La iniciativa de Ley de Aguas Nacionales impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido un «foco rojo» nacional. Mientras Morena promete transparencia y no afectar a agricultores, miles de productores y organizaciones civiles protestan, advirtiendo sobre un riesgo inminente de despojo patrimonial y la privatización del líquido vital.
El pulso legislativo: Morena condiciona la aprobación
El debate sobre la Ley de Aguas Nacionales, cuya iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el 8 de octubre, ha llevado a los legisladores de Morena a asegurar que no habrá una aprobación precipitada.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, enfatizó que no se avalará ninguna ley que perjudique a algún sector de la población, «principalmente, a los agricultores». Tras una reunión con Martín Solís, dirigente de productores agrícolas en Chihuahua, el morenista puntualizó que:
- Las audiencias públicas continuarán «hasta que no queden perfectamente aclaradas las dudas».
- No habrá «absolutamente ningún cambio, ni aprobación» hasta que la redacción de los artículos sea precisada.
- Próximamente, los diálogos se llevarán a cabo en entidades como Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato.
Ramírez Cuéllar destacó que los objetivos centrales de la propuesta son fortalecer la sustentabilidad y el cuidado del recurso hídrico, además de asegurar el agua tanto para el consumo humano y doméstico como para la producción de alimentos.
El diputado también mencionó la problemática de la gestión del agua en el país, señalando la existencia de aproximadamente 20 mil pozos ilegales, lo que evidencia la necesidad de «poner orden». En cuanto a la redacción, apuntó que uno de los puntos en revisión es la modificación del término “transmisión” por “resignación” en relación con los derechos y concesiones, aunque adelantó que se trabaja para que el concepto de transmisión se mantenga, evitando conflictos interpretativos. La iniciativa, subrayó, permitirá dar certeza a la ejecución de grandes obras hidráulicas y a la reparación de la red en diversos municipios del estado.
La amenaza de despojo: el conflicto en el campo
A pesar de las promesas de diálogo de Morena, productores del campo y habitantes de regiones clave del Bajío han manifestado su postura en contra de la nueva Ley de Aguas Nacionales, la cual, según sus críticos, representa un nuevo «foco rojo» para el país.
Desde Acámbaro, Guanajuato, los inconformes destacaron que entre las modificaciones propuestas se contempla que las concesiones de explotación de pozos de agua para uso agrícola ya no puedan heredarse. Señalan que esto afectaría la disponibilidad del líquido para el riego de parcelas y ejidos.
J. Amadeo Hernández, representante del movimiento No al Acueducto Solís, fue contundente al externar su postura, la cual involucra presionar a sus representantes populares:
> “Vamos a crear una comisión […] para visitar a la diputada federal de este distrito (Juana Acosta, de Morena), para hacerle ver de manera muy respetuosa que debe votar en contra, porque esta Ley de Aguas Nacionales involucra la desgracia de las familias rurales.”
El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) ha convocado a movilizaciones para defender los 30 mil pozos de agua que poseen en la entidad, así como el Sistema de Riego 011. Advierten que están «en la mira de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de su gobierno», temiendo que se busque desaparecer sus concesiones.
El llamado del MAC es a los 11 módulos de riego que integran el Distrito de Riego 011, así como a todos los usuarios de pozos agrícolas ejidales y de pequeña propiedad, a concentrarse en Irapuato. Los productores guanajuatenses han advertido que continuarán con su movimiento de oposición al Acueducto Solís–León y exigieron a los partidos políticos pronunciarse a la brevedad, pues de lo contrario, advierten que no serán recibidos para hacer campaña rumbo a la elección de 2027.
La visión de la oposición y el riesgo patrimonial
La preocupación por la nueva ley no solo proviene de los agricultores, sino también de académicos, abogados y representantes de la oposición. El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, alertó sobre las consecuencias de la propuesta.
En los foros regionales organizados por el PRI, se recogieron alrededor de 500 propuestas de modificación, mientras que los foros organizados por Morena registraron alrededor de mil. Entre las principales críticas, se coincidió en que la ley es:
- Una iniciativa “perversa” que despoja del patrimonio a los campesinos, ganaderos, mineros, productores y usuarios.
- Un riesgo para el patrimonio de las familias, al separar la tierra de la dotación de agua.
- Capaz de convertir prácticas tradicionales del campo en posibles delitos.
Moreira criticó que los foros de Morena se realicen en la Ciudad de México, sin escuchar a los verdaderos afectados, mientras que el PRI realiza encuentros en los estados para recoger testimonios y preocupaciones reales.
En las audiencias de San Lázaro, si bien se advirtió la necesidad de una nueva ley, también se enfatizó que la situación del agua en México es crítica:
- Más del 70 por ciento de los ríos y lagos presentan niveles de contaminación significativos.
- Nueve millones de personas carecen de acceso al agua potable.
- Once millones de personas no tienen servicios de alcantarillado.
- 515 municipios del país no disponen de red de drenaje.
Por ello, los diversos sectores coinciden en que se requiere una ley general que permita que todos los mexicanos cuenten con agua para una óptima calidad de vida y que se fortalezca la concurrencia de los tres órdenes de gobierno con la sociedad civil.
Organizaciones civiles exigen blindaje contra la privatización
Desde Querétaro, organizaciones civiles, reunidas por el diputado Gilberto Herrera Ruíz (Morena), solicitarán a la presidenta Sheinbaum y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la revisión de la Ley de Aguas Nacionales para evitar su privatización.
Los habitantes de la entidad buscan que la propuesta de ley incluya la dotación obligatoria del líquido con respeto a los derechos humanos y que se prohíba la privatización del servicio para el lucro empresarial.
Un grupo de queretanos, entre ellos Christian Delgado Guzmán, Mary Carmen Jiménez Loera, Manuel Zamorano, Heidy Elizabeth Rojo y Víctor Navarrete, señalaron que presentarán una propuesta de modificación al Artículo 4º Constitucional para que la Ley de Aguas Nacionales contemple el respeto a los derechos humanos como obligatoriedad para dotar de agua, y hasta sancionar a quienes intenten cortar el suministro.
Recordaron el caso de la presa “El Batán”, impulsado por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, para distribuir aguas residuales, el cual se logró detener gracias a la protesta social. Los activistas recordaron que el agua es propiedad de la nación y no debe ser concesionada a empresas particulares para que la revendan más caro.
Exigieron que la ley deje en claro que no se permita a particulares la distribución del líquido para hacer negocios y que el corte de suministro sea procesado como delito de despojo a quien resulte acusado. Asimismo, citaron la Observación 15 del Consejo de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, la cual establece que el agua deberá tratarse como un bien social y cultural, y no como un bien económico.
La polarización es evidente: la Presidencia busca dar certeza a obras hidráulicas necesarias ante la crisis, mientras amplios sectores de la población temen que, bajo el amparo de una nueva Ley de Aguas Nacionales, se abra la puerta a la especulación y al despojo patrimonial de las comunidades que han gestionado el recurso durante generaciones. ¿Será posible alcanzar un consenso que garantice la seguridad hídrica sin sacrificar los derechos de los usuarios históricos?
