La aprobación de la Ley General de Aguas en diciembre de 2025 ha generado un intenso debate en el círculo rojo. En ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la nueva legislación, asegurando que su objetivo principal es poner orden en la compleja condición hídrica de México y garantizar certidumbre productiva.
La defensa de Gobernación y la ausencia presidencial
El 5 de diciembre de 2025, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Su presencia se debió a la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encontraba fuera del país para asistir al sorteo mundialista celebrado en Washington.
Desde el atril, la responsable de la política interna del país agradeció a los legisladores del Congreso de la Unión la aprobación de la Ley General de Aguas, destacando que esta nueva norma es fundamental para la gestión hídrica nacional. Rodríguez enfatizó que el objetivo de la ley es «poner orden en todo lo relativo a la condición hídrica» en el país.
Certidumbre y combate a la concentración
Rosa Icela Rodríguez detalló ante la prensa las claves de la iniciativa que, según sus palabras, había sido impulsada por la presidenta de México y el director general de Conagua.
La secretaria de Gobernación señaló que la ley contiene artículos «muy importantes» que:
- Conllevan a dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas.
- Buscan evitar el almacenamiento y la concentración de agua en «unas cuantas manos en algunas de las regiones del país».
Rodríguez también aseguró que, pese a la celeridad legislativa, se mantendrán mesas de trabajo continuas para clarificar cualquier duda y atender de manera específica a los productores agrícolas y campesinos. El propósito es «darles toda la confianza para trabajar e invertir en el campo».
El reconocimiento a los actores involucrados y las modificaciones
La titular de Gobernación extendió un reconocimiento a todos los sectores productivos involucrados en la discusión de la nueva norma. Agradeció en primera instancia a los grupos que participaron y dieron sus opiniones al respecto, incluso mencionando a aquellos «productores agrícolas que se levantaron de ahí de la mesa».
Rodríguez indicó que tanto la Cámara de Diputados como la Secretaría de Gobernación tomaron en cuenta las observaciones válidas presentadas. Entre los organismos que participaron activamente y «se sumaron» a opinar y apoyar la ley, mencionó específicamente al organismo consultivo del agua, al Consejo Nacional Agropecuario y a la Asociación Nacional de Usuarios de Riego.
Los acuerdos y la crítica ciudadana
A pesar del agradecimiento del gobierno, el proceso legislativo no estuvo exento de polémica. En las discusiones previas a la aprobación, se lograron incluir 68 cambios que fueron pactados con productores, resultando en nuevas leyes que definen el agua como un «bien social y cultural no monetizable».
Sin embargo, la celeridad con que se manejó la aprobación generó roces. El Senado de la República avaló las leyes de aguas mediante un proceso catalogado como ‘Fast track’. Esta dinámica suscitó críticas por parte de diversas organizaciones ciudadanas, quienes cuestionaron las normas aprobadas en materia hídrica en el Congreso.
El gobierno federal, por su parte, continuó promocionando su agenda social y económica. En un contexto paralelo, la Secretaría del Bienestar anunció el aumento de los apoyos a personas con discapacidad, destacando que, desde 2019, el gobierno ha destinado 141 mil 353 millones de pesos para fondear estas pensiones.
La Ley General de Aguas, que busca poner orden y certidumbre, ingresa así al marco legal nacional. No obstante, el agradecimiento oficial del gobierno al Poder Legislativo contrasta con la preocupación manifestada por las organizaciones civiles respecto al proceso de ‘fast track’ y las implicaciones a largo plazo de una legislación aprobada bajo intensa presión y en un tiempo reducido. La pregunta que queda en el aire para el círculo rojo es si este «orden» anunciado por Gobernación representa una solución sostenible o simplemente la consolidación de un poder central en la gestión de un recurso vital.
