la lupa del Ejecutivo encima, resolvió uno de los conflictos fiscales más largos y cuantiosos de la historia reciente, afectando directamente al segundo empresario más rico de México. La autonomía judicial se prueba, no solo frente a los poderes fácticos, sino también ante la presión pública y el mandato presidencial que insiste en que “la ley es la ley”.

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